Grupo La Colina

DONDE ESTAMOS PARADOS HOY

EDITORIAL Benigno Alarcón Deza

POLITIKA UCAB

Mientras el país atraviesa por unos de sus peores momentos, acosado por la pandemia del COVID-19 en lo que se ha conocido como la cepa brasileña que ha resultado mucho más contagiosa y letal que las dos primeras olas, la crisis política, social y económica pareciera no encontrar alivio pese a los procesos de negociación emprendidos por el gobierno con algunos actores políticos, empresariales y sociales que, pese a las expectativas y el entusiasmo que generaron entre algunos inicialmente, parecieran no terminar de concretarse, lamentablemente, en ningún acuerdo beneficioso para el país

Tal como preveíamos hace un año, el régimen continúa avanzando en su proceso de autocratización y estabilización pese a la pandemia, o más bien gracias a ella, en parte por haberle facilitado el control social y la desmovilización del país desde hace ya algo más de un año, cuando el 12 de marzo se había convocado a una nueva marcha hacia el Palacio Legislativo que Maduro detuvo con la declaración del Estado de Alerta, oficializado en la Gaceta Oficial del día siguiente, a lo que se sumó la desaparición casi total de la gasolina durante unos tres meses.

Ante este escenario, proyectando las tendencias de nuestras últimas mediciones, estimamos que nos encontramos en un país dividido en dos mitades, pero no las dos mitades en base a las cuales se hablaba de un país polarizado entre el chavismo y la oposición, considerando que hoy Maduro no cuenta con más de un 16% de apoyo, sino uno en el que un 50% de quienes se le oponen se han rendido, bien porque no ven salida a la situación y han decidido dejar de luchar y buscan como irse, o la aceptan como un destino irremediable que les obliga a adaptarse para sobrevivir, mientras el otro 50%, que no se ha rendido, se divide entre quienes ya no siguen a ningún liderazgo político y creen que la salida solo es posible por el ejercicio de la violencia, y quienes aún están dispuestos a luchar por otros medios, pero hoy están desmovilizados ante la ausencia de voces claras que indiquen el camino a seguir. En este escenario son los polos los que tienden a crecer, o sea quienes se rinden y quienes se radicalizan, lo que favorece al gobierno que se beneficia de la desmovilización de la mayoría, mientras que los que se radicalizan terminan por facilitarle la justificación para ejercer la represión selectivamente contra ellos mismos.

El liderazgo democrático contaría como piso de apoyo para una propuesta creíble, que hoy no existe, con alrededor de un 30%, además de la posibilidad de sumar una parte muy importante de quienes consideran irse del país y de quienes hoy no ven más opción que mimetizarse para sobrevivir, lo que sumado supera por mucho a más de la mitad del país. Está una proporción muy grande de venezolanos que son rescatables para la lucha democrática en la medida que exista una propuesta creíble que cambie sus expectativas y les devuelva la esperanza de que sí se puede. 

Lograr esto implica la construcción de consensos en torno a un replanteamiento radical de la estrategia democrática. Si, por el contrario, seguimos haciendo lo mismo, el 2021 será, irremediablemente, un año para el régimen que continuará avanzando, ante la confusión y parálisis de buena parte del liderazgo pro-democrático y la inercia del país, en su fortalecimiento y autocratización.

La estrategia del régimen

Mientras tanto el régimen avanza en su estrategia de dividir para gobernar en base a represión selectiva, negociaciones sectoriales y elecciones controladas. 

Considerando que la legitimación electoral continúa siendo importante para Maduro, la única forma de ganar una elección para el régimen es dividiendo a la oposición de manera tal que ninguno de sus pedazos sea mayor al oficialismo. Para ello, el oficialismo inició desde el año pasado negociaciones con actores y partidos políticos minoritarios con la finalidad de cooptarlos bajo la promesa de facilitarles el camino para ocupar el espacio de los partidos mayoritarios de oposición, para lo cual inhabilitó a estos últimos mediante su intervención judicial y aumentó el tamaño de la torta electoral a ser distribuida con la creación inconstitucional de 110 curules adicionales que atrajeron unas 14.000 postulaciones, produciendo una dispersión sin precedentes del voto opositor que le dio al gobierno más del 90% de los diputados de la Asamblea Nacional. 

