Grupo La Colina

24 DE JUNIO DE 2012

El mal desempeño de Lugo hartó a los paraguayos

ABC

Ante las dudas o bien el abierto rechazo manifestado por algunos países acerca del proceso institucional registrado en el Paraguay entre los días jueves y viernes de la semana pasada, que derivó en la destitución del expresidente Fernando Lugo y la asunción en su reemplazo del doctor Federico Franco, es preciso puntualizar que nuestro país se ciñó estrictamente a las disposiciones constitucionales que establecen la sucesión presidencial y garantizan la preservación del orden democrático.

En el Paraguay no se produjo ninguna ruptura del orden constitucional. En virtud del artículo 225 de la Constitución Nacional, el presidente fue sometido a juicio político. Este se sometió al mismo, según lo declaró desde el inicio, “con todas sus consecuencias”. En esa misma tesitura, acató su resultado.

Las Fuerzas Armadas respetaron el proceso civil y aceptaron, como corresponde, el fallo de las instituciones administradas por sus legítimas autoridades. El país está en calma y el nuevo presidente de la República goza del respaldo ampliamente mayoritario de los partidos políticos. ¿Dónde está, pues, el quiebre, la ruptura o la amenaza contra la democracia?

Por lo tanto, pretender aplicar al Paraguay medidas extremas y sanciones internacionales desproporcionadas o revanchistas, como su eventual expulsión de organismos regionales o bien la aplicación de ignominiosos bloqueos políticos, económicos y comerciales, es desconocer completamente no solo el marco jurídico interno que rige nuestra convivencia nacional, sino también avasallar la soberanía nacional y, sobre todo, desconocer la profunda descomposición institucional que el país atravesaba durante la administración del ex presidente Lugo.

Sin duda, en relación con los sucesos históricos recientemente registrados en el Paraguay, algunos países con seguridad adoptarán una postura política guiados por la afinidad ideológica de sus propios mandatarios –como es de prever en el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina–. Sin embargo, otros, menos fanatizados y con mayor sensatez, asumirán patrones de conducta más considerados con las normas de convivencia pacífica y respetuosa de la soberanía contenida en el derecho internacional.

Lo que en ninguno de los casos puede desconocerse es que el pueblo paraguayo, de manera mayoritaria, retiró su confianza al presidente Fernando Lugo por la forma irresponsable, arbitraria y abusiva en que este manejaba los importantes asuntos del Estado. Es de suponer que los embajadores de los países amigos acreditados en el nuestro estaban y están perfectamente informados de lo que aquí venía sucediendo y sucede. Por lo tanto, no nos podemos explicar cómo pueden considerar que todo lo que sucedió aquí la semana pasada carece completamente de valor democrático. Considerarlo así es, cuando menos, tener una interpretación sesgada de la realidad.

Nadie puede desconocer ni desmentir que Fernando Lugo incurrió en mal desempeño de sus funciones. Desde el comienzo engañó al pueblo paraguayo. No existe ninguna forma de ocultar, disminuir u obviar la enorme desilusión sufrida en la Semana Santa de 2009 por esa ciudadanía que, después de haberle otorgado su respaldo político en abril de 2008 a un exobispo de la Iglesia Católica, al que se suponía de vida y costumbres íntegras, descubre que este la había estado burlando miserablemente; que le había ocultado la verdad de su comprometida situación personal al solo efecto de conquistar su voto y acceder al poder. Esto constituyó un fraude alevoso a la buena fe de la gente, porque manipuló la imagen de una institución venerada del pueblo en beneficio personal.

Inmediatamente después de acceder al poder, Fernando Lugo comenzó a demostrar sus controvertidos “métodos” de gobierno, reflejo de su superficial concepción de lo que debe ser el manejo de los importantes asuntos del Estado. La forma arbitraria, desdorosa y maleducada como, en forma reiterativa, produjo el cambio de muchos de sus importantes colaboradores es una muestra de ello: echaba a sus ministros y asistentes más cercanos vía mensajes de texto, por teléfono, estando estos en plenas giras internacionales o, incluso, minutos después de haberlos “confirmado” en sus respectivos cargos, sembrando así el desconcierto e inmerecida humillación entre aquellos que lo rodeaban.

