Mesa de la Unidad Democrática
¿POR QUÉ QUEREMOS SER MAYORÍA EN LA ASAMBLEA NACIONAL?
Las razones son muchas y claras. Veamos. En primer lugar, las elecciones parlamentarias de septiembre de este año son una extraordinaria oportunidad para iniciar un proceso de cambio que permita alcanzar el objetivo establecido en el Preámbulo de la Constitución que establece que el fin supremo perseguido por el Texto Fundamental es el de “refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el
imperio de la ley para ésta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad”.
En segundo lugar, estos objetivos no se han cumplido. Todos los venezolanos saben que vivimos en una “dedocracia” sin participación y con un solo protagonista, que tenemos un Estado cada vez más centralizado, que la independencia nacional se encuentra comprometida, que la solidaridad, el bien común y el imperio de la Ley son letra muerta. Sabemos que el derecho a la vida no está garantizado a nadie, que existen discriminaciones que afectan el derecho al trabajo, a la cultura y a la ecuación y que nuestro gobierno no respeta el principio de la no intervención y el derecho de los pueblos a la autodeterminación. La inmensa mayoría de los venezolanos quiere una sociedad en la que los derechos humanos sean respetados, así como los tratados internacionales que los garantizan y que todos busquemos una justicia social que supone el desarrollo de la riqueza y una sociedad donde las oportunidades sean iguales para todos.
En tercer lugar, esto se puede lograr desde la Asamblea Nacional, siempre y cuando ésta se convierta en una Asamblea Plural que ejerza las potestades establecidas en la constitución. No se trata de cambiar al Presidente de la República, pues para ello están previstas elecciones en el año 2012. Se trata de hacer cumplir la Constitución en cada uno de sus artículos y enrumbar al país hacia un Estado de Derecho y de Justicia. Es decir, desde la Asamblea Nacional la oposición hará todo lo que esté a su alcance para que el gobierno no persista en una gestión que dilapida las esperanzas y los recursos del país así como el presente y el futuro de la democracia y de todos los venezolanos, en especial de los jóvenes.
En cuarto lugar, si hay algo que los venezolanos desean es una instancia institucional que signifique un freno y un control para la discrecionalidad del Presidente, de cualquiera que él sea. Sabemos que una Asamblea dominada por el oficialismo, tal freno seria imposible, y seguiríamos viendo al Presidente actuando de acuerdo a sus deseos y sus caprichos. Para lograr todo ello, le ofrecemos al país un plan de trabajo orientado por los siguientes criterios, lineamientos y objetivos.
1. QUE LA ASAMBLEA NACIONAL SEA UN ESPACIO PARA EL DIÁLOGO Y EL DEBATE
En primer lugar proponemos convertir a la Asamblea Nacional en un espacio para el diálogo y el debate. El país no está dividido entre amigos y enemigos, entre patriotas y traidores. En Venezuela, de verdad, cabemos todos y no podemos seguir con una política que excluye a todo aquel que se atreva a pensar distinto al Jefe del Estado. Se puede querer a Venezuela de distintas maneras y el Parlamento será el lugar en que confluyan estas distintas visiones de país y donde se logren amplios entendimientos. Una parte importantísima de nuestro programa es desterrar para siempre el odio y la descalificación.
2. EQUILIBRAR LOS PODERES Y CONTROLAR AL EJECUTIVO
Dice la Constitución que “cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias”, pero que los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. Los cinco poderes deben actuar en equilibrio para impedir la arbitrariedad y corresponde a la Asamblea, además de legislar, controlar al Poder Ejecutivo, exigiendo cuentas, interpelando a ministros y funcionarios, investigando irregularidades. La Asamblea no puede seguir siendo una casa de segundones o una jaula de focas. Deben respetarse los mandatos constitucionales que ordenan la participación de la sociedad civil y de las comunidades en la designación de los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano y asegurar la idoneidad de quienes se postulen para su ejercicio.
