COLLAGE SOBRE RÓMULO BETANCOURT (XXVII)
(Llegó la
dictadura: La Resistencia, el Exilio –III-)
CARLOS CANACHE MATA
Cuando a un pueblo
se le niega la vía cívica para decidir sobre la formación de los poderes
públcos y la elección de sus gobernantes, puede y debe recurrir al viejo
derecho a la rebelión. Eso fue lo que ocurrió el 18 de octubre de 1945. Y eso
fue lo que se puso a andar en octubre del año 1951. La historiadora Margarita
López Maya señala que Acción Democrática se había trazado “dos líneas de acción
política claramente distintas”, una era “la agitativa y/o callejera” y “el otro
camino es el insurrecional, en alianzas con diversas fuerzas militares
descontentas con el régimen” (1). En realidad, las dos actuaciones no eran
antagónicas, sino complementarias. Por su parte, el también historiador Ramón
J. Velásquez dice: “En verdad, está en marcha, aunque el gobierno, ni los
periódicos la mencionen, la tesis de ‘la rebelión civil’ sostenida por Alberto
Carnevali” (2). Carnevali, gran líder de la resistencia clandestina, escribió:
“Al lado de los demás partidos, Acción Democrática tiene señalado, por su
inflexible trayectoria revolucionaria y por su capacidad combativa, un papel
primordial en esta decisiva cruzada de la liberación nacional. Y para cumplirlo
honrosamente, propiciamos de la manera más resuelta un permanente estado de
rebelión civil, una indesmayable ofensiva de oposición popular…que logre abrir
un ancho cauce para el estallido de una vasta e incontenible insurrección
popular, a fin de que sean las honestas manos del pueblo las que despedacen
implacablemente el ya desquiciado aparato inmoral del absolutismo” (3).
El movimienton
insurreccional era de vasta extensión y había oficiales comprometidos en casi
todas las guarniciones del país. Rómulo Betancourt apunta: “Así era de tenso el
ambiente nacional cuando el 11 de octubre, en el suburbio caraqueño de
Maripérez, estalló una bomba de fabricación casera…Al día siguiente, los
periódicos de Caracas publicaron, sin comentario, un Comunicado oficial.
Afirmaba que la bomba del inesperado estallido estaba destinada a ‘actos de
terrorismo, cuyos objetivos son los funcionarios del Gobierno’. Para recargar
el cuadro y hacerlo más sombrío, agregó la versión oficial: ‘la casa donde se
produjo la explosión está situada a más o menos 300 metros de la Plaza Colón,
en la que se efectúan todos los años ceremonias oficiales con motivo del Día de
la Raza, con asistencia de las altas autoridades de la nación’ “ (4).
El movimiento, llegó a irrumpir en más de una
docena de lugares del territorio nacional, con toma de algunas jefaturas
civiles y asaltos a puestos militares en Río Caribe, Tinapuy, Tunapuicito y Saucedo,
Estado Sucre. Los estudiantes tomaron la Universidad Central de Caracas.
Fracasada la insurrección, la dictadura desató una feroz represión y las
cárceles se colmaron de presos, que eran sometidos a torturas.
Antes del
estallido del movimiento insurreccional arriba reseñado, la rebeldía
estudiantil se había manifestado en dos documentos dirigidos al Presidente –“el
cero entre dos ases de espada”, en palabras de Andrés Eloy Blanco- de la Junta
de Gobierno, doctor Germán Suárez Flamerich. En el primero, de fecha 18 de
diciembre de 1950, pedían “la libertad de los detenidos por razones políticas;
el retorno a nuestra tierra de los expulsados por iguales motivos; el cese del
allanamiento del hogar privado; la libertad de prensa, la de reunión y
asociación y el fin de las persecuciones motivadas por la expresión de las
diversas ideas políticas” (5). El segundo documento, de fecha 12 de junio de
1951, fue muy categórico: “Sin libertad de prensa; restringido el derecho de
reunión; condicionado arbitrariamente el derecho de asociación; intervenidos
ejecutivamente los grupos políticos legalizados…si bajo el imperio de tales
condiciones se lleva a cabo el proceso eleccionario anunciado, es evidente para
todos los venezolanos que los organismos surgidos de dicho proceso jamás podrán
representar legítimamente la voluntad popular” (6).
Un sector
importante del profesorado universitario, se sumó al reclamo estudiantil, en el
mes de marzo de 1951, solicitando “la restitución integral de las garantías
ciudadanas, suspendidas hace más de dos años, tiempo durante el cual la
sociedad venezolana se ha mantenido en permanente estado de desasosiego” (7).
