Grupo La Colina

Crisis económica y gobierno ineficaz

pensarenvenezuela.org.ve

Martes, 21 de septiembre de 2010

Nunca antes se usó el BCV para financiar un enorme nivel de gasto extra-presupuestario cuyas consecuencias inflacionarias sobre el régimen cambiario no tienen precedentes

La crisis económica de Venezuela no es coyuntural

Venezuela vive una crisis económica profunda. Estamos sufriendo una severa contracción de la economía acompañada de alta inflación, en medio de un aumento del precio promedio de la cesta de exportación petrolera, la cual alcanzó los US$70 por barril en el primer semestre de 2010. El precio promedio en 2007 fue US$64,74. Ese año el crecimiento económico fue de 8,2%, estimulado por el gasto público financiado con petróleo y uso fiscal indebido de parte de las reservas internacionales del BCV, a través de los fondos de gasto extra-presupuestarios. La inflación estaba en alza en el 2007 y fue de 22,5%. En el primer semestre de 2010 cayó la economía, 3,5%, y la inflación anualizada del 2010 es de 30%, a pesar de la recesión. Es evidente que ya no existe la simple relación directa entre un precio del petróleo más alto y una mayor actividad económica venezolana, ni tampoco existe un limitado control gubernamental sobre la presión inflacionaria, ni han podido organizar un mercado cambiario funcional y estable. Los problemas y las distorsiones económicas acumuladas, la sorprendente desviación de más de 50% de los ingresos por exportación de PDVSA a fondos y cuentas en el exterior y los errores de política gubernamental cometidos en base a la orientación ideológica socialista radical, han empeorado substancialmente la situación de Venezuela. De modo que esta crisis no obedece exclusivamente a políticas económicas desacertadas sino a una conducción gubernamental y concepción ideológica errada. Se trata de una crisis económica causada simultáneamente con el deterioro de instituciones públicas, las cuales ahora funcionan peor (como el Banco Central de Venezuela) o son deliberadamente convertidas en entes inoperantes por el gobierno del presidente Hugo Chávez (como es el caso del fondo de estabilización macroeconómica).

El Gobierno viene intentando imponer el llamado “Socialismo del siglo XXI”, un régimen semejante en teoría, discurso y objetivos - tanto en el plano económico como en las aspiraciones políticas - al socialismo real o socialismo marxista, fracasado en el siglo pasado. Las palabras de Fidel Castro así lo confirmaron, el socialismo del siglo XXI es “el que el propio Carlos Marx definió como el comunismo”. Esta es una grave advertencia sobre la escasa disposición gubernamental a un manejo económico moderno.

El espíritu y letra de la Constitución de 1999 se ha esgrimido hasta ahora como una restricción, pero el Gobierno insiste en excesos de naturaleza ideológica o administrativa.

De las naciones que asumieron el socialismo marxista en el siglo XX (en transición hacia el comunismo), quedan Cuba y Corea del Norte, países bajo gobiernos autoritarios, convertidos en dinastías familiares, sin democracia verdadera y con sus pueblos sometidos a un largo proceso de deterioro económico y social. Claramente, no son ejemplos de sistema económico o político a seguir para ninguna nación del mundo.

Pero el dogmatismo ideológico marxista está profundamente enraizado en un grupo importante de los responsables de dirigir el gobierno del presidente Chávez.

El deterioro del aparato productivo nacional y de las instituciones económicas - en particular las fiscales y monetarias - colocadas en función de un proyecto político e ideológico desfasado con la realidad, llevan a que aspectos centrales de la crisis no sean pasajeros o coyunturales. Se abre la posibilidad de un estancamiento prolongado, bajo las características ya observadas: pérdida creciente en la eficiencia productiva de las empresas privadas y públicas, alzas sostenidas de precios, salarios reales bajos, elevada corrupción, alta desigualdad social y masivo endeudamiento público.

