domingo, 7 de mayo de 2017

                                    
06 de mayo 2017  

El Tiempo
                               
El abogado Juan Manuel Rafalli, experto constitucionalista y profesor de Derecho en tres universidades venezolanas, advierte en diálogo con EL TIEMPO que el proceso constituyente recién iniciado por el presidente Nicolás Maduro es fraudulento, pues no ha preguntado al pueblo si quiere participar y, tal como lo ha presentado hasta ahora, los constituyentes serán propuestos y elegidos de forma sectorizada. “El gobierno no quiere medirse de ninguna forma en una votación universal, directa y secreta”, señala.
¿Puede el presidente Nicolás Maduro convocar a una constituyente sin preguntar a la gente?
La naturaleza misma de una asamblea nacional constituyente (ANC) retrae la posibilidad de que una persona la pueda convocar cuando le da la gana. No hay ninguna interpretación constitucional ni fundacional de un país, ni política, que le permita al presidente de un plumazo y mediante un decreto convocar al poder constituyente.

El exvicepresidente y ministro Aristóbulo Istúriz dice que no es necesario un referéndum...

No se puede interpretar aisladamente el artículo 348 de la Constitución, que le da al Presidente la iniciativa para convocar, sin considerar el 347, que dice que es el pueblo de Venezuela el que puede convocar una ANC. Y precisamente para que ese pueblo se pueda expresar están los mecanismos de consulta popular previstos en la propia Constitución, entre ellos el referéndum consultivo.

El 348 es claro cuando habla de la iniciativa; el Presidente es quien puede impulsar el primer acto del proceso, que es decirle al Consejo Nacional Electoral que consulte al pueblo si quiere una ANC. Pero no lo hacen porque no se quieren medir ni siquiera en ese referéndum.
No se tiene que refundar el Estado, lo que se tiene es que cumplir la Constitución actual
¿Qué opina de que el gobierno diga que extiende la propuesta de constituyente como una instancia de diálogo?

Ninguna constituyente en el mundo está hecha con esa finalidad, ninguna tiene por objeto salir de un proceso que se puede resolver con una elección común. Los mecanismos de diálogo son otros, incluyendo las elecciones ordinarias.

El único objeto que puede tener una constituyente es transformar el Estado y generar un nuevo orden jurídico, y ellos están planteando siete puntos, entre ellos meter en la Constitución programas sociales que dependen de leyes y de la administración pública.

También el objetivo de “contener la violencia política”; otro es “recuperar el principio de cooperación entre poderes” y otro, “mejorar el sistema económico”…

Para eso no se tiene que refundar el Estado, lo que se tiene es que cumplir la Constitución actual.

¿La manera de resolver un problema entre los poderes públicos es inventando nuevos poderes? ¿Disolviendo los que hay? Eso es absurdo.

¿Qué impacto tiene el llamado a convocar una constituyente?

Muy negativo en este momento. Si nace como está naciendo, ilegítima, va a generar conflictividad. Incluso en el supuesto de que estuviera hecha con la intención fundacional o de transformación del Estado, se mete al país en un proceso que va a durar más de un año y que no resuelve sus más graves problemas, como el hambre.

El presidente ha dicho que se tienen que elegir 500 constituyentes; aún no conocemos las bases comiciales, pero esto pone al país en una situación de incertidumbre jurídica muy grande.

¿Por qué se dice que la constituyente que quiere convocar el presidente se parece a los ‘sóviets’ de la antigua Unión Soviética?

Porque cuando Maduro dice que los constituyentes se elegirán por sectores, se retrae del concepto de universalidad que tiene que tener una ANC.

No se puede dividir el país por sectores, como ha dicho el presidente, para darle el peso que quiera a un sector sobre otro.

Aunque todavía no se conocen las bases comiciales, dado lo mucho que ha hablado del carácter “popular” de la constituyente, lo que se espera es que las organizaciones del poder popular, el poder comunal, movimientos culturales revolucionarios, sindicatos bolivarianos, toda esa órbita que vive y medra del gobierno tenga la posibilidad mayoritaria de postular a los candidatos a la constituyente y también de elegirlos, no la sociedad completa.

¿Cuál es la forma ideal para elegir a los constituyentes?

Como se hizo en el año 98. Simplemente, la gente se postula, con el respaldo de alguna organización, y que la votación esté abierta a todo el mundo y no solo a un sector. Yo me postulé por mi cuenta y conté con el apoyo de algunas universidades, por ejemplo.

Sectorializar a la población será la estrategia del chavismo porque nunca se van a medir en una asamblea universal y plenipotenciaria.

¿La constituyente implica la suspensión de algún poder constituido como la Asamblea Nacional?

Eso pasó. En 1999 se eligió un congresillo que acabó con el Congreso efectivamente electo. Es posible que el gobierno quiera borrar de un plumazo a la Asamblea Nacional (de mayoría opositora) e, incluso, a los gobernadores, alegando que la constituyente tiene el control de todo.

En una Venezuela tan polarizada e incluso de mayoría opositora, ¿cómo evalúa la apuesta del gobierno a la constituyente?

El gobierno está muy acorralado, muy débil, y eso lo lleva a hacer locuras como la represión que estamos viendo, salirse del sistema interamericano y ahora echar mano del orden constitucional para mantenerse en el poder.

Ahora, no se equivoquen, ellos no van a correr ningún riesgo; el chavismo va a avanzar en esto si el Consejo Nacional Electoral (CNE) valida unas bases comiciales que le aseguren la mayoría.

Sobre eso, el oficialismo tiene un control muy fuerte, si no total, de las instituciones. ¿Puede por la vía de ese control empujar el proceso?

No se puede impulsar un proyecto de esta naturaleza con la mayoría del país en contra, porque lo que va a resultar es más conflictividad. La inmensa mayoría del país no se va a sentir representada en ese proceso. Por más que sea con sus fallas, el proceso del 1999 era aceptado por el país; este no es el caso.

¿Cómo puede interpretarse que el CNE no haya llamado a las elecciones regionales pendientes, pero se haya comprometido a comenzar el proceso constituyente?

Lo que estamos viendo es la ratificación de que el árbitro electoral es inconstitucional porque no es imparcial. Es un árbitro que funge más como un ministerio de asuntos electorales.

¿Quién tiene la última palabra para frenar la constituyente?

Cada ciudadano en la calle. Mostrando, como lo está haciendo, su desagrado. Por eso creo que esto va a generar más violencia. El país seguirá paralizado porque este proceso va a agudizar los problemas de la gente, en vez de resolverlos.

VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas

No hay comentarios:

Publicar un comentario