Gehard Cartay Ramírez
Por donde se le analice, ese acuerdo entre el régimen y esa supuesta oposición -minoritaria, por lo demás- no tendrá efectos reales para una posible solución de la tragedia venezolana.
El régimen sabe que no son los interlocutores válidos y ellos mismos saben que no tienen la representación mayoritaria de la oposición venezolana que, a su vez, aglutina a la gran mayoría de los venezolanos.
Más allá de los denuestos y descalificaciones contra sus firmantes, esas negociaciones adolecen entonces de un importantísimo vicio de origen: se trata de dos minorías sin poder real para cambiar nada, mucho menos para producir una solución efectiva a la tragedia que sufre Venezuela por culpa de chavomadurismo.
Se trata de una negociación donde la mayoría de los venezolanos no está representada. Eso significa que no tienen mandato para hacer lo que anuncian, por una parte y, por la otra, que se están arrogando atribuciones que nadie les ha dado. Pero, además, más allá de sus propósitos reales, lo cierto es que los temas abordados en su declaración inicial despiertan todo tipo de sospechas. Veamos.
En primer lugar, al no plantear la necesaria realización de elecciones presidenciales cuanto antes, están reconociendo automáticamente al régimen de Maduro y los resultados de la farsa fraudulenta de los pretendidos comicios de mayo de 2018. No es poca cosa y dice mucho sobre la verdadera intencionalidad de tales negociaciones.
Tal vez esta circunstancia sea producto de que esos negociantes minoritarios opositores no creen que la superación de nuestra tragedia nacional pase por la necesaria y urgente salida del régimen de Maduro. Y esto es, desde luego, de suma gravedad. Porque si tal es su premisa básica entonces no tienen manera de legitimarse como facilitadores de una eventual solución de la crisis. Si tal es su convencimiento, resulta obvio que están a contracorriente de lo que piensa la mayoría de los venezolanos y de lo que, en realidad, constituye el presupuesto básico de toda solución: la sustitución inevitable del actual régimen, único causante de todas nuestras desgracias y problemas actuales.
Lo mismo sucede en cuanto a la designación de un nuevo CNE, atribución exclusiva de la Asamblea Nacional, pero que el régimen y su TSJ le han venido desconociendo tan sólo para no perder el control del organismo. Este asunto, como los demás, no ha sido asumido con claridad, con lo cual surgen otra vez las sospechas frente a esos autocalificados representantes opositores y la natural desconfianza en tales acuerdos. Se trata de un aspecto que, hasta ahora, ha sido tratado de manera opaca y nada transparente.
Otro asunto que también hace surgir justificadas reservas lo constituye el tema de las elecciones de la Asamblea Nacional que deberían celebrarse el año venidero, de acuerdo con la norma constitucional. Aquí se ha producido una extraña coincidencia entre los firmantes del acuerdo. Se trata, por cierto, de las únicas elecciones a que hacen referencia. No se necesita ser muy zahorí para darse cuenta de que tal punto viene siendo planteado insistentemente por el régimen y, por supuesto, no podría ser una simple coincidencia que ahora también lo hagan suyo quienes se autoproclaman opositores, y con tal carácter -y sin que, insisto, nadie les haya otorgado un mandato al efecto- han decidido asumir la conducción “opositora” para sentarse a negociar con la dictadura. Con razón algunos han recordado al respecto el apotegma que reza: “Piensa mal y acertarás…”
Curiosamente nada dicen tampoco sobre los 25 diputados opositores inhabilitados, presos y perseguidos por el régimen, ni sobre los tres parlamentarios del estado Amazonas, desconocidos desde sus inicios por el TSJ, tan sólo para que la oposición democrática no hiciera uso de las dos terceras partes que logró en las elecciones de 2015. No hay una sola referencia al desconocimiento continuado y perverso de la Asamblea Nacional que, desde su elección en 2015, han venido haciendo el régimen y su TSJ. Este es un silencio escandaloso y comprometedor, ciertamente. A propósito: la minoría opositora que se ha sentado negociar con el régimen apenas tiene ocho diputados en el parlamento venezolano.
Pero en este asunto la supuesta oposición que ahora negocia unilateralmente con Maduro y su cúpula no cuida ni siquiera las apariencias. Al plantear la necesidad de elegir la nueva Asamblea Nacional, nada dice sin embargo sobre la Constituyente fraudulenta del madurismo. Ese silencio equivale, sin duda, a un reconocimiento del parapeto que, en teoría, discute una nueva Constitución. ¿No resulta entonces también digno de sospecha que unos supuestos opositores callen ante esta situación y, en cambio, se pronuncien por la elección de un nuevo parlamento nacional? ¿Será acaso una exageración señalar que han hecho suya la estrategia del régimen para debilitar a la oposición mayoritaria y a su líder Juan Guaidó?
A este respecto, no creo que haga falta recordar que esos sectores que ahora se sientan en la mesa con el régimen fueron los mismos que le sirvieron de comparsa en el fraude de las pretendidas elecciones de 2018, en las que no participó la inmensa mayoría de los venezolanos. Con este antecedente y con su actitud de ahora no debería extrañarles la desconfianza con que el país ha recibido el anuncio de tales negociaciones. Tampoco debería sorprenderles su falta absoluta de credibilidad en tales actores y en los acuerdos a que puedan arribar con la dictadura.
En definitiva, ambos negociantes constituyen dos minorías de espaldas al país, sin poder real para producir una salida al conflicto que sufrimos los venezolanos.
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