Grupo La Colina

El cartel de “Márquez”

FELIPE ZULETA LLERAS

EL ESPECTADOR, BOGOTÁ

No me sorprendió para nada ver a Iván Márquez, al Paisa, Santrich, Romaña, el Zarco, John 40 y los demás declarándoles la guerra a los colombianos y anunciando que regresan a las armas. Desde que Santrich fue agarrado negociando el envío de diez toneladas de cocaína a los Estados Unidos, en compañía del sobrino de Márquez, sabíamos que estos criminales se volverían al monte a manejar desde allí sus negocios de narcotráfico.

Ese cuentico de que el Estado incumplió lo pactado no es otra cosa que una excusa para seguir en el negocio al que se venían dedicando hace años. Por eso le asiste la razón al presidente Duque cuando dice que estos delincuentes no son una nueva guerrilla, sino un grupo de narcotraficantes. Como tal deben ser perseguidos por las FF. MM. colombianas, si ello es posible porque las autoridades no tienen la menor duda de que están amparados por el dictador Maduro y su régimen corrupto.

Iván Márquez y sus secuaces le notifican al país que no piensan hacer secuestros, pero que van a buscar “colaboraciones” de los empresarios y agricultores. Eso en plata blanca quiere decir que se dedicarán a extorsionar, hacer terrorismo selectivo y proteger a toda costa su negocio de drogas. Son, en los términos de la ley, un GAO (grupo armado organizado residual).

De todo esto deben sacarse varias lecciones, para evitar que en el futuro los miembros de las Farc que sigan delinquiendo se puedan volar, como lo hizo Jesús Santrich, con decisiones y garantías judiciales que no siempre se les otorgan a los demás colombianos.

En el ojo del huracán queda la JEP, pues a pesar de que su presidenta, doctora Patricia Linares, sostiene que actuaron con estricto apego a la Constitución y a la ley, queda claro que esa jurisdicción no quedó bien montada. No estoy diciendo que se debe acabar, como pretenden algunos uribistas, pero sí se deberían revisar los procedimientos que la rigen. Hoy Iván Márquez y demás no han sido expulsados de la JEP aun cuando hay medidas cautelares que les permiten a las autoridades perseguirlos. A pesar de que salen armados hasta los dientes amenazando al país toca seguir los procedimientos. Así es la ley y los magistrados de la JEP no pueden hacer nada distinto.

Por eso sostengo que el caso de Jesús Santrich debe servirle al país para tomar medidas que eviten fugas futuras. La JEP se demoró meses para resolver un recurso interpuesto por la Procuraduría. Sin duda alguna se deberían revisar todos los procedimientos. De todos los errores y, tratándose de una jurisdicción nueva y de hechos derivados de un proceso de paz que nunca se había hecho, es claro que todos debemos aprender.

Por lo pronto, sabiendo que están siendo protegidos por Nicolás Maduro, el Gobierno colombiano debería pedirle a los Estados Unidos que le dé un ultimátum al dictador, pues se pone en peligro la seguridad nacional de nuestro país. Mientras estén en Venezuela, las autoridades no podrán combatirlos como corresponde.