La restricción de las libertades políticas y económicas hace aún más difícil la problemática económica y social, pues el esfuerzo gubernamental se centra en la comunicación, la propaganda ideológica y lamentablemente llega a perjudicar la credibilidad en el proceso de generación de las estadísticas económicas, para aparentar una mejor situación socioeconómica de la que realmente existe ahora en Venezuela. Esta conducta del Gobierno intenta reducir el espacio democrático e información confiable para los debates nacionales sobre temas de interés de los venezolanos.

Los estudios de opinión a nivel nacional que han evaluado durante varios años la percepción de la población sobre el sistema político y económico propuesto por el Gobierno para Venezuela, indican que la mayoría, incluyendo una gran parte de los seguidores del oficialismo, desean democracia y gasto social, pero rechazan un sistema político y económico de orientación marxista/comunista. Al menos dos tercios de la población rechazan los signos de rumbo autoritario, extremismo ideológico fuera de la Constitución (Estado Comunal) y conflictos con países vecinos, que se intentan imponer.

Se debe recordar que en el siglo XXI, gobiernos de izquierda, que dan prioridad a enfrentar la desigualdad y la exclusión social, no se identifican con la doctrina comunista, autoritaria en lo político y monopolizadora de la actividad económica, definida en forma simplista como “medios de producción”. Tampoco asumen la política como “lucha de clases”.

Esto sólo ocurre hoy en Venezuela. La sensatez económica en nuestro tiempo no está reñida con la sensibilidad social.

II. Menor producción, ineficacia gubernamental y elevada corrupción

La pérdida de la eficacia productiva y del potencial de producción en toda la economía nacional se ha convertido en un grave problema para la recuperación de la actividad productiva nacional, la generación de empleos estables y mejores remuneraciones a los trabajadores que no sean menguadas por la inflación. En Guayana, las empresas básicas han reducido fuertemente su producción y su capacidad potencial en 2010. Además, están operando con fuertes pérdidas lo que impide la nueva y necesaria inversión y la renovación tecnológica.

Algunas empresas estatales subsisten con transferencias limitadas de recursos desde el Gobierno Central, el Fondo Chino (préstamo a ser pagado a futuro con petróleo) o utilizando las diferencias entre los tipos de cambio para transacciones oscuras de dudosa legalidad.

Todo ello ha repercutido negativamente en el establecimiento productivo nacional, público y privado, que de una u otra forma está ligado a las empresas básicas. Se ha generalizado la práctica de vender productos de empresas estatales a intermediarios, sean empresas privadas o comunales, que luego especulan con los precios finales, como es el caso de la cabilla y el cemento, insumos básicos para la construcción, industria ésta duramente afectada por la recesión y que podría generar cientos de miles de nuevos empleos.

El sector eléctrico estatizado sufre la mayor crisis de la historia por falta de previsión, mantenimiento e inversiones reales y eficaces; la cual todavía no se ha superado.

La infraestructura vial y de transporte está deteriorada y sin expansión, a pesar de abultadas

partidas presupuestarias en años recientes cuyo destino final se desconoce. El sector agrícola se encuentra seriamente golpeado por la política de expropiaciones, confiscaciones e importaciones masivas por parte del Estado; por los controles de precios, rezagados respecto a la presión inflacionaria sobre los costos, y su potencial productivo también se ha reducido drásticamente. En este sector la gran mayoría de las nuevas unidades estatales de producción han fracasado o representan un pequeño porcentaje del consumo nacional. Hoy, según la información de las cámaras de productores de bienes agropecuarios, entre 50-70 por ciento de diversos rubros alimenticios básicos de la dieta del venezolano son importados.

Algo similar, con menor intensidad, ocurre en el sector industrial. La tasa de desempleo creció debido a la recesión, el empleo no estatal se inclina hacia el sector informal y esconde el subempleo con pocas horas de trabajo a la semana, en actividades de supervivencia, mientras que el empleo público se ha elevado, vinculado más a las actividades clientelares del Gobierno que a un verdadero esfuerzo de aumentar la calidad y cantidad de bienes y servicios públicos.

