Grupo La Colina

COMUNICADO de la Facultad de Ciencias Jurídicas y políticas de la Universidad Central de Venezuela

El Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Universidades, ante la crisis jurídico-política que vive Venezuela y la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). 

CONSIDERANDO Que la Universidad tiene como imperativo ineludible colaborar en la orientación de la vida del país, mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales, y que hoy, más que nunca, Venezuela pide a gritos la voz orientadora de la Universidad, que la guíe en la búsqueda de soluciones prácticas, políticas y jurídicas, para hacer cesar el dolor, el odio y la división que nos oprimen y nos niegan la paz, la felicidad, el progreso y la esperanza. 

CONSIDERANDO Que Venezuela, además de encontrarse indefensa por la destrucción del sistema nacional de salud en medio de la Pandemia que hace más de un año azota al mundo, padece los rigores de un régimen que ha desnaturalizado la República, sometido su soberanía a intereses extranjeros, y que amenaza con imponer un autoritarismo hegemónico y totalitario, mediante la implantación del “estado comunal” que no tiene antecedentes en nuestra historia republicana, ni mucho menos asidero constitucional ni legal, y que, además, fue rechazado por el pueblo en el referéndum del año 2007. CONSIDERANDO Que esta manipulación perversa del Derecho, el uso abusivo del poder y la degradación de la política, han provocado una gravísima crisis jurídico-política caracterizada por la imposición de una dualidad institucional, en la que quienes detentan el poder se contraponen a instituciones y autoridades legítimas que junto a la comunidad internacional y la gran mayoría del pueblo, demandan la realización de verdaderas elecciones presidenciales y parlamentarias. CONSIDERANDO Que, recientemente, quienes detentan el poder designaron a las personas que ocuparán los cargos de rectores del Consejo Nacional Electoral, lo cual llevaron a cabo con el concurso de algunos sectores y personalidades de la comunidad democrática, cuya honorabilidad y buena fe no cuestionamos porque estamos persuadidos de que son las premisas que orientaron, orientan y orientarán sus acciones. CONSIDERANDO Que en esta sustitución de los ilegítimos rectores del Consejo Nacional Electoral también intervinieron voluntades oportunistas de cuestionable reputación, ataviados de demócratas.

CONSIDERANDO Que en estas actuaciones persisten la parcialidad, el desequilibrio, la mentira y el ventajismo, pese a la participación de los demócratas que de buena fe han concurrido para abrir cauce a soluciones políticas de naturaleza electoral, hasta ahora obstaculizadas y desnaturalizadas por el régimen. CONSIDERANDO Que el objetivo inmediato del régimen es que los legítimos factores democráticos que se le oponen se dividan hasta diluirse y terminen desapareciendo entre contradicciones, descalificaciones y frustraciones, para poder imponer de manera definitiva un autoritarismo hegemónico y totalitario, con el único propósito de permanecer en el poder. CONSIDERANDO Que con esta puesta en escena y pese a las inocultables maniobras y disimulos, el régimen muestra sus propias grietas y exhibe las innegables mellas causadas por la presión nacional e internacional, así como por la persistente y recia voluntad soberana del pueblo, al no consentir las constantes violaciones del Estado de Derecho y no cohonestar los fraudes electorales y denunciarlos enfáticamente. CONSIDERANDO Que este Consejo de Facultad se ha pronunciado en contra de participar en los pretendidos procesos electorales realizados por quienes detentan el poder, en los años 2017, 2018 y 2020, que procuraban la monopolización de instancias de rango constituyente y constitucionales, sin que mediara el libre ejercicio de la soberanía popular. CONSIDERANDO Que la acogida que recibió dicho pronunciamiento, coincidente en la decisión de no participar en ninguno de dichos eventos que fue abrazada por la gran mayoría de la comunidad académica nacional y atendida por el electorado como decisión propia, se vio reflejada en niveles de abstención sin precedentes, con un altísimo significado político. 

CONSIDERANDO Que como consecuencia de la presión de la ciudadanía, se ha producido una reconfiguración del escenario nacional en el que la comunidad democrática tiene la posibilidad de obtener por la vía pacífica, mediante su participación masiva, sin complejos, decidida, unitaria y con sentido práctico, condiciones electorales confiables, transparentes y justas, y, consecuentemente, concurrir a todos los escenarios electorales que se presenten o que el régimen promueva. 

