TRINO MARQUEZ
El
encuentro del gobierno con varios partidos minoritarios con el fin de
constituir una mesa de diálogo y llegar a un conjunto de acuerdos, algunos de
los cuales entraron en vigencia, desató una larga cadena de críticas, no solo
de los ‘guerreros del teclado’, grupúsculo imposible de complacer, sino de analistas
muy sensatos, que tratan de interpretar el curso de la realidad nacional con el
cerebro, y no con las vísceras. Eduardo Fernández, quien venía trabajando con
parte del grupo firmante y a quien no puede calificársele de extremista, tomó
distancia de ese encuentro, con el estilo moderado que lo caracteriza.
Muchos de los cuestionamientos que se
han planteado son razonables. Ciertamente, los acuerdos firmados están llenos
de vacíos y contradicciones. El sector que se reunió con el gobierno es
minúsculo. Carece de representatividad parlamentaria y nacional. Apenas lo
conforman seis diputados. En las encuestas más confiables aparece con menos de
5% de respaldo popular.
En el documento se evita plantear una
nueva elección presidencial. Sin este componente, se rompe la conexión con los
agentes de la comunidad internacional más
activos: la Unión Europea, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto
Internacional. La inmensa mayoría de los países democráticos del mundo pusieron
en entredicho la validez de las elecciones de mayo de 2018. Henri Falcón, cuya
organización, Avanzada Progresista, censuró los resultados de esos comicios,
ahora se hace el desentendido. La incongruencia es obvia. Los firmantes del
pacto deberían saber que mientras Nicolás Maduro permanezca en Miraflores, será
imposible comenzar a solucionar los graves problemas que confronta la nación en
todos los órdenes. Vivimos en un régimen presidencialista en el cual la
Presidencia de la República es la llave maestra que sirve para destrabar
cualquier conflicto o para crear un obstáculo insalvable. El acuerdo eludió encarar
el principal reto nacional. Se quedó en las ramas.
En el pacto se habla de la
reincorporación de la bancada del Psuv a la Asamblea Nacional. El Presidente de
ese cuerpo es Juan Guaidó. ¿Significa, entonces, que el partido oficialista
aceptará el mandato del principal líder opositor de la actualidad? Nada indica que
estén dispuestos a tomarse ese purgante.
El retorno a la normalidad de la AN
tendría que significar la disolución de la Asamblea Constituyente, órgano
ilegítimo e inconstitucional que no ha sido reconocido por ninguna nación
importante del planeta, y una de las causas fundamentales del cuestionamiento a
los comicios del 20-M, pues en nombre de la supraconstitucionalidad que el
régimen le concedió, convocó esa cita electoral, violando las normas
establecidas en la Ley de Procesos Electorales.
¿Aceptará Diosdado Cabello, quien se atrincheró en la AC, ceder ante
Guaidó y el resto de la directiva de la AN? Ese pequeño detalle no lo dirime el
acuerdo.
La relación entre la AN y el TSJ tampoco
se aborda. El TSJ declaró a la AN en desacato. Le amputó todas sus competencias
contraloras. El Parlamento no puede interpelar a los ministros, ni a los jefes
de los otros poderes, ni al Presidente del Banco Central o de las empresas
públicas, ni a ningún alto funcionario porque el Jefe del Estado, amparado en
el dictamen del TSJ, lo impide. La Ley
de Emergencia Económica, cuya vigencia ya lleva cuatro años, despojó a la AN de
todas las competencias financieras. Ni siquiera está capacitado para discutir y
aprobar la Ley de Presupuesto Nacional.
La elección del nuevo CNE, tema que se
toca en el compromiso, debe realizarse en la AN. ¿Será en esa institución donde
se tomará la decisión, siguiendo las
pautas previstas en la Ley del Sufragio? Nada hay al respecto.
La liberación de los presos políticos
aparece como un hecho azaroso. Como una concesión graciosa por parte del
régimen. Afortunadamente, un dirigente tan curtido como Edgar Zambrano puso las
cosas en su sitio. Al momento de su liberación dijo que él nunca debió haber
estado detenido. Que se había tratado de un secuestro y de una violación al
principio universal de la inmunidad
parlamentaria, base de la labor legislativa en toda democracia representativa.
Se deslindó con claridad de toda fórmula colaboracionista o de gesto complaciente
con el régimen.
Las inconsistencias y lagunas existentes en el documento y la
forma como actuó ese grupo -a espaldas de la opinión pública nacional, de la
inmensa mayoría de los diputados de la AN, de la oposición que participó en la
ronda de Oslo y Barbados y del Reino de Noruega- cubren de sospechas razonables
el acuerdo. Aparece como una emboscada contra Juan Guaidó, dirigida a congraciarse con la élite entronizada en el poder, cuya
única preocupación es mantenerse indefinidamente en Miraflores. Tampoco la
comunidad internacional ha recibido con agrado la suscripción del acuerdo.
Existe la convicción de que se actuó con premeditación y alevosía para dinamitar
a Guaidó, y torpedear los esfuerzos que la oposición que goza de mayor respaldo
nacional y parlamentario había realizado en Oslo y Barbados, bajo los auspicios
de Noruega.
Se vieron demasiadas grietas en la Casa
Amarilla. Ahora la oposición queda más dividida y débil. El régimen se
atornilla y disfruta.
@trinomarquezc
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