Juan Manuel Trak – 15 de enero de 2016
Politika UCAB
Los resultados de las elecciones legislativas del 6 de diciembre son un hito en el proceso político venezolano actual. La victoria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por 56,27%, frente al 40,84% del Gran Polo Patriótico, dibuja un panorama político complejo en los meses por venir; sobre todo porque el sistema electoral diseñado por el chavismo en 2009 se le ha revertido en esta elección, produciendo la sobrerrepresentación de la oposición en la Asamblea Nacional – 67% de los escaños.
Lo anterior conduce inexorablemente a un conflicto entre la nueva Asamblea Nacional y el resto de los poderes públicos. La nueva correlación de fuerzas en el parlamento permite a la fracción parlamentaria de la MUD llevar adelante un conjunto de iniciativas sin la necesidad de lograr acuerdos con el partido de gobierno, entre ellas: convocar referéndum revocatorio, reforma constitucional o una constituyente, interpelar y sancionar al Vicepresidente y los ministros, negar créditos adicionales, investigar casos de corrupción. Esta situación coloca al PSUV y sus aliados en una posición defensiva cuya única estrategia posible es desconocer las decisiones provenientes de la nueva AN.
En este contexto, los poderes públicos, nombrados de manera irregular por la Asamblea anterior, se erigen como enclaves institucionales en donde el PSUV se refugiará con el fin de justificar la deslegitimación de las decisiones del parlamento entrante. Así, tanto el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como el Poder Moral funcionarán como instancias legitimadoras de la desobediencia del gobierno a la Asamblea Nacional.
Ahora bien, más allá de los elementos jurídicos de fondo, en términos políticos el gobierno buscará sustituir las funciones de la Asamblea Nacional a través de una institucionalidad paralela –como lo ha hecho en el pasado. De allí la premura del gobierno para implantar un parlamento comunal, el cual tratará de legitimar sus acciones a través de una “verdadera representación del pueblo”, vaciando de competencias a la Asamblea Nacional. De manera consecuente, la sala constitucional del TSJ dotará “legalidad” a las decisiones de este parlamento cooptado por el PSUV o, incluso, se abrogará funciones legislativas que no le corresponden; lo que supondría un autogolpe que daría al traste con lo que queda de la democracia representativa en el país.
Ante este escenario, la derrota del gobierno en las elecciones legislativas acelera el proceso de autocratización del país. La naturaleza política de la Revolución Bolivariana no es capaz de procesar la fragmentación del poder, la moderación y la tolerancia propias de la democracia. De allí que su única alternativa sea la radicalización de un proyecto político que usó las elecciones mientras servían a sus intereses, pero que ahora le suponen una amenaza para su permanencia en el poder. Así las cosas, el país con más elecciones en América Latina en los últimos 15 años, es precisamente el que más riesgos tiene de perder la democracia en la región.
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