RAMON ESCOVAR LEÓN
Las imágenes que recogen los hechos de los días 22 y 23 de febrero, cuando el régimen desplegó su violencia para evitar que una comunidad de indígenas pemones recibiera ayuda humanitaria, nos pusieron ante lo que es el “Mal”. Los pemones fueron perseguidos a hierro y fuego en la Gran Sabana del estado Bolívar y estos hechos dejaron heridos y fallecidos.
A esto se debe añadir lo que ocurrió el 23-F en la frontera con Colombia: una fuerte represión que dejó heridos y ayuda humanitaria incendiada. Fueron hechos de horror que quedan registrados en la memoria histórica colectiva. Para que no haya margen a duda, se nos dice sin ambages: “Ayer solo vieron un pedacito de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por defender los derechos legítimos de Venezuela” ¿Cómo interpretar esta frase pronunciada por la propia vicepresidente?
Este contexto evoca las lapidarias palabras de la gran pensadora Hannah Arendt: “Sin el totalitarismo podíamos no haber conocido nunca la naturaleza verdaderamente radical del mal” (Los orígenes del totalitarismo). Venezuela ha vivido la Guerra de Independencia, la Guerra Federal, los autoritarismos de los siglos XIX y XX, en los cuales se vio represión, cárcel, tortura, restricción a las libertades, pero no se llegó a este nivel de crueldad que ahora se vive. Incluso en el siglo XIX se llevó a cabo una política de misiones que, más allá de sus resultados, buscaba la protección y el respeto del idioma, la religión, la cultura y las propiedades de los indígenas.
La revolución bolivariana hizo alarde de ser protectora de las comunidades indígenas. Uno de los actos simbólicos ocurrió cuando se derrumbó la estatua de Cristóbal Colón para elevar la de Guaicaipuro. Ahora queda demostrado que se trataba de un discurso populista, que nada de aquello fue sincero.
La Constitución de 1999, impulsada por Hugo Chávez, consagró en su artículo 119 el reconocimiento de los pueblos indígenas, para lo cual es fundamental respetar “su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida”. De manera que no pueden llegar ni las fuerzas policiales o militares, ni mucho menos los colectivos a imponerles patrones de conductas políticas o ideológicas a los pemones.
Se ha convertido en un hecho notorio, por la divulgación pública de videos, declaraciones y reportajes periodísticos, que durante los días 22 y 23 de febrero una comunidad de pemones en el estado Bolívar se organizó para recibir la ayuda humanitaria que venía de Brasil; esto no fue aceptado por quienes, doblegados por dogmas ideológicos y consignas políticas, reprimieron a los indígenas. No solo no recibieron las medicinas y alimentos que necesitaban, sino que algunos de ellos fueron heridos de bala, lo que produjo varios fallecidos.
A la protección constitucional de los indígenas no escapa la explotación de las riquezas que se encuentran en sus “hábitats” (artículo 120). Esta explotación debe hacerse “sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeta a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”. De manera que si el Estado desea explotar las riquezas que existen en esos territorios, debe hacerse previa consulta. Esta norma está en armonía con el artículo 30, numerales 1 y 2, de la “Declaración de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas”, que exige el consentimiento de los indígenas para desarrollar actividades militares en sus territorios; “o que lo justifique una razón de interés público pertinente”, pero siempre debe ser una acción consultada. No es lo que ha ocurrido en el caso que nos ocupa.
Esta protección regulada en la “Declaración de los pueblos indígenas” se hace bajo el manto de la preocupación de las “injusticias históricas” que son consecuencia “de la colonización y de haber sido desposeídos los indígenas de sus tierras, territorios y recursos”, como reza uno de los considerandos. A la ristra de injusticias hay que añadir esta inédita persecución contra la comunidad indígena en la Gran Sabana.
La tragedia vivida por los pemones durante los días 22 y 23 de febrero queda sellada de manera indeleble en la memoria histórica como una prueba más de la intolerancia y la crueldad del modelo socialista de inspiración castrista. Si a eso se suman las imágenes de horror difundidas sobre lo vivido en la frontera con Colombia, nos permite parafrasear a Hannah Arendt, y decir en voz alta y clara: con la revolución bolivariana los venezolanos hemos podido conocer “la naturaleza verdaderamente radical del mal”.
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