De cara a las elecciones de este año, todo indica que la estrategia avanzaría de manera similar, manteniéndose la intervención de los partidos mayoritarios hasta la fecha de la elección , o al menos, lo suficiente como para que no tengan oportunidad de reorganizase para una elección, mientras se negocia con partidos y actores políticos a los que se le bajan las barreras para facilitar su participación en unas elecciones regionales y municipales que, por su naturaleza, tienden a generar un clientelismo mucho mayor que unas parlamentarias, con lo que puede esperarse una mayor proliferación de candidaturas y de dispersión del voto. 

A esto se suma el control del organismo electoral, lo que ha generado grandes expectativas entre las organizaciones que han postulado candidatos, aunque no cabe esperar grandes concesiones considerando que el partido de gobierno tiene, por sí solo, los votos que necesita para imponer los rectores que regirán los procesos electorales de los próximos años, que son claves para su permanencia en el poder más allá del 2024.

Asimismo, la estrategia de dividir para gobernar continúa avanzando no solo mediante negociaciones con actores políticos, sino también con algunos empresarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil que, en unos casos por el pragmatismo que impone la supervivencia y en otros convencidos de que sus habilidades para negociar superan las de quienes les han precedido en los intentos del Vaticano, República Dominicana, Oslo y Barbados, han preferido buscar vías para la comunicación directa que, al menos hasta ahora, no se han materializado en resultados concretos que beneficien al país.

La pandemia como toma de rehenes 

Ente las victorias tempranas que esperaban obtener quienes negocian con el gobierno, y que todos desearíamos ver concretarse, está lo relacionado con las vacunas que, a pesar de lucir conveniente para un gobierno que culpa a las sanciones impuestas por la comunidad internacional por no poder contar con los recursos para comprarlas y comenzar el proceso de vacunación, continúan en el congelador junto a las soluciones propuestas, mientras las cifras de contagio crecen exponencialmente y el gobierno usa la tragedia como una toma de rehenes en la que el secuestrador responsabiliza a quien debe pagar el rescate por la vida del secuestrado. 

El problema para el gobierno es que el uso de la crisis sanitaria, que amenaza no solo a Venezuela sino al resto de los países y en especial a los fronterizos, carece de credibilidad hacia lo externo, en donde hay disposición para ayudar con este problema y se conocen bien los recursos con los que cuenta o no el gobierno, y hacia lo interno en donde son bien conocidas las ofertas internas y externas para avanzar con la vacunación, así como las capacidades del gobierno para lidiar con crisis más costosas, como la de la gasolina, cuando le interesa hacerlo.

Esto hace que la instrumentalización de la pandemia como parte de una campaña contra las sanciones, no sea sostenible por mucho tiempo, como suele suceder con una toma de rehenes, en donde cada vida sacrificada reduce la capacidad de negociar y empeora las consecuencias para el secuestrador, con el agravante de que en este caso el secuestrador no puede escoger a quien sacrifica, sino que la expansión de la pandemia es una ruleta rusa que gira contra todos. 

Los acuerdos tempranos

A todo evento, pese a que los tiempos en el avance de la pandemia corren contra el gobierno, resulta evidente su poca disposición a permitir un acuerdo que se traduzca en eso que algunos llaman una victoria temprana, y ni tan siquiera a compartir créditos con actores internos ajenos al régimen en el momento que se decida implementar un plan de vacunación, considerando que ello haría evidente sus debilidades al tiempo que posicionaría a otros que podrían convertirse luego en un problema.

Ello no quiere decir que no hay posibilidad alguna de acuerdo con el gobierno. Como decíamos en un editorial anterior, sí hay posibilidades de acuerdo en aquellos asuntos en los que el gobierno necesita de la cooperación de otros actores para obtener algo mejor que lo que puede tener por sus propios medios, lo que deja por fuera aquellos temas que tienen que ver con el control del poder.

El problema de las negociaciones sectoriales es que se producen en condiciones de asimetría entre el gobierno y los sectores que negocian con éste, que además enfrentan los problema típicos de acción colectiva, lo cual más que acuerdos, termina produciendo concesiones individualizadas que son revocables, y que funcionan como incentivos o penalidades que controla quien tiene el poder, y que no pueden institucionalizarse como garantías plenas porque se perdería el poder para manejar un modelo clientelar cuya lógica es esencialmente la de un modelo de prisionero.  