La respuesta
oficial fue draconiana: destitución de las autoridades universitarias. A lo que
respondió el estudiantado con la huelga general.
Faltaba asestar el
sablazo final a la agonizante autonomía universitaria. La toga del “cero” y las
“espadas de los dos ases” se juntaron, en medio de las turbulencias del repudio estudiantil, y el día 18 de octubre
de 1951 dictaron el Decreto-ley mediante el cual se nombra un Consejo de
Reforma para la Universidad Central de Venezuela, integrado por cinco miembros,
que ordenó la inmediata suspensión de 131 estudiantes, cancelándoles la
inscripción por tres años, a unos, y por un año, a otros. Se derogó el Estatuto
Orgánico de las Universidades Nacionales, que consagraba su autonomía docente y
administrativa, el cual había sido promulgado en septiembre de 1946 por la
Junta Revolucionaria de Gobierno que presidió Rómulo Betancourt. Al día
siguiente de publicarse en la Gaceta Oficial el Decreto -réquiem de la autonomía universitaria- dictado por el trío usurpador del poder,
varios cientos de profesores de todas las Facultades, encabezados por los
ex-rectores Julio de Armas y Rafael Pizani, suscribieron un documento en el que
manifestaban que el estatuto universitario derogado era el “resultado de largos
años de lucha, de dedicación a las esforzadas tareas de la educación superior y
depurada meta que marcó época en la cultura de nuestro país” (8); y, además,
planteaban la reconsideración de dicho Decreto y hacían una serena y valiente
amenaza: “Estamos decididos a separarnos de los cargos docentes y de
investigación que venimos desempeñando, en el caso de que no se llegue a una
solución satisfactoria, que deje incólume la autonomía universitaria” (9). La
Federación de Centros Universitarios, igualmente, hizo un enérgico
pronunciamiento.
La Universidad
Central quedó clausurada hasta 1952. El 7 de febrero de 1952, los estudiantes
tomaron y ocuparon el edificio de la Universidad
Central, cerraron todas las puertas de acceso y tocaron a rebato las campanas;
ese mismo día, se produjo un fuerte enfrentamiento entre los estudiantes y
contingentes de policías y tropas, estos últimos derribaron las puertas de la
Alma Mater y apresaron a los ocupantes. Y el 22 de febrero de 1952, el Consejo
de Reforma, ante la imposibilidad de reanudar las actividades docentes, tuvo
que mantener el cierre de la Universidad Central. Hubo entonces una nueva
oleada de persecución contra los alumnos y los profesores universitarios, unos
fueron a la cárcel y otros fueron lanzados al exilio. La Unión Latinoamericana
de Universidades se dirigió a la Junta de Gobierno condenando la intervención y el atropello
contra nuestro máximo instituto de educación superior.
Se le infirió un
gran daño a la nación. En este sentido, el “alarde de mandonería” lo enjuició
Rómulo Betancourt, en estos términos: “(afectó) a millares de estudiantes
pobres, incapacitados para proseguir su educación profesional en el extranjero.
El perjuicio causado al país fue de incalculable valor, ya que es bien conocido
el déficit de personal especializado en las distintas ramas del saber que
existe en Venezuela” (10).
En los próximos
Collages, continuaremos la biografía de aquel “tiempo del desprecio”.
1-Margarita López
Maya. “Estudio Preliminar 1948-1952”. Antología Política. Volumen Quinto.
Fundación Rómulo Betancourt. Caracas, 2003. Página 14.
2-Ramón J.
Velásquez. “Aspectos de la Evolución Política de Venezuela en el Último Medio
Siglo”. Venezuela Moderna. Fundación Eugenio Mendoza. Caracas, 1976. Página
117.
3-Acción
Democrática en la Historia Contemporánea de Venezuela 1929-1991. Tomo II.
Acción Democrática y la democracia venezolaa 1945-1990. Ramón Rivas, editor. Páginas
122-123, de “Alberto Carnevali. A la Rebelión Civil llama Acción Democrática
1952”.
4-Rómulo
Betancourt. “Venezuela, política y petróleo”. Fondo de Cultura Económica. 1956.
Página 487.
5,6 y 7-Rómulo
Betancourt. Obra citada. 514-515.
8 y 9-Rómulo
Betancourt. Obra citada. Página 516.
10-Rómulo
Betancourt. Obra citada. Página 518-519.
-0-
No hay comentarios:
Publicar un comentario