Grupo La Colina

ALIMENTOS CONTAMINADOS, GOBIERNO PODRIDO

FREDDY RÍOS

La pérdida de 23.000 toneladas de alimentos depositados en 1.300 contenedores en Puerto Cabello, constituye una prueba fehaciente de la corrupción política del régimen, con su correspondiente vinculación con delitos de crimen organizado.

Doce años de destrucción

Una de las características del fascismo rojo incapaz, ignorante, irresponsable, mentiroso, incompetente y mal administrador, ha sido la destrucción del aparato productivo nacional – público y privado – que ha convertido al país en poli-dependiente de una economía de puertos. Tal es el estado de caos que se maneja, que el mismo Fidel ha confesado públicamente que es el trader de la revolución, es decir, el agente de compras de su hijo Ztebánovich; con mayor precisión, Fidel es un vulgar comisionista del capitalismo multinacional.

El cluster agroindustrial ha sido completamente demolido, pulverizado, como consecuencia de las invasiones, estatizaciones y confiscaciones. El cuento de la soberanía alimentaria está enterrado en la “ruta de la empanada” con los “gallineros verticales” y los cultivos organopónicos. Venezuela es el gran promotor de las exportaciones de otros países, de productos agrícolas subsidiados. En doce años el valor de las importaciones del sector se incrementó de 1,7 a 7,5 millardos de dólares, algo más del 16% de las importaciones totales del país. Si se le agregan los insumos requeridos para producción agroindustrial (insecticidas, plaguicidas, envases, plástico, vidrio, papel y cartón, maquinaria, repuestos, etc) alcanza a más del 20%. El fracaso del régimen en el sector es la consecuencia de carencia de políticas públicas; no hay política agropecuaria, ni industrial, ni comercial, ni aduanera, ni arancelaria. Se implementan sueños trasnochados, verbalizados en los “Aló Presidente”, pero el verbo no se hizo carne.

La confiscación de la seguridad jurídica

El Artículo 115 de la Constitución establece: “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de los bienes. La propiedad está sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante el pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.” No obstante, los tres principios constitucionales que norman los derechos económicos, son confiscados por el Presidente de la República con la complicidad de los jerarcas de los demás poderes del Estado, además en violación del Artículo 116, el cual con meridiana claridad establece que “No se decretarán ni ejecutarán expropiaciones”, y que ello sólo es posible por vía de excepción “mediante sentencia firme”, o cuando se trate de los bienes producto de la corrupción o del tráfico de drogas.

Así las cosas no puede existir duda que no hay Estado de Derecho, que la autocracia militarera no cree ni practica aquello que la política tiene, ética y moral; se pretende imponer un régimen personalista con prácticas y acciones propias del fascismo staliniano al amparo de un proyecto cuyo único sustento es la sentencia: “con la Revolución todo, fuera de la Revolución nada”. Por higiene colectiva y calificándolo apropiadamente es: “con la robolución todo, fuera de la robolución nada”. Actúan los personeros del régimen con absoluta impunidad, ni siquiera son mafias, sino más bien son como los “maras”, que alguien definiera con desprecio, pero con realismo, como “bastardos de la sociedad que los apretujó en la esquina del rechazo y los embarró de envidia, deseo y ambición, escupiéndoles la ignorancia y la falta de amor”. En este estado de cosas no puede haber inversión nacional ni extranjera, han cerrado sus santamarías en estos doce años más de 7.000 empresas. Sólo en el período 2005-2009 han sido expropiadas 762 unidades productivas.

Los contenedores contaminados

La logística del cluster alimenticio es complicada. El tratamiento de los productos en la cadena logística requiere de los avances de la tecnología de alimentos, en la cual desde los productos frescos y perecederos, hasta los productos terminados, necesitan condiciones especiales de transporte, almacenamiento y distribución, donde la cadena del frío juega un papel de relevante importancia, a objeto de evitar la infestación, infectación y contaminación. A ello hay que añadirle los efectos que tiene para la salud pública la fecha de vencimiento de los mismos y las condiciones en que los alimentos son mantenidos hasta su venta al consumidor. El anuncio de los voceros gubernamentales acerca de que “reprocesarán los alimentos depositados en Puerto Cabello” constituye un delito de acuerdo a la legislación sanitaria vigente en el país y en los acuerdos internacionales suscritos por Venezuela. En lugar de venderlos en Mercal debían ser utilizados para la alimentación en Miraflores, a la oficialidad rojita de los cuarteles, a los cubanos infiltrados en el país y a los familiares de los jerarcas del régimen, para que corran los riesgos que sufrirían los pobres que consumirían esta basura.

Los altos funcionarios y la “Chavurguesía mara”

Ztebánovich le ha asignado a PDVSA responsabilidades ajenas a su negocio principal. La ha convertido en la “todera” de la administración pública, un inmenso “macuto” al cual el Presidente le asigna cualquier tipo de funciones para las cuales no tiene la experticia necesaria. En el caso de Puerto Cabello, los 1.300 contenedores y las 23.000 toneladas de alimentos fueron depositados en CEALCO, filial de PDVSA, cuya distribuidora también filial es PDVAL, en cuya operación presumiblemente actuó Bariven o PDVSA Services, alimentos presuntamente destinados a Mercal, pero que la banda “los invisibles” mantuvo ocultos de la mira de los funcionarios competentes en materia sanitaria durante 4 meses.

