Desde hace más de medio siglo, las ciencias sociales han aportado elementos empíricos para el análisis y evolución de los fenómenos sociopolíticos. Los sondeos de opinión pública están entre los más destacados y adquieren especial repercusión en procesos electorales, dado que son percibidos como un anticipo de lo que puede suceder.
Convendría recordar que las encuestas confeccionadas con rigor profesional pueden ser una buena fotografía de un determinado momento del estado de la opinión pública, en tanto que la misma medición sistemática efectuada en forma periódica puede poner en evidencia la manifestación de una tendencia.
Pero para anticipar el futuro, las utilidades de los sondeos son aleatorias, por la sencilla razón de que la opinión pública es cambiante y, en ocasiones, muy volátil.
Del mismo modo, cuando las encuestas son utilizadas para hacer acción psicológica, se alejan del rigor científico para transformarse en instrumentos de campaña y de manipulación.
En varios procesos electorales recientes de América Latina, los sondeos han mostrado gruesos errores de pronóstico. Un caso fue la última elección presidencial colombiana, en la que se esperaba un duelo muy parejo entre el candidato oficialista (Santos) y el principal de la oposición (Mockus); sin embargo, la ventaja final del primero fue de 20 puntos. Otro es el reciente referéndum de Ecuador, en el cual se pronosticaba un triunfo de las propuestas del presidente Correa con el 60% y, finalmente, tuvo una levísima ventaja: alcanzó sólo al 45%, 15 puntos menos de lo previsto.
En la Argentina, la elección presidencial de 2009 mostró un grueso error de pronóstico, al haber publicado seis consultoras la misma semana de los comicios que Néstor Kirchner ganaría la elección de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires por seis puntos en promedio y, finalmente, perdió por dos. Ocho puntos de diferencia escapa a cualquier error muestral. La cuestión es que quienes habían pronosticado el triunfo del oficialismo habían sido contratados por él. Los pocos sondeos que pronosticaron el triunfo opositor -como el publicado entonces por La Nacion- no tenían relación con el oficialismo.
A los efectos de la necesaria transparencia que requiere lo político-institucional, es primordial que se haga público quién ha encargado el trabajo cuyos resultados se están difundiendo. Resulta fundamental para qué candidato está trabajando cada consultor que expone sus datos, dada la mencionada experiencia en las elecciones de 2009. Esto permite a quien accede al dato recibirlo con la información necesaria para poder evaluarlo.
Pero la transparencia exige por parte del Estado que se hagan públicos los contratos que realiza. Varios de los encuestadores que están hoy difundiendo datos muy favorables al Gobierno tendrían contratos con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y ello debería hacerse público.
Esta transparencia es necesaria porque, tanto o más que el dato duro, influye su interpretación. Con el mismo número se pueden plantear interpretaciones muy variadas. Por ejemplo, si hoy sobre el total del voto definido el oficialismo tiene el 45% y la oposición el 55%, se puede decir que la oposición lleva 10 puntos de ventaja, pero al mismo tiempo que el candidato oficialista tiene 25 puntos sobre quien lo sigue. Es legítimo defender cualquiera de los dos puntos de vista, pero no sería un dato menor que quien lo diga esté trabajando en una u otra campaña.
Dos días antes de la reciente elección en Salta, uno de los consultores supuestamente contratado por el gobierno nacional dijo en un reportaje radial que el segundo lugar estaba empatado entre el candidato alineado con Pro (Olmedo) y el que tenía el apoyo de Hugo Moyano (Wayar): el día de las elecciones, no obstante, el primero le sacó 18 puntos de ventaja. En este caso ya no se trata de un problema de interpretación, de una opinión discutible o de un error muestral.
En los últimos tiempos la interpretación mayoritaria de los sondeos que se están difundiendo sostiene que el oficialismo ya ha ganado y que la oposición no tiene posibilidades de hacerlo. Se trata de una opinión y como tal discutible, pero es importante saber si quien lo dice está trabajando para el oficialismo o la oposición.
Lamentablemente la Argentina no es un país modelo en materia de transparencia. En el ranking de corrupción ocupa el lugar 106° del mundo y en el de calidad institucional el 120°: en un contexto de estas características, la manipulación de los sondeos -como realmente sucedió en 2009- no es algo imposible ni mucho menos. Tanto los responsables de estudios de opinión pública como los medios de comunicación deberían velar por cumplir su trabajo éticamente y con el mayor profesionalismo posible, al tiempo que el Estado debería hacer públicos sus contratos con consultoras y abstenerse de usar esos trabajos financiados por la ciudadanía para fines proselitistas.
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