jueves, 14 de enero de 2016

Tengo derecho a defender mi honor y el de todos los amazonenses
 
         
Gobernador Liborio Guarulla pide al MP que se investiguen acusaciones que lo desprestigian por presuntas irregularidades administrativas vinculadas con los comicios parlamentarios

Prensa Unidad Venezuela (Caracas, 13 de enero de 2016).- El gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, acudió este miércoles a Ministerio Público, tal cual había anunciado, para solicitar que se investigue la legitimidad o no de las acusaciones que aluden tanto al despacho que dirige como a su persona, en torno a la presunta compra de votos en las pasadas elecciones legislativas, así como las anomalías procedimentales que señalan los demandantes.

“Desde el 6 de diciembre se han venido sembrando pruebas de manera irregular contra quienes grabaron en diferentes oportunidades; luego, hacen un montaje y crean una identidad falsa de Victoria Franchi, afirmando que es la secretaria general del ejecutivo que encabezo, cuando se trata una obrera contratada que ejerció funciones políticas el día del sufragio. En todo caso, no se cuenta con videos que la involucren”, expresó, al aclarar que la profesora jubilada Maruja Espinoza es, en realidad, la persona que ocupa tal cargo, a quien también “están sometiendo al escarnio público, lanzándola a la basura”.

El jefe del ejecutivo de Puerto Ayacucho manifestó que la titular del Ministerio Público no puede evadir su responsabilidad de estar atenta a que se cumpla con la Constitución y se garanticen los derechos humanos de los afectados.

“También tenemos el caso de las grabaciones exhibidas este martes  que supuestamente pertenecen a un proceso legal incoado en Amazonas. Si esto representa una prueba del expediente - al cual nadie debería tener acceso -, cómo se entiende que sea difundido”, se preguntó.

Desde la intervención telefónica a las torturas

Denunció que se están vulnerando todos los aspectos vinculados con su personalidad y privacidad. “Yo soy un funcionario que atiende más de 300 llamadas telefónicas diarias de ciudadanos que manifiestan sus problemas; entonces, el gobierno nacional está utilizando la intervención ilegal y arbitraria de mi línea para imputar a personas inocentes”.
El declarante indicó, en referencia al aspecto penal que, al abrirse una causa en su contra, por su investidura goza de privilegios como el antejuicio de mérito, además de la garantía que le brinda el artículo 49 de la Carta Magna de ser notificado para poder ejercer el derecho a la defensa en el debido proceso.

“Tengo derecho a defender mi honor y el de todos los amazonenses. A mí no me han convocado hasta ahora para verificar pruebas; entonces, no me explico cómo se divulga este material que maltrata mi reputación. ¿Quién va a reparar esto?”, subrayó, destacando que en 16 años manejando las riendas ejecutivas en Amazonas jamás la Contraloría General ha ventilado expedientes en su contra.

Agregó que en su entidad un grupo de indígenas introdujo un documento en la Defensoría del Pueblo solicitando que cesen los atropellos y el ultraje a los DD.HH.  “Tenemos específicamente el caso de Humberto Yusino, quien fue trasladado a los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en Caracas, donde sus familiares revelan que fue torturado para que implicara a miembros de la gobernación de Amazonas en el supuesto fraude”, dijo en relación a quien formara parte del centro de votación Bambú Lucera.   

Asimismo, citó el caso del dirigente indígena Javier Infante, antiguo vocero del PSUV. “Él, quien como muchos venezolanos decidió cambiar, fue sometido a tortura para que grabara un video mientras era interrogado por el Sebin, sin la presencia de su abogado. Ahora, quiere aclarar esa situación”.

Guarulla confió a los periodistas que mal se puede hablar de compra de votos cuando se pierde en los lugares denunciados: “por ejemplo, en la mesa donde laboró Infante, hay que tener dinero para llevar a la gente a sufragar, para la comida, para el combustible del transporte, porque se trata de una comunidad donde no hay electores pues estos proceden de localidades adyacentes. Lo más grave es que en dicho centro electoral – “Juan José Flores” -, el oficialismo ganó con 220 tarjetas contra 84 que sacamos nosotros”.

“¿Dónde está el delito de fraude? El fraude se comete para imponerse, para beneficiarse cuando no se tiene la posibilidad de alcanzar el triunfo”, concluyó.
 
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