El costo de la indiferencia
ALBERTO QUIRÓS CORRADI
Cuando hagamos el balance de los 14 años de desgobierno, los ciudadanos debemos hacer un mea culpa colectivo por los abusos y desmanes tolerados. Una sociedad como la venezolana, acostumbrada a 40 años de libertad y democracia, no tenía por qué someterse a los caprichos de un autócrata. No debía haber dejado que los individuos y las instituciones fuesen vapuleados por un régimen a todas luces éticamente deteriorado en su moralidad, obviamente incompetente y visiblemente corrupto.
Como sociedad hemos permitido lo inaceptable. ¿Qué democracia hubiese permitido el despido de más de 20.000 trabajadores petroleros? La flor y nata de sus gerentes y técnicos. El incumplimiento de todos los planes anunciados varias veces por Pdvsa. La pérdida de 1 millón de barriles diarios de producción. La falta de mantenimiento de sus instalaciones. La entrega de grandes volúmenes de petróleo bajo condiciones económicamente inaceptables.
La corrupción y el manejo de sus finanzas e inversiones sin licitación, con comisiones obscenas cobradas por intermediarios y representantes de los gerentes. El enriquecimiento grosero y visible del oficialismo con cuentas repletas de dólares en el exterior. Casas, yates, vehículos de lujo, joyas, trajes de marca y fiestas para las cuales se contratan a artistas famosos. Nunca, ni aun bajo la Venezuela llamada saudita de Carlos Andrés Pérez, se habían visto exhibiciones milmillonarias como las de ahora. Nunca gobierno alguno había permitido un asalto a los bienes públicos como el actual.
Nunca había habido tanta disponibilidad a la orden de los corruptos ni tanta impunidad. Pero tampoco había habido tanta indiferencia ciudadana ni tanta tolerancia pública con los desmanes de un régimen.
Confiscaron pequeñas y medianas empresas privadas que le daban servicios esenciales a Pdvsa. Emplearon trabajadores sin revisar su grado de instrucción. Le impusieron nuevas responsabilidades y obligaciones que nada tenían que ver con el negocio petrolero. Desviaron la mitad de los ingresos petroleros a fondos manejados a la sola discreción del Presidente y al hacerlo les birlaron a las regiones los dineros que constitucionalmente le correspondían. De paso, mediante presiones fiscales indebidas y otras medidas, acabaron con más de 6.000 empresas productivas. Disminuyeron la producción del campo, aumentando groseramente las importaciones de alimentos y dejaron a gran parte de la población sin vivienda.
El resultado de la desidia, la improvisación y la corrupción oficial está a la vista.
Muertes en Amuay. Desabastecimiento de comestibles y medicinas. Miles de venezolanos hacinados en edificios, hoteles y oficinas no aptas para sustituir una vivienda digna. Deterioro total de los servicios de luz y agua. Carreteras intransitables, hospitales y escuelas totalmente deterioradas.
Proyectos inconclusos y un largo cúmulo de promesas incumplidas. Los ciudadanos de este país tenemos la obligación de reaccionar ante lo que nunca hemos debido aceptar. En el siglo XXI nadie debe vivir bajo la influencia y los caprichos de un solo hombre.
El 7 de octubre no vamos a votar para sustituir a un gobierno por otro. ¡No! Vamos a recuperar en los comicios la dignidad perdida por nuestra propia indiferencia ante un estado de cosas que ninguna sociedad que se respete debería haber tolerado. Es inexplicable que hayamos permitido 14 años de abusos, insultos y la confiscación de nuestros derechos ciudadanos.
Menos mal que para los pueblos nunca es tarde para recuperar su autoestima.
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