3. CONTROLAR EL GASTO PÚBLICO E IMPEDIR LA
REGALADERA
Según el artículo 314 de la Constitución, no se hará en Venezuela ningún gasto que no esté aprobado por la Asamblea. Esto significa poner fin al gasto caprichoso, al manejo de la Hacienda Pública como una caja chica personal, a la existencia de fondos paralelos, opacos o secretos, que dan origen a corruptelas y despilfarros. No se aceptarán más “regalos” a otros países. Los fondos públicos se destinarán a resolver nuestros problemas y nunca podrán utilizarse con fines de promoción de liderazgos internacionales ni de sustento a regímenes afines. La solidaridad con los países hermanos, destinada a catástrofes y grandes emergencias asi como a la cooperación internacional debidamente debatida en el país, no se verá nunca condicionada por la ideología de los gobiernos.
4. LEGISLAR SOBRE SEGURIDAD PERSONAL Y CONTROLAR EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS CUERPOS POLICIALES
“El derecho a la vida es inviolable” dice la Constitución y este derecho se viola 16.000 veces al año. Es deber del Estado garantizar la vida y los bienes de los venezolanos. La tarea más importante de la Asamblea será la de legislar para tener una policía eficiente, para adecentar los cuerpos policiales y ponerlos al servicio de los ciudadanos, desarmar a la población, acabar
con la impunidad y crear un sistema carcelario que permita el castigo de los culpables y en el que se respeten los derechos de todos. En la discusión del Presupuesto se dará prioridad a la dotación de las diferentes policías.
5. DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS ESTADOS Y
MUNICIPIOS
“La República de Venezuela es un Estado Federal descentralizado”, reza el artículo 4 de la Constitución. La nueva Asamblea estará encargada de reiniciar el proceso de descentralización, devolver las competencias y los recursos que indebidamente se han arrebatado a los estados y a los municipios y a la Alcaldía Mayor de Caracas. Se reorientará al Consejo Federal de Gobierno, tal como lo dice la Constitución, para que planifique y coordine “las políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados y municipios”.
6. DEFENDER LA PROPIEDAD
Todas las encuestas evidencian el profundo apego de los venezolanos hacia el patrimonio personal y familiar, en la forma de la propiedad privada y el total rechazo a los diferentes experimentos comunistas de una llamada “propiedad social”. El Gobierno Nacional ha abandonado sus promesas de buscar nuevas formas de propiedad en las que los trabajadores tengan un rol protagónico. Ya no se habla de cogestión ni de autogestión y las cooperativas han caído en el olvido. La legislación que respecto a este tema ha aprobado esta AN está acabando con el patrimonio personal y familiar, con la propiedad, de los sectores populares del pais Todas las nacionalizaciones han conducido a la propiedad estatal, lo que para la clase trabajadora ha significado un cambio de patrono y una desmejora de sus condiciones laborales. Los dueños de las
grandes empresas transnacionales expropiadas han sido indemnizados, no así lo pequeños y medianos empresarios venezolanos que han visto sus propiedades confiscada. El artículo 115 de la Constitución consagra el derecho de propiedad y establece muy claramente las limitaciones a las que puede someterse. Será tarea de la Asamblea volver a dar vigencia a ese derecho, de fundamental importancia para los sectores populares de nuestra sociedad. Igualmente se hará cumplir el artículo 307 de la Carta Magna que dice: “los campesinos y campesinas y demás productores agropecuarios y productoras agropecuarias tienen derecho a la propiedad de la tierra”. En consecuencia se dará título de propiedad a los campesinos que trabajan en Fundos Zamoranos y otras formas públicas de producción agropecuaria.
7. GARANTIZAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La nueva Asamblea hará cumplir los mandatos constitucionales (artículos 56 y 57) que garantizan a los venezolanos “el derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones” y de hacer uso, para ello, “de cualquier medio de comunicación y difusión”. Se garantizará que “la comunicación es libre y plural, teniendo toda persona derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura”. Una nueva legislación garantizará la total imparcialidad de los medios de comunicación públicos, haciendo de ellos unos verdaderos medios de servicio publico, y limitará las cadenas presidenciales . Los medios de comunicación ilegítimamente expropiados o silenciados volverán a funcionar libremente. Se promoverán medios de comunicación vinculados a las comunidades, sin ataduras políticas o ideológicas.
