Grupo La Colina

¿Sanciones, movilización o negociación?

BENIGNO ALARCON D.

POLITIKA UCAB

A escasos cinco meses de la mega-elección en la que se escogerán a las nuevas autoridades estatales y municipales, y a pesar de que se han incorporado nuevos rectores en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la gente percibe que los ajustes no son suficientes para cumplir con los requisitos de elecciones justas, con garantías. El tiempo avanza inexorablemente sin que haya hasta ahora cambios significativos en las condiciones de fondo

Un nuevo intento de negociación

En medio de la inercia en la que nuevamente se sumergió el país luego de la elección de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre de 2020, se vuelve a hablar del retorno al proceso de negociación acompañado por una delegación noruega, lo que no ha generado mayores expectativas entre la población, así como tampoco entre buena parte del liderazgo opositor, dados los muchos intentos previos en lo que no se logró materializar ningún resultado significativo.

No obstante, luego de las visitas de los facilitadores noruegos al país para celebrar varias reuniones por separado con las partes y algunos otros actores, se inicia un proceso que, de formalizarse como negociación asistida, dadas las características del tipo de régimen y las enormes asimetrías entre gobierno y oposición, promete ser complejo, lleno de obstáculos y con muy bajas probabilidades de cooperación de parte del gobierno.

Aunque las reuniones celebradas con los facilitadores noruegos se han mantenido en absoluta confidencialidad, hay quienes afirman que en esta oportunidad se intentará una estrategia progresiva, en contraste con la búsqueda de acuerdos integrales (“nada está acordado hasta que todo esté acordado”), que algunos afirman que no funcionó, aunque otros analistas, como en mi caso, tenemos dudas sobre si la causa del fracaso tiene alguna relación con el enfoque integral, que no constituye per se ningún error metodológico desde el punto de vista de la técnica de negociación, o más bien es una consecuencia de la asimetría de poder entre quienes negocian y las alternativas que uno y otro tienen fuera de la mesa de negociación.

Algunos centran sus esperanzas en que el nuevo esquema contribuya a la generación de medidas de confianza mutua y el avance en “algunas garantías”. Pero una cosa es que se restituyan algunas garantías y otra muy distinta es que se produzca una liberalización política que permita avanzar hacia un proceso de transición.

A todo evento, hay dos asuntos que no deben perderse de vista. La campaña contra las sanciones y para atraer inversiones, que ha emprendido el régimen, y el mismo Maduro personalmente como se desprende de sus muchas declaraciones y en especial de su entrevista en el canal norteamericano Bloomberg, prueban que las sanciones duelen y, aparte de las consecuencias indeseables que la transferencia de sus efectos, del gobierno a la población, han generado, cabría esperar que la comunidad internacional no renuncie a ellas, como instrumento de presión. La evidente desesperación del régimen podría provocar, como efecto paradójico, que la comunidad internacional no reconsiderase el retiro de sanciones, sino la evaluación de cuáles han resultado más efectivas, y una mayor coordinación entre la presión internacional y los esfuerzos que se desarrollen en la negociación asistida por los noruegos.

La necesidad de movilización social

En cualquier caso, si la negociación avanza o no, el reto más importante para el liderazgo opositor, tanto político como social, es crear un movimiento de presión interna, que puede generarse desde grupos que tienen o pueden alcanzar algún nivel de organización. Sin esta presión interna, son pocas las concesiones que se pueden obtener y muy bajas las probabilidades reales de avanzar hacia un proceso de transición política.

En el caso de Venezuela, la estrategia de negociación impulsada por Noruega puede ayudar, y a ello debemos apostar, pero cada vez queda más claro que internamente urge crear una red social articulada estratégicamente y con capacidad para generar la necesaria presión interna que permita elevarle el costo de represión al gobierno y ponga en jaque su capacidad para mantener el poder por la fuerza. Está más que comprobado, en cientos de estudios comparados, que la variable internacional no es el detonante de los procesos de cambio político, sino que las transiciones, al menos a partir de la tercera ola de democratización, han sido, en su gran mayoría, procesos sociales. La presión interna, o la expectativa de su inminencia, es capaz de crear los dilemas que obligan a un régimen autoritario a considerar la necesidad de un cambio político.

La pregunta entonces es si existen líderes políticos y sociales dispuestos y capaces para trabajar en la construcción de una iniciativa de esta naturaleza, para generar un movimiento social dotado de estructura, organización y planificación estratégica, tomando en cuenta que esto requiere de mucho tiempo, esfuerzo y recursos.

En conclusión…

Cuando ya se acerca el cierre del primer semestre del año, no existen expectativas ni se han recuperado las esperanzas de que ocurra un cambio político en Venezuela. Esto ha hecho que los esfuerzos del ciudadano se hayan concentrado, cada vez más, en sobrevivir a la hiperinflación, el desempleo, los bajos ingresos, al precario acceso al sistema de salud y de educación, la carencia de transporte, la escasez de gasolina y, en general, a una red de servicios públicos incapaz de satisfacer sus necesidades básicas.

Dentro de esa realidad, tampoco hay expectativas sobre los posibles resultados de un acuerdo producto de las gestiones de negociación que ha venido promoviendo Noruega. En todo caso, de concretarse estas conversaciones, los resultados que pudieran esperarse no conducirían a un acuerdo que lleve a una transición, el menos no en el corto plazo.

El cambio político implica un proceso que no será fácil ni rápido, pues ya está más que demostrado que las transiciones políticas no se dan solo por presiones internacionales. Se requiere, además de la negociación y la presión generada por las sanciones, de la presión interna, producto de la movilización de una sociedad organizada, con objetivos claros y planificación. Y eso no existe ahora en Venezuela. La pregunta entonces es si la oposición está consciente sobre cuál es el reto y si está dispuesta a dedicar tiempo y esfuerzo para lograrlo. Negociación, sanciones y movilización no son estrategias mutuamente excluyentes, sino componentes de una misma estrategia que busca aumentar los costos de mantener el poder por la fuerza (costos de represión) al mismo tiempo que se buscar reducir los costos de tolerancia, o sea, los potenciales costos de tolerar un cambio político para algunos actores del régimen y quienes contribuyen a su sostenimiento.

De cara a las elecciones regionales en Venezuela, participar podría movilizar a los cuadros políticos, pero la dificultad estaría en el hecho de no haber construido ese movimiento social que también para estos casos es fundamental. Si bien es cierto que, luego de los intentos fallidos de sacar del poder al actual régimen, la gente está desmovilizada, también hay que reconocer que el interés por votar y movilizarse puede rescatarse tomando como base el malestar ante la grave situación del país. Las protestas, aún en pandemia, no han cesado; solo que se producen de forma espontánea, espasmódica y sin organización ni articulación alguna.

Es muy probable que se concrete la invitación a observadores internacionales, lo que no está claro es si aceptarán venir a elecciones que no son nacionales cuando faltan apenas cinco meses para el proceso. El gobierno está dispuesto a conceder más garantías de cara a la elección del 21 de noviembre, pero no de manera graciosa, sino como carta de negociación de las sanciones. Pero el régimen también sabe que las garantías mientras más tarde más inocuas para cambiar el resultado electoral, porque a más garantías más aspirantes, menos abstención y mayor dispersión del voto si los votantes no tienen referentes claros -como lo fueron la Unidad y los partidos del G4 hoy intervenidos judicialmente-, para concentrar su voto en cada jurisdicción. Tener condiciones electorales es un asunto de voluntad política y tiempo, y a estas alturas pareciera haber poco de ambas.