domingo, 30 de mayo de 2010

ENTREVISTA A ADRIANA VIGILANZA

"El próximo año gobernaciones y alcaldías estarán quebradas"


Si alguien se ha metido en el laberinto burocrático de la revolución para fijar el entramado legal que permite el ejercicio omnímodo del poder a través del control político y económico, esa es Adriana Vigilanza. Profesora universitaria, especialista en Derecho Tributario y paciente recopiladora de la estrategia jurídica para convertir un modelo descentralizado en reino de la autocracia, Vigilanza nos hace la crónica del paulatino desmantelamiento de la democracia venezolana: "La acumulación de poder por parte del Presidente viene operando con leyes aprobadas antes de la enmienda constitucional y violatorias de la Constitución. Ya desde el 2007 el diputado Darío Vivas se refería a la nueva geometría del poder. Pero constitucionalmente tú no puedes modificar las reglas porque las constituciones son reglas de reparto del poder político. Así, es posible establecer hasta dónde llega el poder de quien gobierna y hasta dónde los derechos de los ciudadanos y eso sólo es posible cambiarlo con una Asamblea Nacional Constituyente".

-¿Qué señalaba Vivas?

-Vivas hablaba de una nueva división político-territorial que incluye ciudades federales, comunales y espacios territoriales alejados de los centros poblados. También advertía que según la Constitución el territorio nacional está organizado en municipios y parroquias y que para darle paso a la nueva estructura territorial era necesario modificar el texto constitucional. Reconocía, así, la necesidad de dar ese paso para imponer la nueva geometría del poder e instrumentar lo que llamaba el Poder Popular.

-¿En qué consiste ese "Poder Popular"?

-Primero se debe decir que ese nuevo poder no tiene garantías de existencia ni en la reforma, ni en las leyes actuales, ni en la Constitución. Así, por ejemplo, tanto estados como municipios tienen establecido cómo se eligen sus autoridades, cuál es su órgano legislativo, las competencias y su fuente de recursos. Al Poder Popular nunca se le reconoce ese tipo de atribuciones en la Constitución. Eso quiere decir que pueden hacer con él lo que les dé la gana. De manera que no es ni poder, ni popular, porque no nace de sufragio ni de elección alguna. La intención es que las elecciones para designar a quien sea la autoridad de ese mal llamado poder no sea directa, sino a través de mecanismos que desemboquen en dirigentes, militantes y comisarios del PSUV.

-¿De dónde provienen los recursos para ese supuesto poder?

-Es muy seductor hablar de Poder Popular y decir a la gente que vamos a desbaratar alcaldías, gobernaciones, porque son estorbo entre tu Presidente y tú y yo te voy a dar reales directamente a ti. Pero ocurre que si la ley anterior de los consejos comunales establecía que sus recursos provenían del Fides (Fondo Intergubernamental para la Descentralización), de la Ley de Asignaciones Especiales (LAEE) y de los estados y municipios, ahora eliminaron Fides, eliminaron LAEE, pretenden acabar con gobernaciones y alcaldías, y a los consejos comunales, de acuerdo con la nueva ley (2009), no se les da ni una puya. Sólo se les asigna recursos no financieros, sin expresión monetaria. Si la forma de seducir al pueblo era ofrecerle dinero, ahora ni siquiera eso se contempla.

-Si eliminan el Fides, la LAEE y pretenden hacer lo mismo con alcaldías y gobernaciones, a quién se le dan esos recursos y quién los administra?

-El Presidente. Él es quien define la política del Consejo Federal de Gobierno y este va a controlar el denominado Fondo de Compensación Interterritorial. En la Constitución hay cuatro fuentes de recursos para alcaldías y gobernaciones: El Situado Constitucional, el Fondo de Compensación Interterritorial, las asignaciones económicas especiales y el Fondo de Compensación Macroeconómica. Anteriormente el Fides se nutría de la recaudación por concepto de IVA, pero la Ley del Consejo Federal de Gobierno no destina una sola fuente de ingresos al Fondo de Compensación Interterritorial. Eso quiere decir que quien controla el Consejo Federal controla los recursos y ese es el Presidente. El 15% de recaudación del IVA, que llegaba a gobernaciones, alcaldías y consejos comunales, queda ahora en manos del Presidente y él decide si los recursos bajan o no bajan; para quién bajan y para quién no.