8. RESTABLECER LA PLENA SOBERANÍA NACIONAL
La Constitución establece, nada menos que en su artículo 1°, que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente. La independencia es un “derecho irrenunciable”. Hoy en día el manejo de los servicios de identificación, registros y notarías están en manos extranjeras. Funcionarios cubanos mantienen una presencia intolerable y vergonzosa en la Fuerza Armada, en los cuerpos policiales y servicios de inteligencia, en la seguridad del Presidente y en el manejo de sectores claves de la economía. Venezuela es el primer país en la historia que paga miles de millones de dólares a un país extranjero para que controle una buena parte de su gobierno. La nueva Asamblea legislará para prohibir esta claudicación de la soberanía.
9. CREAR REGLAS DE JUEGO ESTABLES QUE FAVOREZCAN LA INVERSIÓN.
En los últimos diez años, se han dictado más de 160 normas de rango legal que afectan la seguridad jurídica y contravienen el artículo 112 de la Constitución que establece que “todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia” con las limitaciones taxativamente enumeradas. La nueva Asamblea descartará las habilitaciones legislativas y creará un marco económico proclive a la inversión. Todos sabremos cuáles son las reglas del juego, cómo y dónde podremos invertir y el Estado garantizará el respecto a la estabilidad jurídica. Se acabará el gobierno por caprichos y ocurrencias.
10. ASEGURAR QUE LOS PLANES DEL PODER EJECUTIVO GARANTICEN INVERSIONES A LARGO PLAZO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA EVITAR LA ESCASEZ
Dice la Constitución : “Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad”. La escasez de alimentos y de productos de primera necesidad así como la falta de agua y la crisis eléctrica que todavía pende sobre el país, podrían haber sido evitadas por la vía de los presupuesto anuales y plurianuales, de las leyes de endeudamiento y de los estímulos a la inversión, orientados por una verdadera planificación. A través de esos mecanismos, la Asamblea
Nacional garantizará a los venezolanos el acceso a los bienes y servicios esenciales.
11. VELAR POR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
La Nueva Asamblea Nacional investigará sin descanso las violaciones a los derechos humanos y garantizará mediante leyes severísimas el castigo a los funcionarios, civiles y militares, cualquiera que sea su nivel que hayan atentado contra el derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad física, psíquica y moral, violado el secreto de las comunicaciones y las garantías del debido proceso. Se sancionarán leyes que garanticen el cumplimiento del Título III de la Constitución donde están consagrados los derechos humanos, garantías y deberes de los venezolanos y se garantizará la observancia de los tratados internacionales en esta materia.
12. VIGILAR QUE LOS DERECHOS SINDICALES SEAN
RESPETADOS
Se sancionará una nueva Ley Orgánica del Trabajo que garantice los derechos de los trabajadores a asociarse libremente y a elegir a sus directivas sin interferencias del Estado Patrono. Quedará expresamente prohibida toda discriminación política en el acceso a la función público y al trabajo en las empresas del Estado. Se cumplirá la Disposición Transitoria cuarta de la Constitución que obligaba a la Asamblea, en el primer año de su instalación, a sancionar un nuevo régimen de prestaciones sociales.
13. COMBATIR LA CORRUPCIÓN
La lucha contra la corrupción volverá a ser tarea del Parlamento, a efectos de lo cual se fortalecerá la Comisión Permanente de Contraloría para la investigación y denuncia de los hechos irregulares. La nueva Asamblea abrirá las investigaciones que permitan el cumplimiento del artículo 46 de la Ley Contra la Corrupción que establece que “incurre en enriquecimiento ilícito el funcionario público que hubiere obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento
patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos, que no pudiere justificarlo de ser requerido”. La Asamblea Nacional solicitará, de conformidad con el artículo 279 de la Constitución, la remoción del actual Contralor General de la República, por manifiesto incumplimiento de sus deberes y funciones y procederá a elegir un nuevo Contralor.
14. EVITAR LA DISCRIMINACIÓN POLÍTICA EN LAS
MISIONES
La nueva Asamblea Nacional ejercerá sus funciones de control e investigación para evitar, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución, la discriminación política en el manejo de las Misiones que desarrolla el Ejecutivo Nacional. Quedará expresamente prohibido hacer uso de la Lista Tascón o de cualquier sustituto de ella para cercenar el derecho que tienen todos los venezolanos a gozar de los beneficios de estos programas.
