Venezuela, país petrolero sin combustible
ALONSO MOLEIROEL PAIS
Venezuela, miembro fundador de la OPEP y tradicional
potencia petrolera del hemisferio occidental, padece un problema
crónico, cuya sola formulación constituye toda una ironía: la escasez de
combustible. La crisis, que ya ha sucedido en otras ocasiones,
ha tocado de forma intermitente a Caracas, así como a varias zonas del
país, sobre todo en la región occidental: los Estados de Táchira y
Zulia, fronterizos con Colombia.
Hace
tres días, usuarios enfurecidos bloquearon las calles y organizaron
protestas por la falta de combustible en la ciudad andina de San
Cristóbal, a media hora de la frontera con Colombia y a poco más de 800
kilómetros de Caracas. Los automovilistas hicieron filas de hasta ocho
horas para poder abastecer sus vehículos. Otros han denunciado tener
hasta dos meses sin servicio de gas. Episodios muy similares se vivieron
en las ciudades de Mérida, Valera y Maracaibo —la segunda ciudad del
país, capital del estado Zulia, entidad federal que es famosa por su
vocación petrolera—. Barquisimeto, la cuarta ciudad en importancia en
Venezuela, tiene vacías la mayoría de sus estaciones de servicio: colas
de hasta 10 horas y servicios de abastecimiento parcial, que se
desarrollan en las noches y dejan para el día siguiente a quienes no
pudieron llegar al sumidero.
La producción actual del país roza los dos millones de
barriles diarios, poco menos de la mitad de lo que producía en los años
noventa. El progresivo deterioro de PDVSA,
la otrora poderosísima estatal petrolera, es tenido por los expertos
como la causa de la caótica situación actual. Los problemas con el
abastecimiento de la gasolina comenzaron a agravarse, sobre todo, tras
la tragedia industrial de Amuay, en agosto de 2012, una explosión en el
mayor complejo refinador del país, que causó 41 muertos, 150 heridos y
500 hogares afectados. La mayoría parlamentaria que detentaba el
chavismo en aquel entones bloqueó cualquier asomo de auditoría o
interpelación en la Asamblea Nacional.
Algunos de los casos de corrupción más notorios y costosos
para las arcas del país sudamericano en este tiempo han tenido a PDVSA
como epicentro. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional
(control de cuentas), presidida por Freddy Guevara, del opositor
Voluntad Popular —hoy asilado en la Embajada de Chile en Caracas—
publicó el año pasado un voluminoso informe en el cual denuncia la
existencia de pérdidas millonarias en casos de sobreprecios, sobornos,
triangulación y legitimación de capitales. Señala de manera expresa la
responsabilidad política y administrativa de Rafael Ramírez, el
todopoderoso ministro de Energía y Petróleo durante el auge del
chavismo.
En un proceso que lleva a cabo el fiscal general, Tarek
William Saab, el Gobierno bolivariano ha lanzado una dura purga política
contra Ramírez y otros dirigentes y gerentes de PDVSA, apoyado en las
mismas acusaciones. Eulogio del Pino, exministro de Energía y Petróleo, y
Nelson Martínez, expresidente de la compañía, junto a otros 65 altos
gerentes han sido arrestados y llevados a juicio acusados de corrupción.
Martínez también fue presidente de Citgo, la filial estadounidense de
PDVSA. A Citgo pertenece también buena parte de la gerencia que ha sido
enviada a la cárcel.
Luego de las protestas de estos días, a diferencia de lo que
ha sucedido en otras ocasiones, PDVSA emitió un comunicado en el cual
reconocía las fallas y se excusaba con la población, añadiendo que las
falencias eran debido “al rechazo de nuestros pagos del servicio de
cabotaje por las sanciones del Gobierno estadounidense”. Los problemas
de PDVSA han sobrepasado el ámbito cotidiano: una de las causas que con
mayor frecuencia se comentan entre los entendidos en torno al motivo de
la reciente marcha de varias aerolíneas internacionales del país guarda
relación con las dificultades para reponer combustible.
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