JESÚS M. CASAL H.
En
el Derecho como en la vida, cuando se cruza una cierta raya con la
lógica de la excepcionalidad se puede llegar a un punto de no retorno.
Es lo que ha pasado a raíz del desmantelamiento del Estado de Derecho y
de la Democracia que estamos padeciendo. Uno de los trazados
sobrepasados de ese umbral hacia el autoritarismo fue la declaratoria
del estado de excepción y emergencia económica al que está sometido el
país desde enero de 2016. Ya llevamos más de dos años bajo estado de
emergencia económica y recientemente se prorrogó por 60 días más el
decreto dictado en enero de 2018. Lo más grave de esta utilización
indebida y de la prolongación inconstitucional del estado de excepción
es que para imponerlo mediante decisión ejecutiva la Sala Constitucional
sostuvo, contrariando la Constitución y toda la doctrina
jurídico-pública, que la Asamblea Nacional no tenía facultad para dejar
sin efecto el decreto presidencial sino solo para desaprobarlo con
carácter declarativo, como una suerte de control político inocuo. Igual
postura ha avalado en relación con la prórroga del decreto, reservada
sin embargo constitucionalmente a la Asamblea Nacional y que, por
cierto, solo se admite por una vez.
Lecciones no aprendidas de la Historia
En
la historia universal y latinoamericana los estados de excepción con
frecuencia han sido usados no para proteger o restablecer un orden
político y comunitario atacado y puesto gravemente en riesgo por
acciones o circunstancias de distinta naturaleza, sino para acelerar la
implantación de un sistema político diferente. Pasó en la República
romana, en el tránsito al Imperio; en el medioevo monárquico europeo, en
la ruta hacia el absolutismo; y en el Cono Sur americano, en procesos
de erosión de la democracia y luego para el afianzamiento de regímenes
dictatoriales. Lo que está ocurriendo en Venezuela se inscribe en
coordenadas similares.
La excepción como sistema
Lo
llamativo en el caso nuestro es que hay una multiplicidad de artificios
institucionales que han multiplicado las excepciones a la
constitucionalidad y todas conviven entre sí y sale a relucir una u otra
según la ocasión y conveniencia. En paralelo a la declaratoria del
estado de excepción de enero de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia
urdió la aberrante construcción teórica del mal llamado desacato de la
Asamblea Nacional, destinado a invalidar anticipadamente todos sus actos
y a ella misma como órgano constitucional. Se trataba supuestamente de
algo temporal y excepcional. Ha permitido al Ejecutivo gobernar sin
parlamento y sin leyes, suprimir los controles parlamentarios y dejar
intacto al Consejo Nacional Electoral, pese a que correspondía a la
Asamblea Nacional renovarlo parcialmente.
Algo
semejante sucedió luego con la espuria asamblea constituyente. Sería
una medida extraordinaria para lograr la paz. Frente a los evidentes
peligros para la institucionalidad derivados de su instalación, tal como
estaba siendo convocada, algunos se conformaron al saber que el
Presidente de la República incluiría en las bases comiciales que la
nueva Constitución se sometería a referendo, lo cual significa poco al
no haber sido aprobadas esas bases en referendo, pero, sobre todo, al no
haber determinado el pueblo un plazo para su funcionamiento. No sabemos
qué quedaría de la nación después de los dos años que dicha asamblea
estableció para sus deliberaciones y decisiones.
En
fin, excepciones tras excepciones, que en nada han contribuido a
resolver los problemas del país, pues la economía está destruida, la
institucionalidad democrática derribada; y la paz ha sido devaluada a
una consigna engañosa empleada para presentar como positivo la pérdida
de la esperanza de los jóvenes en el futuro de su país y la emigración,
así como las detenciones arbitrarias, que vacían las calles, junto a la
delincuencia desbordada y el toque de queda que de hecho se ha impuesto.
Lo único que queda en pie es un poder gubernamental cada vez más
concentrado y al mismo tiempo incapaz de superar la crisis humanitaria.
¿Rectificación?
¿Quedará
un ápice de sensatez para entender que seguir por ese sendero de la
unilateralidad, la negación del pluralismo, el congelamiento de
organismos que deberían ser renovados conforme a la Constitución con
participación de todos y el desconocimiento de los derechos nos hundirá
cada vez más? ¿Habrá el mínimo de conciencia democrática y amor patrio
requeridos para saber que el simulacro electoral presidencial de mayo
solo agravará los problemas apuntados? Pareciera que no, pero es un
deber ciudadano exigir un cambio de rumbo cuando son tan grandes los
males que lleva aparejada la obstinación autoritaria.
jesusmariacasal@gmail.com
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