CONSTITUYENTES DENUNCIAN QUEBRANTAMIENTO DEL ORDEN DEMOCRÁTICO
A LOS CIUDADANOS DE ESTA TIERRA Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
Nosotros, quienes integramos la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, expresamos, al pueblo venezolano, a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela y a la comunidad internacional, nuestra preocupación por la situación que vive la patria. Manifestamos indignación por el deterioro de la economía, angustia por las penurias en el ámbito social y pesar por el agravamiento de las tensiones políticas, todo lo cual configura un tiempo particularmente crítico en el curso de la historia del país. A la protesta de ciudadanos que demandan respuestas y soluciones a las necesidades sentidas de la población, se une el reclamo y las exigencias del concierto de las naciones que advierte sobre la violación de derechos humanos y la alteración del orden constitucional.
En nuestro país, en contra de los principios democráticos universales, hay una perniciosa confusión entre partido, gobierno y estado, lo cual subyuga a la persona que lo tolera y asfixia al ciudadano que se le opone. Los términos revolución y socialismo no están contemplados en el texto de la Carta Magna. El modelo de Estado Comunal no está previsto en nuestro texto fundamental. La Constitución que describe la nación federal y descentralizada, con el paso del tiempo y el peso aplastante del centralismo, se ha vuelto letra muerta.
Cuando el Poder Judicial confiere al Poder Ejecutivo las facultades que arrebata al Poder Legislativo estamos asistiendo al quebrantamiento del orden constitucional. Nuestro sistema político es presidencialista y establece la cooperación entre poderes, pero en modo alguno la sumisión o subordinación En Venezuela no existe ni separación, ni independencia de poderes y mucho menos equilibrio, sino servilismo y connivencia. Si era necesaria alguna demostración resulta suficiente, a confesión de partes relevo de pruebas, la insólita manera de abordar el caso de las sentencias del TSJ, lo cual puso en evidencia la falta de idoneidad de los magistrados, al pretender enmendar el entuerto mediante procedimientos distintos a los previstos en la constitución y las leyes.
Es fraudulento recurrir al expediente de la omisión legislativa mediante la tesis del supuesto desacato, para impedir que la correlación política de la alternativa democrática en la Asamblea Nacional ejerza la mayoría calificada. El retardo procesal, por parte del TSJ, en el caso de los diputados del Estado Amazonas, es una clara demostración de que la motivación no es impartir justicia sino obstruirla. En contraposición resulta sospechosa la celeridad para dictar medio centenar de sentencias contra la directiva de la AN, la inmunidad de sus diputados y para cercenar las competencias y atribuciones de los parlamentarios nacionales. La voluntad popular no puede desconocerse de un plumazo.
Recordamos que ni aún la declaratoria de estado de excepción suspende el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, ni interrumpe el funcionamiento de los órganos de los poderes públicos, ni exime a las autoridades del cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades. En esta hora de la patria cada quien está llamado a cumplir su deber. La propia carta fundamental nos convoca a defender su vigencia y a desconocer a quien menoscabe o vulnere principios, garantías y derechos consagrados en la constitución.
La crisis se ha incubado progresivamente y el proceso de deslegitimación está en pleno desarrollo, por lo que obstruir una eventual válvula de escape, mediante artimañas administrativas y subterfugios legales hará cualquier desenlace más difícil y traumático. Las detenciones arbitrarias, las inhabilitaciones administrativas y la vergonzosa existencia de presos políticos tornan cada día más compleja la delicada situación del país.
Lamentamos que haya sido confiscado el referéndum revocatorio como alternativa electoral y que resultara banalizado el recurso del diálogo como opción política a la crisis institucional. Es evidente que la gente eligió entre constitución y revolución. Al final la verdad siempre se impone por encima de la censura y la represión, por más que se pretenda ganar tiempo y por mucho que se intente desvirtuar la realidad. ¡Ante la inexistencia del Estado Social Derecho y de Justicia todos los ciudadanos estamos llamados el restablecimiento de la Constitución!
En Maracay, Abril de 2017
Los Constituyentes
Ricardo Combellas
Ernesto Alvarenga
Alberto Jordán Hernández
Antonio Di Giampaolo Bottini
Carlos Tablante
Haydee Brizuela
Reinaldo Rojas
Florencio Porras Echezuría
Jesús Molina Villegas
Froilán Barrios Nieves Geovanny Finol Fernández
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