VENEZUELA: ESCUDOS HUMANOS
ELVIA GOMEZ
POLITIKA UCAB EDITORIAL
Venezuela exhibe cifras económicas de un
país en guerra. Según el informe presentado esta semana por la Asamblea
Nacional –que intenta suplir el vacío dejado por el BCV–, el país sufrió
una caída de la actividad económica del 12% entre enero y septiembre de
2017. Se acumulan 15 trimestres en recesión, mientras el Gobierno se
atrinchera en su estrategia de aislamiento y victimización, ya probada
por décadas en Cuba y perfeccionada nacionalmente por el locus de
control externo como política de Estado: todo es culpa de “la derecha” y
del “imperio”.
La economía de guerra que padece el país,
sin que exista un conflicto armado, también ha perfilado una situación
para la población de enormes padecimientos que configuran, según lo han
venido documentando y denunciando decenas de ONG, una sistemática
violación de los derechos humanos y de la Constitución vigente.
Este 10 de diciembre se conmemoró en el
mundo el Día de los DDHH, declarado así por la Organización de Naciones
Unidas. Justo hace unos días, por primera vez en 15 años, el Gobierno
permitió el ingreso al país de un enviado de la ONU para el área y sus
conclusiones no pudieron ser más desalentadoras. Según el juicio del
señor Alfred de Zayas –alimentado por una agenda preparada
exclusivamente por el régimen– no hay razones en Venezuela para hablar
de crisis humanitaria.
La valoración del alto representante de
la burocracia mundial calza convenientemente a las afirmaciones de los
ministros de Salud y Defensa, que han negado que exista en Venezuela
necesidad extrema de comida y medicinas. Peor aún fue la afirmación de
Nicolás Maduro para oponerse al canal humanitario, la primera exigencia
de la MUD en las negociaciones: “no somos un país de mendigos”.
Para los que están sufriendo la urgencia
de recibir un medicamento que pudiera salvarles la vida o ven a sus
hijos llorar y morir de hambre, el criterio de un funcionario asentado
en Suiza y que apenas se asomó al caos –aunque antes de su viaje recibió
información documentada por expertos que no fueron consultados in loco– debe ser equivalente al peso de una lápida.
Como ya se reflexionó en este espacio,
el Gobierno busca someter a la población por el estómago, especialmente
a la clase media –tradicionalmente forjadora de opinión y liderazgo– y
si para ello deben quedar en el camino los pobres, sin apenas margen de
maniobra para proveerse el sustento, serán entonces víctimas
colaterales. Este domingo pasado, el proceso electoral para alcaldes
sirvió para poner en práctica el chantaje oficial y los “puntos rojos”
demandaron la sumisión de los electores necesitados de los subsidios
condicionados.
Con el avance de los días, está más en
evidencia que lo que el Gobierno hace, ante el emplazamiento de la
comunidad internacional, es usar a toda la población que permanece
dentro de las fronteras como escudos humanos. El mensaje es unívoco,
incluyendo al portavoz en las negociaciones en República Dominicana,
Jorge Rodríguez: no habrá canal humanitario si Estados Unidos, Canadá y
la Unión Europea no levantan las sanciones a los jerarcas del gabinete
ejecutivo y a sus espalderos de los otros poderes del Estado.
Foto: AP
La semana anterior, la respuesta de la
Cámara de Representantes de Estados Unidos fue la de avanzar en la ruta
punitiva. Instó al presidente Donald Trump a imponer más sanciones a los
miembros del gabinete de Maduro y de los poderes del Estado que le
secundan. A la espera de la aprobación del Senado queda, entonces, la
Ley de Asistencia Humanitaria y Defensa de la Gobernabilidad Democrática
de Venezuela, que busca coordinar con la ONU y la comunidad del
continente cómo obligar al Gobierno a dejar entrar los alimentos y
medicinas.
De mantenerse Maduro en su postura lo
único que se puede vaticinar es que la cifra de muertes por
desnutrición, cáncer y enfermedades prevenibles, seguirá en aumento.
Nada indica que no será así, como ocurrió en otros regímenes de corte
totalitario que aquí copian. Se trata de doblegar y humillar, sin
importar el costo en vidas, para consolidarse en el poder.
Si existiese en Venezuela un conflicto
armado declarado operaría el Derecho Internacional Humanitario
intentando aliviar el sufrimiento. Si hubiera condiciones para aplicar
los Convenios de Ginebra, las negativas de Maduro y sus ministros
pudieran asimilarse a las más aborrecibles prácticas de usar ancianos,
mujeres y niños como escudos humanos. Si existiese un conflicto armado
declarado, lo que el Gobierno hace con los pobres y enfermos sería un
crimen de guerra.
Pero en Venezuela no existe una guerra
declarada, aunque las estadísticas de mortalidad y morbilidad indiquen
otra cosa. Ya bastante los especialistas del Observatorio Venezolano de
Violencia (OVV) han descrito cómo el crimen desatado –que el Gobierno
fortalece– segó más vidas que la guerra en Irak, en un país teóricamente
en paz. La similitud se documentó hacia el año 2012, y desde entonces
la cifra de muertos por la violencia no ha cesado, a lo que se suman,
ahora, las muertes por mengua.
A mediados de este año, circuló un video
oficial del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, exhibiendo su
práctica de tiro, disparando a siluetas humanas inmóviles. Se le vio
correr y disparar –con ambas manos como supuesta prueba de su destreza– a
un enemigo inexistente y, cada pocos metros, se protegía tras una
mampara. Los chistes y burlas alimentaron enseguida las redes sociales
por un general en jefe jugando a las escondidas. Apenas seis meses
después, con los resultados electorales ya conocidos, la realidad se
transfigura. Los venezolanos atrapados en este territorio padecen ahora a
toda una fila de altos funcionarios parapetados, ya no detrás de
figuras de cartón, sino de familias enteras de ¿carne? y huesos.
¿Cuántos más, cuántos menos, hasta que este período acabe?
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