La sentencia del TSJ sobre las universidades: El irreprimible afán por destruir
Humberto García Larralde
"Una política del resentimiento, el miedo y la ira. Ése es el esqueleto fascista: incitación a la violencia, un vulgar materialismo, un nacionalismo asfixiante, xenofobia, la necesidad de señalar chivos expiatorios, la banalización del arte, el odio por la vida intelectual y una feroz resistencia al cosmopolitismo.”
Rob Rieman [1]
Nada mejor que el epígrafe para entender el absurdo fallo de la sala constitucional del tsj (en minúscula todo, por lo írrito de su constitución y acción) ordenando elecciones en las universidades autónomas (públicas) en los próximos seis meses. Es menester señalar, en primer lugar, que en las universidades o prospectos de universidades que controla directamente, el fascismo nunca ha realizado elecciones: designa ejecutivamente al equipo rectoral por su lealtad política. El artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Educación chavista (base del fallo mencionado), alega que una “democracia participativa, protagónica” significa igual peso al voto de cada empleado, estudiante, egresado y profesor. Además de pervertir de forma absoluta el carácter académico que debe tener la designación de sus autoridades, constituye un pretexto increíblemente cínico, cuya invocación debería avergonzar a la ponente [2]. El avance del conocimiento científico, tecnológico y humanístico no obedece a procedimientos democráticos. La cura del cáncer, la derrota de la inflación o la composición de una cautivante obra literaria no se deciden por mayoría. Resultan de algo que el oscurantismo chavo-madurista aborrece: el talento y la creatividad.
Basta una mirada a algunos elementos de la LOE, aprobada en 2009, para apreciar la inquina del fascismo gobernante en contra de la educación. La “fuerza productiva” por excelencia hoy es el talento humano. Su aplicación generalizada es la base de la llamada Sociedad del Conocimiento de hoy. Pero en esta ley no hay referencia alguna a la necesidad de capacitar al país para afrontar exitosamente los desafíos de esta sociedad globalizada, ni a formar una ciudadanía universal, insertada ventajosamente en la generación y aprovechamiento de los avances científicos y tecnológicos de la humanidad. Por el contrario, la LOE prioriza los valores nacionales y los “saberes populares, artesanales y ancestrales”, elementos de una “venezolanidad” primitiva y restringida, aislada del mundo. [3] En las casi 10.000 palabras de la ley, la palabra “aprendizaje” (o “aprendizajes”) sólo aparece cuatro veces; la “escuela”, nueve veces y la palabra “enseñanza”, apenas cuatro veces. La insistencia en valores propios de un nacionalismo atávico, la ausencia de referencia a los desafíos de la sociedad del conocimiento moderna, los atisbos racistas que se asoman aquí y allá en esa ley, permite argüir el carácter retrógrado y oscurantista de la concepción “educativa” chavista.
Pero, además, con el absurdo esquema electoral del mencionado artículo 34.3 de la LOE, el fascismo saldría todavía más aplastado que en las elecciones universitarias realizadas conforme a la Ley de Universidades vigente: en ninguno de los cinco padrones electorales especificados ganaría (estudiantes, profesores, empleados, obreros, egresados). A pesar de la cantada intención de trampear cualquier elección que pudiese presentarse bajo esta pachotada, en absoluto pudiera legitimar su eventual “triunfo” en las circunstancias de hoy. No es ganar la universidad a través de un sistema electoral insensato lo que se pretende. Es simple y llanamente su destrucción.
El disparate jurídico del fallo –viola el art. 109 de la Constitución que consagra la autonomía universitaria; es extra petita, al sentenciar fuera de lo solicitado [4]; anula preceptos de la Ley de Universidades; y otros desatinos más, ampara la intención de destruir a nuestras más prestigiosas Casas de Estudio que siempre exhibió el chavismo. Poco a poco, cual “tragavenado” constrictora, fue estrechando ámbitos de gestión autónoma, reduciéndoles el presupuesto, atacándolas con bandas violentas que destruían equipos y enseres e intimidaban sus estudiantes, para finalmente, condenar a sus profesores con sueldos de hambre, obligando a muchos a buscar horizontes foráneos que podrían proporcionarle una vida digna.
El fascismo se alimenta del resentimiento, la envidia, la sed de venganza y los temores que resultan de la inseguridad que provocan los cambios asociados al progreso de la humanidad. No hay nada que lo amenace más que la búsqueda de la verdad, la contraposición de ideas, la asimilación crítica de los avances del pensamiento universal, el cultivo de la belleza, del respeto, la convivencia y la libertad. Son éstos, precisamente, los valores y fines que, precisamente, corresponde cultivar una verdadera universidad. El primitivismo, la ignorancia y la visión de secta que alimenta el oscurantismo –bases del imaginario castro-comunista y chavista– son su antítesis.
El único y verdadero sentido del fallo es terminar por destruir a la universidad venezolana de calidad, con todo lo que significa. De un régimen que se atrinchera invocando la violencia, el atraso y su divorcio de todo lo que huele a progreso y a libertad, no podía esperarse nada distinto.
Lo irracional del fascismo se pone de manifiesto, por demás, cuando en momentos en que está claramente de salida en Venezuela, en sus estertores finales y cada vez más arrinconado, decide abrirse un nuevo frente con este estúpido fallo, en vez de procurar acuerdos que les ofrezcan ciertas garantías a sus integrantes una vez se produzca la liberación del país. Invocando de nuevo la fábula de la rana y el escorpión: está en su naturaleza destruir.
[1] Para combatir esta era. Consideraciones urgentes sobre el fascismo y el humanismo. Penguin Random House, Grupo Editorial, 2017.
[2] La ponente del fallo fue Carmen Zuleta de Merchán
[3] La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la AN de entonces, María de Queipo, sostenía que “la sabiduría popular sobrepasa los saberes académicos”. Diario El Nacional, Pág. 5 Nación, 16/08/09
[4] Recurso de nulidad introducido por rectores de las universidades nacionales sobre el artículo 34.3 de la LOE.
Humberto García Larralde, economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com
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