Tras la primera vuelta de las elecciones en Colombia todo parece indicar que Juan Manuel Santos, el heredero de Uribe y uno de los artífices de su política de seguridad, alcanzará la presidencia. ¿Cuál será uno de sus grandes retos? Acabar con el embargo comercial impuesto por Venezuela, que está minando la economía colombiana. Pero Chávez no se lo va a poner nada fácil.
La victoria de Juan Manuel Santos en la primera vuelta de las elecciones colombianas del pasado domingo y el considerable porcentaje alcanzado por Antanas Mockus y el novísimo Partido Verde agrupado en torno a él, significan que mucho más del 80% del electorado aprueba la vigorosa y sostenida acción militar que ejerce el Estado colombiano sobre las FARC desde 2000.
Esto se ve confirmado en el hecho de que ninguno de los candidatos en liza ofreció suspender una política que privilegia los éxitos militares y el conteo de bajas enemigas. Todos, a excepción de Santos, hablaron de ejecutarla con estricta observancia de los derechos humanos.
Los escándalos suscitados por la revelación, a finales de 2008, de prácticas criminales atribuidas a altos oficiales del Ejército, no parecieron afectar la decisión del 46% de los electores colombianos de votar a Santos. Para muchos es obvio que una vez que, como todo parece indicar, éste alcance la presidencia no tendrá motivo para conducir de modo diferente la política militar de la que ha sido el oficiante más conspicuo. Para ponderar las perspectivas que se abren a Santos en este momento, conviene reparar en el legado de Álvaro Uribe.
Después de ocho años en el cargo, Uribe ha logrado reducir a la mitad el número de homicidios que anualmente se cometen en Colombia. Con quince mil muertes violentas al año –cifra todavía espeluznante–, el país se percibe a sí mismo relativamente más seguro de lo que era a comienzos de la década. Asimismo, la industria del secuestro, otrora emblema de la inseguridad reinante hace ocho años, se ha visto forzada a mudarse a la vecina Venezuela: la seguridad democrática ha logrado reducir sus víctimas anuales en más del 90%.
El desempeño de Santos como ministro de Defensa no ha estado exento de altibajos y ha signado, en más de un sentido, la saliente Administración Uribe.
El espectacular rescate de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, en julio de 2008, realizado bajo la directa conducción de Santos no logró, empero, mitigar las duras respuestas diplomáticas que dieron Ecuador y Venezuela, países fronterizos con gobiernos políticamente afines, a raíz del bombardeo que en marzo de ese mismo año dio cuenta del segundo hombre en la jerarquía de las FARC, Raúl Reyes.
Como obstinada secuela de aquella acción bélica, Santos deberá enfrentar el embargo económico impuesto a Colombia por Hugo Chávez, y que ha significado el desplome del intercambio comercial con el país vecino. Al ser Venezuela el segundo destino de las exportaciones colombianas, después de EE UU, las pérdidas para el sector privado, tras dos años de embargo, rayan en los tres mil millones de dólares (unos 2.500 millones de euros). He aquí uno de los problemas más complejos que el futuro presidente colombiano tendrá que afrontar desde el primer día de mandato.
En efecto, el apoyo más decidido a Santos proviene del sector privado que, sin duda alguna, presionará por una resolución del impasse con Caracas. Chávez, a su vez, ha amenazado con no levantar el embargo si Santos gana las elecciones.
El apoyo más decidido a Santos proviene del sector privado que, sin duda alguna, presionará por una resolución del impasse con Caracas | ||||||
Si bien el heredero de Uribe se ha mostrado dispuesto a entablar un diálogo con Chávez, encaminado a abrir de nuevo la frontera comercial, no se ve claro cómo el archienemigo de las FARC, el hombre que liquidó a Raúl Reyes, podrá dialogar de modo constructivo con quien la cancillería colombiana describe como el más contumaz aliado hemisférico de la organización narcoterrorista.
Las relaciones comerciales con Venezuela, con la que Colombia tiene una frontera viva de más de mil kilómetros, son cruciales para una economía que a causa del embargo venezolano ve amenazada la meta fijada por Uribe de lograr un 2,5% de crecimiento del PIB en 2010.
El paro, que ronda un insostenible 12%, y una economía informal que se calcula recluta al 60% de la fuerza laboral, añaden urgencia al trazado de planes sociales que Uribe –ungido por una popularidad sin precedentes– pudo desechar al tiempo que aumentaba el impuesto de guerra en un país de cuarenta y cinco millones de habitantes donde doce millones viven bajo el umbral de la pobreza y más de seis en condiciones paupérrimas.
El candidato por el Partido de la U ha anunciado una total reorganización ministerial que aumentará en varias carteras el gabinete, pero no se avizora ningún cambio en Defensa en la que ratificaría al actual ministro, Gabriel Silva. Este hecho subraya la consolidación del tratado militar con EE UU, que concede al vecino del norte el uso de media docena de bases militares en territorio colombiano. La firma de este acuerdo, objetado por muchos países suramericanos, incluido Brasil, no trajo consigo la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Washington, tal como Uribe esperaba.
De este modo, Santos se apresta a presidir una Colombia económicamente disminuida, urgida de inversión social y enfrentada al formidable incordio encarnado en Hugo Chávez.
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