Se ha debilitado al extremo la administración pública - en especial la absoluta mayoría de las empresas estatales, antiguas o recién adquiridas - a causa del poco profesionalismo, la politización y la escasa transparencia en la rendición de cuentas; lo cual ha sido un estímulo a la corrupción y a la búsqueda de rentas de grupos organizados.

El caso de PDVAL, con la pérdida de grandes cantidades de alimentos y transacciones oscuras, es revelador; el mal ejemplo de corrupción con impunidad en casos notorios como éste y otros termina por influir adversamente en la administración gubernamental, lo cual ha permitido conformar grandes grupos organizados de corrupción sistemática y generalizada. El régimen de control de cambios, tal como se ha confirmado en la experiencia venezolana e internacional, es un factor de promoción de amplia corrupción y mayor desigualdad, el cual hace mucho daño a la sociedad y la capacidad productiva nacional.

III. Hay soluciones para los problemas económicos venezolanos

De continuar en el rumbo trazado desde el Gobierno no se puede esperar una recuperación económica sólida. Por el contrario, es de esperar una alta inestabilidad económica, observable en el producto y el empleo, con aumentos de la producción que serían transitorios, dependientes de la asignación de divisas, y el agotamiento de los inventarios, pero, cayendo con frecuencia en períodos de estancamiento. El deterioro del ingreso familiar, reducido por una alta inflación (que desde 2007 se ha ubicado entre 20% y 30% anual) contra la cual no hay políticas coherentes que la reduzcan, incide desfavorablemente sobre el consumo y la calidad de vida de los hogares venezolanos. Además, la escasa generación de empleos, decadencia de servicios públicos por falta de inversión y mantenimiento y la escasez de productos de consumo e insumos industriales, crean un ambiente de decadencia generalizada.

Lo previsible es una regresión gradual, con un fuerte impacto negativo en el bienestar colectivo, particularmente, sobre los sectores más pobres de la población. Los economistas conocemos bien las causas, medios y consecuencias de la dependencia de la renta petrolera como un rasgo de la sociedad, la economía y el funcionamiento del Estado venezolano. También conocemos las peores distorsiones inducidas por este problema central - subdesarrollo productivo y amplia corrupción - sobre el resto de la economía por los usos equivocados de la renta petrolera. La política social es muy necesaria en un país con pobreza extrema y una población sin nuevas oportunidades de trabajo productivo, vulnerable ante la inflación y los precarios servicios públicos. Se requiere, además, ofrecerle al país una política

económica que genere empleos estables para los jóvenes venezolanos que salen al mercado de trabajo cada año y hacer realidad un proceso sostenido de desarrollo social y económico de largo plazo.

Hoy sabemos mucho más tanto en la teoría como en la práctica - Venezuela es un caso clásico

en la literatura económica sobre economías petroleras - sobre cómo la renta de un recurso

natural puede ser desviada y hacer daño a la base económica de una nación. Luego de 50 años de estabilidad económica 1925-75, aunque sin diversificación exitosa del petróleo, se realizaron cambios negativos que afectaron adversamente la estabilidad fiscal y cambiaria, aumentó las debilidades en sectores productivos como agricultura, minería, industria y servicios; generó periódicas crisis cambiarias y un empobrecedor proceso inflacionario que llega hasta nuestros días, cuando el país sufre una de las más altas tasas de inflación anual del mundo.

