Grupo La Colina

¿Qué negociar?

ISMAEL PÉREZ VIGIL

La Asamblea Nacional aprobó en febrero de este año un “Estatuto que Rige la Transición para la Democracia”, en el cual se establecen los tres pasos (cese a la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres) de la famosa “ruta” popularizada por el presidente Juan Guaidó. Algunos aseguran que dicha “ruta”, convertida en mantra, fue un verdadero éxito —y sin duda lo fue— para movilizar a la oposición del país, adormecida por el desánimo y los fracasos políticos en 2017 y 2018. La “ruta” de Guaidó insufló nuevamente de esperanza el decaído ánimo de la gente, pero hoy en día, probablemente debido a los “fracaso” de 23F y 30A, es criticada y algunos ya ven esos tres puntos, más como un karma, que como un proyecto o una “ruta”.

Tan temprano como en enero de este año, en varios artículos, fijé mi posición con respecto a lo que se venía discutiendo sobre la posibilidad de que Juan Guaidó, basado en ese Estatuto y en las interpretaciones del artículo 233 de la Constitución, se juramentara como presidente. Lo consideraba un error, pero se hizo, lo respete y lo apoye.

En mi descargo diré que consideraba en ese momento que no estábamos frente a una mera discusión jurídica, sino frente a una complicada decisión y discusión política. Hoy pienso igual, pues creo que hay que discutir y replantearse la “Ruta Guaidó”, aunque debo decir que para algunos/as la discusión no es de estrategia política –¿Cuál es la estrategia más adecuada en este momento? –, sino una mera táctica para desprestigiar el actual liderazgo opositor y asumir ellos/as ese papel.

Paradójicamente, a pesar del cuestionamiento que acepto que se debe hacer, creo que, a pesar de todo, la “ruta” es lógica y correcta, describe adecuadamente los “pasos” a seguir, por más que algunos discutan el orden de los mismos y otros hablen de la necesidad de abandonarlos. Creo que el problema es el contenido que se le quiere dar a cada uno de ello. Veamos.

El cese a la usurpación no es, para algunos, lo que dice el Estatuto de Transición (Artículo 7.1: “La liberación del régimen dictatorial, que ocurrirá con el cese de los poderes de facto que ejerce Nicolás Maduro Moros”, copia textual); para algunos “cese a la usurpación” significa que deben abandonar el cargo el presidente usurpador y hasta el último vigilante o bedel del más pequeño de los ministerios u oficina pública. Ya sabemos lo dado que son algunos/as a reinterpretar las cosas; lo vivimos con el “mandato” del 16J de 2017, que lo que aprobamos en esa consulta popular con la 3ra pregunta (“la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución”…en “elecciones libres y transparentes” y que se conforme “un Gobierno de Unidad Nacional para restituir el orden constitucional”.. ) lo interpretaron como que debería ser “ya”, en ese mismo instante, no como una estrategia que había que construir, sino como una acción a cumplir de inmediato, y no hacerlo de esa manera era “traicionar al pueblo” y traicionar el “mandato” del 16J.

En mi opinión el problema es la discusión jurídica de quién debe remplazar al presidente usurpador.

Algunos, interpretando el artículo 233, aseguran que debe ser el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, quien asuma la presidencia; otros señalan que debido a la “continuidad administrativa” debe ser algún vicepresidente designado por el presidente usurpador, cuyo mandato anterior tenía supuestamente una legitimidad de origen (que algunos también dudan). Y hay más posiciones. Pero si bien esa discusión jurídica no deja de ser llamativa e interesante, insisto en que esto no es un problema jurídico, es un problema político que se debe resolver con un “acuerdo” en la mesa de negociación, donde quiera que se vaya a realizar (Noruega, Suecia, Barbados, donde sea) y quien debe asumir la presidencia de la República, a la salida del presidente usurpador, es alguien que debe tener algún mínimo consenso, para que pueda continuar el gobierno durante el proceso de transición que nos lleve a unas elecciones libres.