Produjo sin ton ni son una cadena de sucesivos y arbitrarios descabezamientos de las cúpulas militares y policiales, generando en el seno de la fuerza pública un pernicioso estado de incertidumbre, y tratando de forzar el sometimiento de los altos mandos castrenses a una inaceptable ideologización bolivariana. Esta estrategia quedó al descubierto desde un mismo comienzo, cuando las instalaciones del Comando de Ingeniería fueron utilizadas para la realización de un acto de juventudes izquierdistas, en lo que debe ser considerado como el más descarado intento por politizar a las Fuerzas Armadas de la Nación desde la época de la tiranía stronista.

La mayoría de sus promesas electorales fueron incumplidas. Después de haber prometido que impulsaría una “reforma agraria integral”, sentando en una misma mesa de diálogo a todos los involucrados en la sensible problemática rural, se abocó sistemáticamente a avivar los ánimos violentos de los grupos más radicalizados –dejando de lado incluso a las organizaciones campesinas más históricas y tradicionales– para que estos invadieran propiedades privadas a lo largo y ancho del territorio nacional, sembrando de esta forma, él y sus seguidores más cercanos, un constante clima de enfrentamiento entre hermanos y promoviendo la discordia y la lucha de clases, figura expresamente prohibida por la Constitución.

Los “brasiguayos”, los japoneses y en general todas las colectividades extranjeras productoras radicadas en el país fueron y son constantemente objeto de atropellos violentos por parte de campesinos paraguayos azuzados por los esbirros del expresidente.

Pero, además, ¿cómo desconocer los excesos cometidos por el exmandatario en lo que respecta al manejo transparente de la cosa pública, su falta de compromiso con una real y efectiva lucha contra la corrupción? El despilfarro de fondos públicos siguió impunemente en las entidades binacionales de Itaipú y Yacyretá.

Además, en actitud ostensible y condenablemente nepotista, puso el aparato estatal al servicio de su vida personal, repartiendo “generosamente” cargos con importantes retribuciones salariales a sus familiares directos, incluso ordenando contratar en puestos públicos a mujeres con las que tenía hijos no reconocidos, como saltó a luz recientemente. ¿Cuánto habrá tenido que pagar el pueblo paraguayo para que Fernando Lugo mantuviera a sus hijos, para que ocultara la aparición de nuevos casos de filiación o la irrupción de más escándalos sobre su desordenada vida personal?

En suma, la lista es extensa, y no pretendemos aquí agotarla completamente. Solo preguntamos a los señores representantes de la comunidad internacional, a los países amigos y a sus presidentes: ¿cuánto tiempo tolerarían ellos un mandatario que se comportara de esta forma?

Estamos convencidos de que la presidenta Dilma Rousseff o el presidente José “Pepe” Mujica nunca procedería de esta forma. De la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, desde luego, no cabe esperar que se sorprenda, ya que ella no solamente se comportaría de manera similar, sino que acentuaría aun más los excesos y las arbitrariedades, concentrando cada vez más poder político para seguir burlándose de su pueblo y hostigando a sus adversarios políticos.

El mundo tiene que saber que el pueblo paraguayo se hartó de las inconductas del presidente Fernando Lugo, de sus abusos, de su torpeza y de su patética falta de dotes para liderar la República.

La ciudadanía perdió, pues, con justa razón, la confianza en él, como persona y como gobernante.

También nuestro diario, que apostó por él, se sintió defraudado. En este marco, es lógico que todo haya acabado como finalmente concluyó, con el legal desplazamiento del señor Fernando Lugo Méndez del poder, y la entrega de la conducción del país a quien constitucionalmente correspondía.

Los paraguayos hemos tomado esta libre decisión por justificadas razones, y nadie en el exterior debería sentirse ofendido porque hayamos actuado como la conciencia nos dictaba y el derecho nos asistía.