El complejo papel de los castigos internacionales
Trino Márquez
Los países democráticos todavía no han logrado descifrar cuál
es la clave para impulsar el tránsito de la autocracia a la democracia en Venezuela.
En el país se estableció una claque inamovible, que ha formado una poderosa madeja
de intereses en las que participan civiles, militares, grupos irregulares,
mafias nepóticas, núcleos de apoyo internacional y una amplia variedad subespecies que se
mueven en zonas opacas, tanto dentro como fuera de la nación.
En medio de un
ambiente dominado por la incertidumbre acerca de la eficacia de las medidas que
deben adoptarse, Estados Unidos, la
Unión Europea, Canadá y varios gobiernos democráticos latinoamericanos, como el
de Colombia y Brasil, optaron por aplicarle sanciones al régimen de Nicolás
Maduro. Se oponen a cualquier tipo de intervención armada, pero consideran que
presionar a través de las penalizaciones es la forma más eficiente de forzar
cambios democráticos en Venezuela.
La primera de
esas reformas consiste en lograr la convocatoria de unas elecciones libres,
transparentes y competitivas para presidente de la República. El punto de
quiebre del régimen con la comunidad internacional fueron los comicios de mayo
de 2018, cuando Maduro se reeligió mandatario, luego de que la Constituyente
convocada por él en 2016 -con el fin de anular la Asamblea Nacional electa en
2015- llamara a unas votaciones que las
naciones democráticas consideraron ilegítimas. Esa ruptura fue la culminación de
una larga cadena de abusos del gobernante vernáculo: la feroz represión
desatada por los cuerpos de seguridad en 2014, con motivo de La Salida; la
condena contra Leopoldo López, a pesar de que no existía ningún indicio serio
que lo incriminara como responsable directo de la violencia generada durante
las protestas; el total desconocimiento de la AN electa en diciembre de 2015;
la creación de ese adefesio llamado Asamblea Nacional Constituyente, cuyo costo
aún sigue siendo un misterio para los venezolanos; la interrupción del
referendo revocatorio que podría haberse llevado a cabo a finales de 2016 o a
inicios de 2017.
Todos esos
episodios, ocurridos en un lapso muy breve, les permitieron a los factores de
poder internacional armar un largo expediente contra Maduro. Fueron los datos empíricos
a partir de los cuales Estados Unidos, la Unión Europea y los demás países optaron
por castigar los desmanes de Maduro. No se trata, por lo tanto, de un modesto
mandatario de un país subdesarrollado que ha sido perseguido por las potencias
imperiales. Para nada. Lo ajustado a la verdad es señalar que la comunidad
internacional ha venido reaccionando desde 2014 a los daños, la brutalidad y
arbitrariedad de un personaje colocado al margen de la Constitución y de la
legalidad que sus propios correligionarios elaboraron a partir de febrero de
1999, cuando llegan a Miraflores.
Algunos analistas
vinculados con la Mesa de Diálogo Nacional olvidan de forma interesada la historia verídica.
Se refieren a la ‘complicidad’ de la oposición con las sanciones e, incluso, de
ser responsable de que se mantengan. Tales afirmaciones constituyentes
adulteraciones de la realidad. La verdad es que el régimen de Nicolás Maduro
representa un incordio en un continente que, en medio de numerosas trabas, intenta
ceñirse a las reglas del modelo democrático: elecciones periódicas
transparentes y competitivas, acato a la voluntad de la mayoría, gobiernos
alternativos, respeto al Estado de Derecho, a las autonomía de los poderes
públicos, a la oposición y a las minorías. Reglas básicas de la convivencia
democrática. Maduro no sigue ninguno de estos preceptos. Su obsesión se reduce
a atornillarse al poder, sin importarle cuánta ruina cause, cuánta gente se
hunda en la miseria, cuántas empresas quiebren y cuánta gente se disperse en
desbandada por los países vecinos.
Maduro no solo
es una tragedia nacional. Ya es una desdicha internacional que la padecen las naciones de Suramérica, Florida y España.
Pero que, sobre todo, la sufren los humildes emigrantes que deben soportar la
pobreza, maltratos y humillaciones de personajes como Claudia López, alcaldesa
de Bogotá; de algunos tenebrosos candidatos a la presidencia de Perú; o de grupos de exaltados xenófobos surgidos
en América Latina.
Ya dudo de la eficacia de insistir en las sanciones.
No han servido para hacer cambiar o hacer recapacitar a Maduro. El gobernante
venezolano ha sido inflexible a pesar de los castigos. Sin embargo, lo más
probable es que la ausencia de penas no habría
modificado su conducta arbitraria. Comparto la opinión de Ricardo Hausmann. Hoy
sería igual de autoritario, pero contaría con el beneplácito explícito o
implícito de las naciones que hoy lo condenan.
Parece que la
alternativa consiste en aplicarle un torniquete diplomático internacional en el
cual también actúen China y Rusia. La reacción de ambos gigantes ante el golpe
de Estado en Birmania no permite abrigar
muchas esperanzas. Tendremos que ver los próximos pasos que da Biden. Entonces podremos
tener una visión más completa.
@trinomarquezc
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