Guyana por la libre
El Presidente pregona el nacionalismo, pero no se preocupa por la integridad del territorio
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ELÍAS PINO ITURRIETA | EL UNIVERSAL
domingo 25 de septiembre de 2011
Últimamente hemos sido testigos de dos hechos sorprendentes, que incumben al ámbito internacional: las declaraciones de la ministra del Exterior de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, y el silencio de la cancillería venezolana ante esas declaraciones. La funcionaria anuncia acciones en el territorio que reclama Venezuela desde 1964, y las autoridades del gobierno reclamante guardan escandaloso silencio, o lo han guardado hasta cuando escribo el presente artículo. Tal vez resuelva la Casa Amarilla algún balbuceo, como para no quedar en abultada evidencia, pero la reacción que intente no deja de exhibir la incuria que la ha caracterizado en el manejo de un tema que ha ocupado la atención de la ciudadanía desde la segunda mitad del siglo anterior, y en torno al cual se ha movido el sentimiento de las mayorías hasta provocar apoyos masivos a los regímenes del pasado que se ocuparon de su manejo.
¿Qué ha anunciado la ministra de Guyana? Partiendo del Laudo de París, suscrito en 1899 y superado por acuerdos posteriores, insistir en la posesión de derechos sobre la zona que hoy está en reclamación. Promover contactos con las autoridades de Trinidad y Tobago, Barbados y Suriname, sin tomarse la molestia de hablar con Venezuela, para anunciar acciones en la región del Esequibo. Por último, solicitar ante la ONU la extensión formal de su plataforma continental, que aspira a aumentar hasta 150 millas náuticas desde las 200 del límite establecido por la zona económica exclusiva que habían determinado, de común acuerdo, su gobierno y un antiguo gobierno de Venezuela. La decisión del régimen guyanés contraviene el contenido del Acuerdo de Ginebra, suscrito entre las autoridades legítimas de Guyana y Venezuela el 17 de febrero de 1966, en el cual se expresa sin cortapisas lo siguiente: "Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos territorios, excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de cualquier convenio logrado por la Comisión Mixta (que ya no existe) y aceptado por escrito por el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana".
Las acciones anunciadas por la ministra Rodrigues-Birkett tienen antecedentes. En 1977, su gobierno promulgó un Acta de Límites Marinos para extender la anchura de su mar territorial. En 1991, decretó una Zona Económica Exclusiva para ampliar su influencia en el negocio de la pesca. En 2000, inició una política de concesiones a empresas transnacionales para la explotación de petróleo. Todas y cada una de las referidas acciones fueron objeto de protesta formal por Venezuela, cuyos gobiernos se apresuraron sucesivamente a enviar notas de desacuerdo y a recordar la vigencia del Acuerdo de Ginebra, que desconocían con sus actos, en forma unilateral y ventajista, las autoridades de Guyana. Todos los movimientos del vecino fueron vigilados entonces con puntualidad, pero también denunciados sin vacilación en resguardo de los intereses de la nación. Guyana ejecutó o trató de ejecutar acciones en torno a las cuales pesaba una veda legal, pero Venezuela no dudó en evitarlas o en protestar ante los hechos, sin necesidad de desembuchar discursos de patrioterismo ni hacer algaradas de ninguna especie. Simplemente hizo lo que debía hacer frente a la conducta del vecino que violaba o pretendía violar pactos solemnemente establecidos.
Tanto el Acuerdo de Ginebra como las acciones aludidas fueron consultadas en su hora con las Fuerzas Armadas, no en balde les corresponde el resguardo de la soberanía nacional. En especial se consideró el parecer de la Marina de Guerra, cuyos especialistas asesoraron a diversos gobiernos en todas las vicisitudes. Desde el ascenso del presidente Chávez a la primera magistratura la situación ha dado un vuelco inesperado, una maroma impensable si se consideran los estentóreos discursos de defensa de la patria y de condena de las tenebrosas fuerzas del exterior que conspiran contra la nacionalidad. El Presidente debe conocer la existencia de un Decreto sobre Mar Territorial, suscrito en julio de 1968, pero no le importa que el vecino lo subestime ante la vista de todos. El Presidente pregona el nacionalismo, pero no se preocupa por la integridad del territorio. El Presidente denuncia los negocios del capitalismo en el mundo, pero no se preocupa por los tratos que hace con el vecino frente a sus narices. El Presidente habla de integración latinoamericana, pero permite la formación de un bloque de pequeñas repúblicas, como el que promueve Guyana sin ocultamiento y susceptible de perjudicar a la economía venezolana.