CONSIDERANDO Que más allá de la naturaleza no democrática del régimen y de que quienes ejercen el poder carecen tanto de legitimidad de origen como de desempeño, Venezuela vive en estos momentos la posibilidad cierta de transitar por diversos procesos electorales y referendarios, que permitan la libre expresión de la voluntad popular, en tanto en cuanto se acuerden y respeten las condiciones necesarias para ello. 

CONSIDERANDO Que la comunidad democrática, pese a sus contradicciones, cuenta con el mayoritario respaldo del pueblo venezolano y el mayor apoyo de la comunidad internacional, para poder honrar el deber de restablecer la vigencia de la Constitución y emprender la reinstitucionalización de Venezuela por la vía menos dolorosa y sangrienta posible. 

ACUERDA: PRIMERO: Exhortar a la comunidad democrática, a las personas de buena voluntad, a los técnicos y especialistas que en este escenario tienen comprometidas su reputación y competencias, a que hagan su mejor y más decidido esfuerzo para construir las condiciones que estimulen a la ciudadanía a participar en procesos electorales y referendarios competitivos, y, de ser el caso, a que denuncien, rechacen y combatan en Venezuela y en el resto del mundo, las maniobras, maquinaciones, artificios, obstáculos y violaciones del régimen y sus cómplices, dirigidas a defraudar la voluntad soberana del pueblo. SEGUNDO: Hacer un llamado al liderazgo político comprometido en reconquistar el cauce constitucional, a que aproveche lo mejor de lo que la realidad actual le ofrece y coloque a un lado los dogmatismos y las diferencias, ponga término a las divisiones y concentre su esfuerzo en consolidar, con sentido práctico, un gran movimiento de unidad nacional, republicano y democrático, que acompañe al pueblo en la búsqueda y consolidación de salidas pacíficas y electorales, tanto las elecciones presidenciales y parlamentarias que se encuentran pendientes, como también, muy especialmente, las elecciones regionales y locales que corresponde realizar próximamente. TERCERO: Reivindicar el valor del diálogo real y honesto, como pilar fundamental de la civilidad política y apoyar en forma categórica toda iniciativa que tienda a una negociación integral que priorice la atención de la gravísima crisis humanitaria que sufre la población, con especial atención a la muy urgente necesidad de vacunación que inexplicablemente no ha sido atendida, y que permita abrir un cauce para la solución pacífica y democrática de la crisis política que amenaza con la desaparición de la República. CUARTO: Exhortar a la comunidad democrática a que no pierda de vista ni mucho menos descuide, los procesos que cursan ante las instituciones internacionales, con anunciada incidencia en nuestro país, y a no abandonar los espacios que nos han brindado las naciones que han sido solidarias con la necesidad de restablecer la efectiva vigencia de la Constitución. QUINTO: Reafirmar que cualquier proceso de naturaleza electoral, para que pueda ser tenido como tal, debe realizarse con estricta sujeción a los términos constitucionales y legales correspondientes, relativos a las condiciones imprescindibles para que sean libres y competitivas, y que, de ello dependa la convocatoria al pueblo y, consecuentemente, su eventual participación. SEXTO: Proclamar que el ejercicio de un derecho político, que es principio y fin de nuestra existencia republicana y democrática, no implica subordinación a ningún poder de facto ni mucho menos su legitimación. SÉPTIMO: Exhortar a la comunidad democrática al cumplimiento del deber ciudadano de participar en el restablecimiento pleno y absoluto de la vigencia efectiva de la Constitución, tal como lo ordena ella misma en su artículo 333 a todo ciudadano investido o no de autoridad, sin colocar en posiciones antagónicas estrategias que perfectamente pueden desarrollarse, cuando las circunstancias, como ahora, así lo aconsejan. OCTAVO: Dar publicidad al presente acuerdo y enviar copia al Consejo Universitario, a la Comisión Delegada, al Grupo de Lima, al Parlamento Europeo, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Dado en la Ciudad Universitaria de Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2021. 

 Prof. LOURDES WILLS RIVERA Decana-Presidenta 

Prof. MIGUEL ALEJANDRO ALONSO RUIZ Secretario