Entendemos bien las nefastas consecuencias del crecimiento desmedido del Estado clientelar e ineficaz, de la creciente deuda pública externa, de tolerar la corrupción en el alto gobierno, la cual se imita en los restantes niveles de la administración pública. El peso de la deuda pública externa se eleva en forma acelerada: los bonos, las diversas modalidades de ventas de petróleo a futuro contra dinero en efectivo para gasto inmediato, los mega-prestamos sin discusión ni aprobación en la Asamblea Nacional, los pasivos del BCV y contingentes por estatizaciones pendientes, permiten estimar en aproximadamente US$ 112.000 millones la deuda pública externa para finales de 2010. Estas obligaciones externas pesarán sobre los recursos limitados del Estado venezolano y su capacidad de proveer en el futuro programas sociales y servicios públicos de calidad. Un proyecto político fallido está comprometiendo los recursos estatales disponibles para atender las necesidades sociales de los venezolanos en el futuro cercano. El declive económico y la pobreza han sido resultados directos del proceso político actual de manejo de la renta petrolera y del fomento de la actitud rentista en una amplia gama de actividades públicas y privadas. Antes y ahora, el populismo y el clientelismo han sido financiados con los recursos petroleros, a pesar de que actualmente se ha llegado a límites desconocidos, nunca antes vistos en la historia del país, al usar al BCV para financiar monetariamente un enorme nivel de gasto extra-presupuestario cuyas consecuencias inflacionarias y desestabilizadoras sobre el régimen cambiario no tienen precedentes. Cambiar la forma de hacer política económica para rectificar implicará también cambios en la forma de hacer política en Venezuela.

Los economistas hemos propuesto soluciones para los diversos e interconectados problemas económicos del país, pero estas soluciones son y han sido rechazadas en los últimos años por una ideología de socialismo radical, que, contra la tendencia universal y sin sustento intelectual novedoso, arrastra a Venezuela al fracaso económico y social.

IV. La urgencia de nuevas condiciones políticas y económicas para superar la crisis

Las naciones no superan estas grandes dificultades con discursos voluntaristas, ni con programas ideológicos fracasados como el socialismo marxista, así cuenten con apoyo de enormes recursos petroleros. A medida que toda la nación padezca de problemas derivados de la situación económica sintetizada en este documento, habrá mayor exigencia popular para gobernar bien y superar la crisis. Ello exigirá una respuesta política y económica que debe procurar un amplio respaldo social. América Latina avanza en el plano económico y social, dejando atrás los males de inflación crónica, empobrecimiento masivo y corrupción sistemática. Venezuela es el único país de las siete mayores economías de la región que no ha realizado una rectificación de fondo en materia económica. El punto inicial en esta dirección de grandes cambios es tener una Asamblea Nacional plural, que pueda discutir abiertamente las soluciones a los problemas económicos y sociales de Venezuela. Por ese camino de la participación se pueden seguir diversas vías para ayudar a detener el proceso de deterioro institucional y socioeconómico que padece el país. La ideología del gobierno del presidente Chávez ha sido tremendamente costosa para Venezuela en términos de atraso económico, con clientelismo asociado a gasto público, que ahora pretende dar a la población abrumada por problemas económicos e inseguridad pública una falsa sensación de “riqueza y abundancia”.

El gran desafío nacional para los próximos años es alcanzar un cambio de rumbo que permita implementar un programa de transformación económico-social-político para toda la nación, capaz de superar la crisis económica en sus aspectos estructurales y coyunturales, y que pueda enrumbar al país por una trayectoria de crecimiento económico con inclusión social de sectores marginados, reducción de la pobreza y la desigualdad. La política social funciona mucho más eficazmente para sacar a grandes sectores de la pobreza, cuando hay crecimiento de la producción, empleos productivos y sueldos y salarios con poder de compra en ambiente de baja inflación.

Un punto de partida para este cambio es alcanzar una nueva Asamblea Nacional, plural, y

democrática.

Suscrito por 26 economistas:

HUMBERTO GARCIA LARRALDE, ANGEL GARCIA BANCHS. ORLANDO OCHOA ADICEA CASTILLO

JOSE GUERRA, PATRICIA HERNANDEZ, LUIS CARLOS PALACIOS, PABLO POLO

HECTOR MALAVE MATA, DOUGLAS RAMIREZ, HECTOR SILVA MICHELENA, EDISON MORALES

TEODORO PETKOFF, DOMINGO SIFONTES, SARY LEVY, NEURO VILLALOBOS

PEDRO PALMA, FRANCISCO FARACO, JOSE MANUEL PUENTE, GUSTAVO ROJAS

RONALD BALZA, CARLOS RAFAEL SILVA, LUIS BELTRÁN PETROSSINI, ISAAC MENCIA

JESUS CASIQUE, ALCIDES VILLALBA