Valdría la pena hurgar, para establecer las responsabilidades a que haya lugar. ¿Quien fue el consignatario de las mercancías?. Debe puntualizarse que existe un acto administrativo mediante el cual las importaciones del gobierno están liberadas del pago de derechos e impuestos de importación, del régimen legal y otros requisitos que deben cumplir todos los consignatarios de mercancías. Además debería determinarse si dichas compras fueron licitadas. ¿Cuál fuente gubernamental proveyó las divisas?¿Se otorgaron Certificados de No Producción o Producción Insuficiente?¿Se presentaron los registros, certificados y permisos sanitarios?¿estaban amparados por licencia de importación?¿cumplían las normas de etiquetado?. Las respuestas a estas interrogantes no las tiene SEBIN. El camino de la búsqueda y determinación de responsabilidades por las transgresiones y presuntos delitos cometidos, le corresponde a la Fiscalía y a la Contraloría General de la República.

A lo anterior debe agregarse una coletilla interesante. Es presumible que en la importación de carne argentina con cargo al Fondo Fiduciario argentino-venezolano, haya actuado un angelito investigado por la justicia de varios países, el cual fuera nombrado por el Presidente como “Asesor energético”, llamado Julio De Vido, socio del “virolo” K, cuyo operador es otro angelito, el hombre de la maleta, Claudio Uberti, ambos denunciados por Eduardo Sadous, ex embajador de Argentina en Venezuela, denuncias ratificadas por el mismo ante un tribunal de Buenos Aires.

La huella forense

Los delitos siempre dejan huella y más aquellos que están vinculados a las importaciones, por su conexión con el contrabando, la corrupción, la legitimación de capitales y el crimen organizado.

Para confirmar lo anterior basta con tratar de comprender que los 1.300 contenedores de 20 o 40 pies, miden 6 y 12 metros de longitud respectivamente; para un ejercicio que sirva de ejemplo, promediémoslos a 9 metros cada uno, lo cual significa que colocados uno a continuación del otro harían una fila de casi 12 kilómetros. ¿Cómo es posible que ninguno de los funcionarios que tiene cargos de jefatura o de gerencia para actuar en las aduanas haya percibido el daño de todo orden que se le estaba haciendo al país, en especial a los pobres, a quienes deben ir destinados los alimentos? Si se quiere llegar a establecer responsabilidades éste es un aspecto fundamental para cualquier investigación.

El Régimen Legal de los alimentos

Lo anterior nos lleva a concluir que no es posible que el affair de Puerto Cabello, se deba solamente a ignorancia e incompetencia, presumimos que el guiso tiene que haber sido aderezado por la corrupción y aquí además queda para los organismos investigadores una interesante huella auditable documentaria, para comprobar la evidencia de la comisión de ilícitos, administrativos, o penales.

La importación de alimentos está sometida – cuando corresponda, de acuerdo a su especie y clase, sean frescos, refrigerados, congelados, secos o deshidratados, conservados en soluciones temporales, o envasados –, al cumplimiento de una serie de requisitos administrativos previos a la importación. Algunos requieren permisos de los Ministerios de Salud y Desarrollo Social, de Comercio, de Agricultura y Tierras, o de la Alimentación. Otros requieren Certificado de Libre Venta o Sanitario del país de origen, administrados por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, o el Ministerio de Agricultura y Tierras. Otros requieren licencias de importación, otorgadas por el Ministerio de la Alimentación, o el Ministerio de Comercio. Consecuencia de lo expresado es que las distintas autoridades competentes que actúan en las aduanas marítimas, aéreas y terrestres, tienen la obligación, coordinadas por la autoridad aduanera, de no tan solo hacer cumplir el Régimen Legal, sino la legislación especial para la cual tiene competencia. A la aduana le corresponde supervisar que Bolivariana de Puertos y los almacenes de CEALCO, así como los funcionarios de otros organismos cumplan con dicho Régimen y con la legislación aduanera. Los alimentos, invisibles hasta ser encontrados por SEBIN, estaban en abandono legal hacía más de 3 meses y el Gerente de la Aduana ha debido actuar en consecuencia. Una legisladora de Carabobo había denunciado los hechos con anterioridad y ningún organismo investigó la veracidad de la denuncia.

De suyo lo anterior nos lleva a una serie de interrogantes. ¿Por qué el gerente de CEALCO permitió la ocurrencia de los hechos? ¿Qué supervisión efectúan PDVSA y PDVAL sobre las importaciones de alimentos y sobre CEALCO? ¿Por qué no cumplieron con sus obligaciones los inspectores sanitarios de los diferentes ministerios?¿Por qué la aduana no controló el almacenamiento de CEALCO?¿Permitió la aduana el almacenamiento sin la debida documentación?¿Si la aduana tenía la documentación por qué no actuó?¿Donde estaba la Guardia Nacional en funciones de resguardo aduanero?¿Por qué en su último “Aló Presidente”, éste tiende con su silencio un manto de impunidad sobre este escándalo y los perjuicios consecuenciales, que afectan principalmente a los sectores de más escasos recursos que él dice empoderar y representar?.

Las respuestas a estas interrogantes revelan la existencia de una organización piramidal que realiza todo tipo de negocios al margen de la ley, que no puede tener otro objetivo que el enriquecimiento ilícito de los participantes, en todo el proceso que se origina con una orden de compra y que termina con la distribución de los productos importados.

Al final vale la pena interrogarse ¿La destrucción del aparato productivo nacional – público y privado – está planificada para enriquecer a una nueva clase y no constituye un problema ideológico, sino una estrategia diseñada para mantener el poder?. Hoy la dura realidad es el desabastecimiento alimentario y la inflación galopante, con un alto desempleo en el sector. En el camino queda el sueño imposible, predicado por largos años, que las crisis externas no nos afectan porque la autarquía roja lograría la soberanía alimentaria. ¡Vayan a lavarse ese paltó!