El gobierno de transición, segundo punto de la discusión: ¿Cómo interpretamos lo del gobierno de transición? Más concretamente, ¿cómo se constituye ese gobierno? ¿Qué va a hacer durante el periodo de transición? y ¿Cuánto va a durar el mismo?; quizás cuánto va a durar es más fácil de responder: hasta que se realice un proceso de elecciones libres; lo complicado y complejo es cómo constituirlo, cómo integrarlo y sus funciones. En lo personal yo creo que el régimen debe asumir solo, hasta el final, su responsabilidad en la desastrosa gestión de estos 20 años. No veo porque la oposición debe formar parte de un gobierno de “coalición”, de ningún tipo, y hacerse “coparticipe” de esta crisis humanitaria, de esta desgracia en la que nos ha sumido la desastrosa gestión de esta dictadura. Como dice el refrán castellano, ¿Por qué la oposición le va a sacar las castañas del fuego a la dictadura?

El único problema del que se debe ocupar la oposición es seguir haciendo oposición, denunciando las arbitrariedades de la dictadura y sus violaciones a la Constitución y los derechos humanos; mostrar al pueblo venezolano el Plan País, cuáles son sus proyectos para salir de este oprobio y regresarnos a la ruta del progreso y el bienestar; prepararse para ganar contundentemente las elecciones libres que se deben realizar y esperar pacientemente a que se realicen las elecciones de gobernadores, de alcaldes, de poderes regionales y municipales, para terminar de barrer la escoria de la dictadura. Una vez ganadas las elecciones, ya la oposición tendrá la ocasión y se encargará de formar su propio gobierno, sin el lastre del régimen.

Las elecciones libres, tercer punto de la ruta. Sabemos bien que para realizar unas elecciones libres se deben acordar algunas condiciones mínimas en la mesa de negociación. Lo primero, por supuesto, es que serán elecciones presidenciales pues allí está la clave de la usurpación y de la ilegitimidad del actual gobierno; sí van a ser acompañadas o no de elecciones parlamentarias, adelantando unos meses las elecciones que se deben realizar a finales del 2020, es un punto que se puede negociar; personalmente creo que se debería hacer para de una vez salir del ejecutivo y ganar nuevamente la Asamblea, con una mayoría que permita renovar los demás poderes (TSJ, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Contraloría, etc.) y para poder hacer todas las modificaciones legales que se necesitarán en el nuevo gobierno democrático.

Entre las condiciones mínimas que tienen que conseguirse están, por supuesto, un nuevo CNE, renovando completamente los cinco ilegítimos rectores, con sus respectivos suplentes y buena parte del estamento de funcionarios. Las elecciones deben ser supervisadas por la comunidad internacional, para evitar los abusos de poder y que se respeten los resultados; y deben estar precedidas de una revisión del “registro electoral”, sobre todo para permitir que se escriban el millón y medio de rezagados que no lo han podido hacer desde hace varios años y que puedan hacerse las modificaciones necesarias para que voten los venezolanos que están en el exterior. Previo al proceso electoral obviamente se deben legalizar todos los partidos políticos, liberar a todos los presos políticos y permitir el regreso de los exilados; habilitar a todos los candidatos y líderes opositores que han sido ilegalmente inhabilitados por el régimen y sus cómplices de la Contraloría y tribunales no autorizados para ello. Los anteriores, como mínimo, deben ser los puntos a lograr, además de algunos otros de carácter más específico y técnico que he mencionado otras veces.

Desde luego algunos de estos puntos serán más fáciles de negociar, otros no tanto; pero ahí debe estar concentrada la discusión y no en cosas accesorias como quien puede o no ser el candidato del régimen; que sea el régimen el que escoja la magnitud y alcance de su derrota. La negociación es un camino a recorrer, que esperamos sea exitosa y despeje el trayecto a la paz, la democracia, el bienestar y el progreso, que se hacen cada día más apremiantes.