ELSA CARDOZO
EL NACIONAL
Es abismal la distancia entre la
realidad del país y el modo como el gobierno la diagnostica y empeora,
con sus dichos y acciones, silencios y omisiones. Lo cierto es que el
desastre que se agudiza día a día ya no admite diagnósticos
gubernamentales a conveniencia para propios ni extraños.
Apenas señales de esa enorme brecha
se encuentran en una serie muy reciente de estudios en los que se
evidencia la escala de nuestro trágico aquí y ahora, uno para el que no
hay disimulo posible, entre otros: Situación de los Derechos Humanos en
Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; lo que
vamos conociendo de los resultados de las Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida de la Población Venezolana (Encovi 2017) preparado
conjuntamente por la UCV, la UCAB y la USB; el Índice de Percepción de
Corrupción 2017 de Transparencia Internacional; el análisis de colapsos
económicos publicado por José Manuel Puente y Jesús Rodrígue, Venezuela en etapa de colapso macroeconómico: un análisis histórico y comparativo y el Índice de Democracia 2017 publicado por la Unidad de Inteligencia de The Economist.
En días pasados, en un foro en
homenaje a Arístides Calvani, correspondió a quien estas líneas escribe
tratar lo que el mismo Calvani definía como la dimensión “histórica
coyuntural” de la gestión exterior. La describía como el “aquí y ahora”
mirado a través del cristal de las ideas que inspiraban las actuaciones
gubernamentales en las relaciones internacionales.
En sus años como canciller del primer
gobierno de Rafael Caldera, entre esa consideración oficial del aquí y
ahora, por un lado, y la de la sociedad sobre su lugar y momento
nacional e internacional, por el otro, podían identificarse diferencias
mayores y menores, propias del pluralismo en democracia. En efecto,
entonces no dejó de haber debate sobre el modo como fueron considerados
temas como la reclamación del Esquibo y la decisión de congelarla por
doce años a través del Protocolo de Puerto España, lo mismo que la
iniciativa de acercamiento a Cuba o las implicaciones que en un
continente plagado de dictaduras tendrían las tesis del pluralismo
ideológico y la solidaridad pluralista, en relación con lo que había
sido la doctrina Betancourt. Con todo, en ninguno de esos temas se ponía
en cuestión el orden democrático y de derecho interno ni el
cumplimiento con principios y compromisos internacionales a cuyo
perfeccionamiento apuntaban, por ejemplo, las tesis de la justicia
social internacional y el bien común universal, por polémicas que
pudiesen resultar.
Muy distinta ha sido la versión del
aquí y ahora desde la cual ha venido actuando el gobierno venezolano a
partir de 1999. Y no tanto porque, obviamente, mucho ha cambiado el
mundo, sino por verlo a través de concepciones cada vez más lejanas a lo
valorado y requerido nacionalmente. Vimos que la democracia fue
adjetivada como participativa hasta sofocarla con las nociones de la
revolución socialista, y la integración regional y la cooperación fueron
redefinidas como sistemas clientelares y de alianzas. En cuanto a la
seguridad del Estado, tan necesitada de cooperación internacional en
tiempos de acentuada interdependencia para lo bueno y lo malo, se
concentró en la seguridad del gobierno, a cualquier precio, ante los que
fueron considerados, en una lista cada vez más abultada, como sus
enemigos internos y externos.
Desde tal modo de construir su lugar y
momento, el gobierno se fue aislando del país y del mundo. Esto fue, en
parte, deliberado: para cerrarse a presiones, influencias y decisiones
protectoras de la democracia y los derechos humanos, la cooperación
internacional en seguridad, la integridad electoral y el escrutinio de
las opacidades institucionales y en los negocios. Pero todo eso también
fue contribuyendo a otro aislamiento, uno no buscado, interior y
exterior, que ha debilitado al régimen mismo. Es el que se evidencia y
crece en la brecha enorme entre la magnitud de la catástrofe que viven
los venezolanos y la indolencia del gobierno que les da la espalda,
entre la manifiesta urgencia y exigencia de cambios y la pretensión
reeleccionista acompañada por todos los impedimentos concebibles e
inconcebibles a un proceso electoral íntegro.
Es esa la situación crítica ante la
que se han multiplicado las exigencias internacionales de elecciones
limpias en la segunda quincena de febrero, como han sido las
manifestadas por el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos
y Europa (los veintiocho de la Unión Europea más diez países
extracomunitarios), para solo mencionar conjuntos de países que no se
engañan con el cambio de fecha de las presidenciales ni mucho menos con
el enunciado de garantías que no son tales.
Ahora bien, las señales prometedoras
más importantes se hacen sentir y deben seguirse haciendo sentir
nacionalmente, en la sucesión de manifestaciones de voluntad de acción
concertada, desde la sociedad y desde el liderazgo político democrático.
Esa es la unidad democrática que hay que cultivar, en la sociedad y
como exigencia a dirigentes y partidos políticos, aquí y ahora, con
prisa y sin pausa, que se hace tarde.
elsacardozo@gmail.com
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