-¿Qué pasa con el Fondo de Estabilización Macroeconómica?

-Lo han modificado cinco veces desde el 2003. Nutrido por los excedentes del incremento en el precio del barril petrolero, se suponía que debía destinarse para las generaciones futuras y para las épocas de vacas flacas. Las reformas las ordenó el Presidente para liberarse de la obligación de hacer los aportes de ley. De manera que ahora el Fondo sólo dispone de 800 millones de dólares. También vale la pena detenerse en el Situado, que se nutre de impuestos, regalías y dividendos de las empresas del Estado. Pues bien, ahora los dividendos van al llamado Fondo de Ingresos Excedentarios de los Entes del Sector Público, manejado por el Presidente. Por otra parte, los aportes por concepto de impuestos serán cada vez menores porque la economía privada está desapareciendo. Sólo queda la regalía petrolera.

-¿No tiene ahora Pdvsa la mayor autonomía para manejar sus ingresos?

-Antes debía venderle todos los dólares al Banco Central, pero ahora ya no tiene esa obligación, los dólares ingresan al Fonden y así se crea un presupuesto paralelo. Pero como ahora Pdvsa construye casas, financia misiones, comercializa alimentos y hace obras sociales, deduce todos esos gastos y paga mucho menos por concepto de impuesto sobre la renta, que es lo único que va al Situado. Secan todas las fuentes y el resultado es que el próximo año los estados y municipios estarán quebrados.

-Es decir, Chávez se queda con todo y el poder regional depende de él.

-Si en este momento el Situado asigna el 80% para el poder nacional y 20% para estados y municipios, de ahora en adelante quizás el poder central se queda con un 98%.

-¿Lo que está planteado, entonces, es la asfixia de gobernaciones y alcaldías?

-Absolutamente. Quizás alcaldes y gobernadores del chavismo crean que pueden estar tranquilos y que a ellos se les continuará asignando los recursos. Pero hay otros, como Henry Falcón, que han protestado porque están conscientes de la situación.

-En todo caso, ¿serán los consejos comunales los que asuman las funciones de alcaldías y gobernaciones?

-Eso es utópico, absurdo y se está anarquizando la prestación de servicios. Si con alcaldías y gobernaciones, que tienen sedes fijas, horario de trabajo y empleados con sueldo, tenemos problemas de calidad en los servicios públicos, ¿cómo será cuando estas funciones las asuman 333 consejos comunales? ¿A cuál puede dirigirse el ciudadano para que le solucionen un problema de aguas negras, de derrumbes, de huecos en la calle? Creo que asistiremos al deterioro absoluto de la calidad de vida porque esos organismos no podrán funcionar y mucho menos ahora, que no tienen recursos asignados por ley. Existen, además, absurdos, como la disposición, por ley, según la cual en cada consejo comunal debe estar un miliciano, cuya función es llevar a la Presidencia de la República información sobre lo que ocurre en el consejo comunal. De esa forma acabas con la distribución de poder porque nadie va a participar libremente en un consejo comunal donde hay un sapo dispuesto a traer y llevar información

-Pero esa nueva estructura de poder, en teoría, se vende muy bien porque el poder, al menos en teoría, radica en el pueblo y sin intermediarios de ninguna especie.

-Pero la verdad es que no hay una distribución de competencias. La descentralización que se plantea, a troche y moche, no es la que aparece en la Constitución. Allí queda claro que se debe garantizar la prestación eficaz de los servicios. Tú no le puedes transferir a un consejo comunal, por ejemplo, el servicio de alumbrado público porque se trata de una función compleja que deben manejar especialistas. Además, y esto es importante, el trabajo de quienes estén en los consejos comunales es voluntario y gratuito. No creo que en Venezuela haya mucha gente dispuesta a trabajar sin que le paguen. Si cuando te pagan lo haces mal, cómo será si no te pagan? La idea es acabar gobernaciones y alcaldías y asumir el control total de la Administración Pública.

Roberto Giusti
EL UNIVERSAL

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