lunes, 2 de abril de 2018

VENEZUELA: CRECIENTES EXCEPCIONES A LA CONSTITUCIONALIDAD

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                          JESÚS M. CASAL H.

En el Derecho como en la vida, cuando se cruza una cierta raya con la lógica de la excepcionalidad se puede llegar a un punto de no retorno. Es lo que ha pasado a raíz del desmantelamiento del Estado de Derecho y de la Democracia que estamos padeciendo. Uno de los trazados sobrepasados de ese umbral hacia el autoritarismo fue la declaratoria del estado de excepción y emergencia económica al que está sometido el país desde enero de 2016. Ya llevamos más de dos años bajo estado de emergencia económica y recientemente se prorrogó por 60 días más el decreto dictado en enero de 2018. Lo más grave de esta utilización indebida y de la prolongación inconstitucional del estado de excepción es que para imponerlo mediante decisión ejecutiva la Sala Constitucional sostuvo, contrariando la Constitución y toda la doctrina jurídico-pública, que la Asamblea Nacional no tenía facultad para dejar sin efecto el decreto presidencial sino solo para desaprobarlo con carácter declarativo, como una suerte de control político inocuo. Igual postura ha avalado en relación con la prórroga del decreto, reservada sin embargo constitucionalmente a la Asamblea Nacional y que, por cierto, solo se admite por una vez.
Lecciones no aprendidas de la Historia
En la historia universal y latinoamericana los estados de excepción con frecuencia han sido usados no para proteger o restablecer un orden político y comunitario atacado y puesto gravemente en riesgo por acciones o circunstancias de distinta naturaleza, sino para acelerar la implantación de un sistema político diferente. Pasó en la República romana, en el tránsito al Imperio; en el medioevo monárquico europeo, en la ruta hacia el absolutismo; y en el Cono Sur americano, en procesos de erosión de la democracia y luego para el afianzamiento de regímenes dictatoriales. Lo que está ocurriendo en Venezuela se inscribe en coordenadas similares.
La excepción como sistema
Lo llamativo en el caso nuestro es que hay una multiplicidad de artificios institucionales que han multiplicado las excepciones a la constitucionalidad y todas conviven entre sí y sale a relucir una u otra según la ocasión y conveniencia. En paralelo a la declaratoria del estado de excepción de enero de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia urdió la aberrante construcción teórica del mal llamado desacato de la Asamblea Nacional, destinado a invalidar anticipadamente todos sus actos y a ella misma como órgano constitucional. Se trataba supuestamente de algo temporal y excepcional. Ha permitido al Ejecutivo gobernar sin parlamento y sin leyes, suprimir los controles parlamentarios y dejar intacto al Consejo Nacional Electoral, pese a que correspondía a la Asamblea Nacional renovarlo parcialmente.
Algo semejante sucedió luego con la espuria asamblea constituyente. Sería una medida extraordinaria para lograr la paz. Frente a los evidentes peligros para la institucionalidad derivados de su instalación, tal como estaba siendo convocada, algunos se conformaron al saber que el Presidente de la República incluiría en las bases comiciales que la nueva Constitución se sometería a referendo, lo cual significa poco al no haber sido aprobadas esas bases en referendo, pero, sobre todo, al no haber determinado el pueblo un plazo para su funcionamiento. No sabemos qué quedaría de la nación después de los dos años que dicha asamblea estableció para sus deliberaciones y decisiones.
En fin, excepciones tras excepciones, que en nada han contribuido a resolver los problemas del país, pues la economía está destruida, la institucionalidad democrática derribada; y la paz ha sido devaluada a una consigna engañosa empleada para presentar como positivo la pérdida de la esperanza de los jóvenes en el futuro de su país y la emigración, así como las detenciones arbitrarias, que vacían las calles, junto a la delincuencia desbordada y el toque de queda que de hecho se ha impuesto. Lo único que queda en pie es un poder gubernamental cada vez más concentrado y al mismo tiempo incapaz de superar la crisis humanitaria.
¿Rectificación?
¿Quedará un ápice de sensatez para entender que seguir por ese sendero de la unilateralidad, la negación del pluralismo, el congelamiento de organismos que deberían ser renovados conforme a la Constitución con participación de todos y el desconocimiento de los derechos nos hundirá cada vez más? ¿Habrá el mínimo de conciencia democrática y amor patrio requeridos para saber que el simulacro electoral presidencial de mayo solo agravará los problemas apuntados? Pareciera que no, pero es un deber ciudadano exigir un cambio de rumbo cuando son tan grandes los males que lleva aparejada la obstinación autoritaria.
jesusmariacasal@gmail.com

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