El problema de la negociación política es que no hay para el gobierno una alternativa negociada que supere lo que controla sin necesidad de negociar. La negociación en estos casos no es un ejercicio entre socios que quieren trabajar juntos, ni puede abordarse de manera ingenua. Estos casos solo pueden resolverse cambiando la estructura del juego de manera tal que se le reste valor a las alternativas que el gobierno tiene fuera de la mesa de negociación o agregando valor al acuerdo, lo cual luce difícil cuando se trata de negociar el poder con quien lo controla, al menos que haya una amenaza creíble a su sustentabilidad.

El rol de las sanciones, en estos casos, es precisamente eliminar o reducir el valor de las alternativas con las que el gobierno cuenta fuera de la mesa de negociación, para así lograr que un acuerdo negociado sea más atractivo para el régimen que intentar mantener el statu quo. El dilema de la comunidad internacional está en como implementar un esquema de sanciones que logre tal efecto evitando que el gobierno transfiriera sus costos a la población. 

Tal situación implica que no hay negociación real sin antes cambiar la estructura del juego entre gobierno y oposición desde una situación de asimetría a una de simetría que obligue al gobierno a considerar la conveniencia de un acuerdo negociado ante la posibilidad real de que la negativa a cooperar termine produciendo un resultado mucho menos deseable. En este sentido, caen en un error quienes colocan al conflicto y la negociación como dos alternativas mutuamente excluyentes, cuando en realidad son las dos caras de una misma moneda. Se negocia porque hay un conflicto que empeora las alternativas fuera de la mesa de negociación. Si no hay un conflicto o existe la capacidad para derrotar a la contraparte, no existe razón alguna para negociar el poder. 

El tablero internacional

En un escenario en el que el gobierno siente que ha retomado el control, tras la amenaza que implicó la alianza Trump-Guaidó y el reconocimiento internacional al gobierno interino, es poco probable que el gobierno acceda a las demandas europeas para avanzar hacia elecciones libres y democráticas. Es así como nos encontramos ante un tablero internacional en el que Europa y los Estados Unidos tienden a alinearse de un lado y Maduro y los autoritarismo que le apoyan del otro. Ello implicará un mayor aislamiento de Venezuela de parte de la comunidad internacional democrática, al tiempo que se profundizan las  relaciones de cooperación con otros regímenes autoritarios como el de Rusia, Cuba, Turquía e Irán. 

En un escenario como éste, la comunidad internacional pro-democrática está forzada a jugar dos roles que pueden resultar mutuamente excluyentes, el de mediador y el de contraparte. El de mediador entre el gobierno y la oposición en un proceso de negociación asimétrico para facilitar los acuerdos necesarios que permitan avances hacia una transición política, cuando las condiciones lo permitan, como lo que se ha venido intentando a través de la mediación noruega. Y el de contraparte, como alianza democrática dispuesta a negociar, pero también a utilizar su poder para colocarse en una posición de mayor simetría frente al gobierno para elevar los costos al intento de consolidación de su hegemonía y obligándole a considerar la conveniencia de una solución negociada. Evidentemente, ambos roles no pueden ser ejercidos por los mismos actores internacionales, pero lucen complementarios para poder alcanzar una solución negociada.  

A todo evento, la comunidad internacional no puede avanzar en la construcción de una transición democrática en Venezuela limitándose a las sanciones y a la acción diplomática si no se construyen las condiciones internas para ello, por lo que la coordinación con el liderazgo local es un asunto esencial. En tal sentido, no hay ninguna duda de que uno de los retos políticos más inmediatos es definir una estrategia coordinada que retome la movilización interna y aumente los costos de represión de cara al intento oficialista de consolidar su poder a través de las próximas elecciones regionales y municipales. 

Tampoco hay mayor duda en que tal estrategia debe considerar la lucha por el derecho a elegir, cuyas condiciones nunca serán las ideales mientras no vivamos en democracia, pero que por sí misma constituye un factor movilizador tanto a lo interno como para los aliados internacionales, entre la que no debería haber diferencias en relación a tal prioridad.