15. OTORGARLE AUTONOMÍA PLENA A LOS CONSEJOS
COMUNALES
Se procederá en lo inmediato a la modificación de la Ley de Consejos Comunales para prohibir la ingerencia del Poder Ejecutivo en la constitución, organización y manejo de los Consejos Comunales, de modo de asegurar su autonomía y su carácter participativo. Se devolverán a los Estados y Municipios las competencias y recursos que le fueron indebidamente retirados y se sancionará la Ley prevista en el artículo 184 de la Constitución para crear “los mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen.
16. CONTAR CON UNA FUERZA ARMADA APOLÍTICA Y NO
DELIBERANTE
Se reformará la Ley Orgánica de la Fuerza Armada para dar cumplimiento al artículo 328 de la Constitución en el que se establece su carácter esencialmente profesional, sin militancia política. La FA estará, como lo ordena la Constitución “al servicio exclusivo de la Nación, y en ningún caso al de personas o parcialidad política alguna. Se prohibirá someter a los oficiales y soldados a la humillación de tener que asistir a actos políticos y a vocear consignas partidistas.
17. GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE ALTA CALIDAD Y PARA
TODOS.
Una de las primeras tareas de la nueva Asamblea Nacional será la reforma de la Ley Orgánica para garantizar que la Educación “está fundamentada en el derecho a todas las corrientes del pensamiento”. En el nivel superior se legislará para dar autonomía a todas las universidades públicas, empezando por la Universidad de la Fuerza Armada y la Universidad Bolivariana.
Se legislará para que el sistema nacional de becas vaya dirigido hacia las personas de menos recursos para que cursen estudios en instituciones de la más alta calidad en Venezuela y en el mundo.
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18. APOYAR UN SISTEMA DE SALUD EFICIENTE Y AL ALCANCE
DE TODOS, ASI COMO UN SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL
La Ley buscará dar cumplimiento al artículo 81 en el que se establece a la salud como derecho fundamental. La Ley consagrará la estabilidad en el trabajo de todos los médicos, cualquiera que sea su nacionalidad y el presupuesto incluirá partidas que permitan la construcción, dotación y mantenimiento de centros de atención médica.
En cuanto a la seguridad social, el Poder Legislativo tiene que cancelar la deuda que tiene con el país de un retraso injustificable en cuanto al establecimiento de un sistema de seguridad social que garantice los niveles de ingreso y la prestación de los servicios ante las circunstancias de la enfermedad, el retiro, el desempleo, la invalidez.
19. LEY DE AMNISTÍA Y REFORMA DE LA LEY PARA LAS
INHABILITACIONES POLÍTICAS.
Existe en Venezuela un número pequeño pero significativo de
presos políticos. No se trata de “políticos presos”. Son
venezolanos que se encuentran privados de libertad, bajo
acusaciones calumniosas o fantasiosas, por el mero hecho de
pensar distinto a quien nos gobierna, o por haber ejercido
derechos que la Constitución les otorga o como “justificación”
judicial de una deformación cobarde y politiquera de los hechos
del 11 de abril. Es potestad de la Asamblea “decretar
amnistías” (ordinal 5° del artículo 187) y así se hará. Se
reformará también la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República para que se cumpla el mandato constitucional en
virtud del cual la inhabilitación política sólo puede darse como
pena accesoria de una sentencia judicial.
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20. GARANTIZAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS
Es necesario dictar la Ley de Coordinación de la Jurisdicción Indígena con el Sistema Judicial del Estado, expresamente prevista por la Constitución (art. 260). Este atraso ha conducido al incremento de la invasión y el acoso de la primera, la indígena, por la segunda. La Asamblea debe investigar el retardo en la demarcación de las tierras ancestrales indígenas así como los conflictos generados entre indígenas y ganaderos debido a dicha falta de demarcación. Según mandato constitucional, la demarcación de las tierras indígenas tenía que haber estado ultimada en 2002, “dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución (Disposición Transitoria Decimosegunda de la misma).
Caracas, 15 de mayo de 2010
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