La mudez del gobierno venezolano ante los movimientos de Guyana es abono de preocupantes conjeturas. Permite pensar que el Presidente no sólo deja hacer por incompetencia o por ignorancia, pese a sus pregones de nacionalismo, sino que también, aunque pueda parecer aventurado, haya llegado a acuerdos sigilosos con el vecino para que disponga del territorio en reclamación. Quizá sienta que así le cobra una cuenta pendiente al viejo imperio británico, o que hace crecer su prestigio de enemigo de los colonialismos, sin considerar la opinión de las Fuerzas Armadas, que no deben estar conformes con la pasividad, ¿o complicidad?, ni calcular el perjuicio que le causa a Venezuela.
¿Qué ha anunciado la ministra de Guyana? Partiendo del Laudo de París, suscrito en 1899 y superado por acuerdos posteriores, insistir en la posesión de derechos sobre la zona que hoy está en reclamación. Promover contactos con las autoridades de Trinidad y Tobago, Barbados y Suriname, sin tomarse la molestia de hablar con Venezuela, para anunciar acciones en la región del Esequibo. Por último, solicitar ante la ONU la extensión formal de su plataforma continental, que aspira a aumentar hasta 150 millas náuticas desde las 200 del límite establecido por la zona económica exclusiva que habían determinado, de común acuerdo, su gobierno y un antiguo gobierno de Venezuela. La decisión del régimen guyanés contraviene el contenido del Acuerdo de Ginebra, suscrito entre las autoridades legítimas de Guyana y Venezuela el 17 de febrero de 1966, en el cual se expresa sin cortapisas lo siguiente: "Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos territorios, excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de cualquier convenio logrado por la Comisión Mixta (que ya no existe) y aceptado por escrito por el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana".
Las acciones anunciadas por la ministra Rodrigues-Birkett tienen antecedentes. En 1977, su gobierno promulgó un Acta de Límites Marinos para extender la anchura de su mar territorial. En 1991, decretó una Zona Económica Exclusiva para ampliar su influencia en el negocio de la pesca. En 2000, inició una política de concesiones a empresas transnacionales para la explotación de petróleo. Todas y cada una de las referidas acciones fueron objeto de protesta formal por Venezuela, cuyos gobiernos se apresuraron sucesivamente a enviar notas de desacuerdo y a recordar la vigencia del Acuerdo de Ginebra, que desconocían con sus actos, en forma unilateral y ventajista, las autoridades de Guyana. Todos los movimientos del vecino fueron vigilados entonces con puntualidad, pero también denunciados sin vacilación en resguardo de los intereses de la nación. Guyana ejecutó o trató de ejecutar acciones en torno a las cuales pesaba una veda legal, pero Venezuela no dudó en evitarlas o en protestar ante los hechos, sin necesidad de desembuchar discursos de patrioterismo ni hacer algaradas de ninguna especie. Simplemente hizo lo que debía hacer frente a la conducta del vecino que violaba o pretendía violar pactos solemnemente establecidos.
Tanto el Acuerdo de Ginebra como las acciones aludidas fueron consultadas en su hora con las Fuerzas Armadas, no en balde les corresponde el resguardo de la soberanía nacional. En especial se consideró el parecer de la Marina de Guerra, cuyos especialistas asesoraron a diversos gobiernos en todas las vicisitudes. Desde el ascenso del presidente Chávez a la primera magistratura la situación ha dado un vuelco inesperado, una maroma impensable si se consideran los estentóreos discursos de defensa de la patria y de condena de las tenebrosas fuerzas del exterior que conspiran contra la nacionalidad. El Presidente debe conocer la existencia de un Decreto sobre Mar Territorial, suscrito en julio de 1968, pero no le importa que el vecino lo subestime ante la vista de todos. El Presidente pregona el nacionalismo, pero no se preocupa por la integridad del territorio. El Presidente denuncia los negocios del capitalismo en el mundo, pero no se preocupa por los tratos que hace con el vecino frente a sus narices. El Presidente habla de integración latinoamericana, pero permite la formación de un bloque de pequeñas repúblicas, como el que promueve Guyana sin ocultamiento y susceptible de perjudicar a la economía venezolana.
La mudez del gobierno venezolano ante los movimientos de Guyana es abono de preocupantes conjeturas. Permite pensar que el Presidente no sólo deja hacer por incompetencia o por ignorancia, pese a sus pregones de nacionalismo, sino que también, aunque pueda parecer aventurado, haya llegado a acuerdos sigilosos con el vecino para que disponga del territorio en reclamación. Quizá sienta que así le cobra una cuenta pendiente al viejo imperio británico, o que hace crecer su prestigio de enemigo de los colonialismos, sin considerar la opinión de las Fuerzas Armadas, que no deben estar conformes con la pasividad, ¿o complicidad?, ni calcular el perjuicio que le causa a Venezuela.
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