La Academia Nacional de Ciencias Económicas ante la situación económica
La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), en cumplimiento de sus responsabilidades reglamentarias, se dirige a la Nación ante la agravada situación de la economía venezolana, que ha manifestado una contracción sostenida durante los últimos siete años, con un terrible costo para la población en hiperinflación, caída estrepitosa en el ingreso real, desempleo, incremento sustancial de la pobreza, de la desigualdad y colapso de los servicios públicos.
Ha tenido lugar, además, en el marco de un deterioro palpable de la gestión gubernamental y de la educación, los servicios de salud y la seguridad personal. Huyendo de la miseria y de la inseguridad, más de cinco millones de venezolanos han emigrado en busca de mejores condiciones de vida. Las razones de esta tragedia están en las equivocadas políticas, derivadas del modelo político-ideológico del Socialismo del Siglo XXI y no en las sanciones económicas aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos, como alegan quienes ejercen el gobierno.
Es necesario aclarar que el año en que fueron introducidas sanciones financieras a la República y a PdVSA (2017), el Estado venezolano se vio imposibilitado de pagar su deuda internacional (default) aislándose, por su cuenta, de los mercados financieros mundiales.
Asimismo, para el momento de entrar en vigencia las sanciones petroleras (21.01.2019), la producción de crudos había caído a apenas la tercera parte de la de 2013. Si bien puede decirse que esas sanciones acentuaron ese declive –hoy se produce apenas el 16%--, es evidente que la destrucción de la capacidad productiva de la industria petrolera ya había ocurrido.
Las sanciones personales, por su parte, no son contra Venezuela, si no a funcionarios imputados de haber violado derechos humanos y/o incurrido en corruptelas. Por tanto, no tienen repercusiones económicas. Infortunadamente, quienes ejercen el poder nunca aceptaron las orientaciones de ésta y de otras academias, así como de muchos profesionales altamente calificados en diversas disciplinas, acerca de los problemas que acarrearían sus políticas y sobre los correctivos requeridos para evitar sus terribles secuelas sobre la calidad de vida de tantos.
Si bien recientemente, ha habido una mayor posibilidad de proseguir la iniciativa privada al haberse levantado los controles del tipo de cambio y obviado el seguimiento a los controles de precio, ello transcurre en una situación de gran incertidumbre, dada la falta de Estado de Derecho, el desmantelamiento del marco institucional que resguarda la actividad económica, el deterioro visible de la gestión pública, la opacidad en el manejo de la información, los hechos de corrupción y la ausencia de medidas adecuadas para solventar las graves insuficiencias del país.
La dolarización de parte importante de las transacciones que se hacen en el mercado doméstico, como la venta de activos públicos sin restricción, bajo el amparo de la llamada “Ley Antibloqueo”, tampoco devuelven la situación a una supuesta “normalidad”, ni ayudan al rescate de una economía sana que impulse el desarrollo. La aparición de establecimientos comerciales (los llamados “bodegones”) surtidos de bienes en Caracas y ciudades del interior, y la disminución de la escasez, no son resultado de una mayor producción doméstica. No generan suficientes oportunidades de empleo productivo y mejores salarios.
La afluencia de bienes que ocurre a través de su importación, pagada con divisas en manos privadas y coadyuvada por la exoneración de impuestos aduanales, ofrece pocos encadenamientos productivos con limitada capacidad de impulsar efectos colaterales positivos; beneficiando principalmente a quienes tienen ahorros en divisas o acceso estable a ellas, quedando excluida una parte mayoritaria de la población. Todavía peor, ésta sufre directamente los embates de la hiperinflación, alimentada por el financiamiento monetario del gasto público y del alza en la cotización de la divisa, resultado de la puja de la gente por despojarse de bolívares sin valor.
Es decir, tal liberalización ocurre por el abandono de las responsabilidades del gobierno de velar por el bienestar de los venezolanos, incidiendo en un incremento de la inequidad, agravado ahora por la diferencia entre quienes tienen divisas y quienes no.
Estas nuevas dinámicas comerciales se suceden de forma simultánea a una profundización del proyecto del Estado Comunal como nueva forma de organización político-territorial, que actúa como sistema de dominación social, fusionándose incluso con fuerzas irregulares y delincuenciales y en el cual la libertad individual pasa a ser secundaria frente a los objetivos agregados impuestos desde las más altas esferas del poder. Se genera así una dinámica dual en los ámbitos económico, político y social, altamente contradictorias entre ellas, profundizando desigualdades e inequidades, desmantelando el sentido unitario de nuestra nación.
En atención a ello, la ANCE insiste, una vez más, en la necesidad de emprender cambios sustanciales en las orientaciones de las políticas económicas para revertir el continuado deterioro en el bienestar de los venezolanos y crear las condiciones para una mejora sostenida en sus condiciones de vida. Para ello resulta indispensable restituir la gobernanza dentro del marco de Estado de Derecho y rescatar la institucionalidad propia de una república democrática, restableciendo las garantías económicas. Se exige un plan macroeconómico de estabilización en el que confluyan acciones de política fiscal, monetaria y cambiaria, que restablezcan la confianza y permitan la atracción de inversiones productivas y la generación de puestos de trabajos bien remunerados, rompiendo con esquemas rentistas del pasado y favoreciendo la productividad y la sana competencia.
Es obligatorio sacar al país del aislamiento en el que se encuentra, y emprender acciones con los organismos multilaterales y otros donantes para constituir un gran fondo para la reconstrucción nacional. En paralelo buscar mecanismos para reestructurar los pagos de la onerosa deuda que hoy embarga al país y evaluar mecanismos de canje por inversión y empréstitos que impulsen la reforma del Estado.
De igual manera, establecer los mecanismos que permitan aprovechar las significativas potencialidades de la economía venezolana, incluyendo la derivada del talento que emigró a otros países, de forma de salir, en el menor tiempo posible, de la terrible situación en que vive la gran mayoría de venezolanos. Todo ello implica el restablecimiento pleno del ordenamiento constitucional, el respeto pleno de los derechos humanos de la población, el cese del hostigamiento a la oposición democrática y la liberación de los presos políticos.
En Caracas, a los nueve días del mes de marzo de 2021
Sary Levy Carciente Presidente
Eduardo Ortiz Felipe Secretario
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