CARLOS ROMERO MENDOZA
Politika UCAB
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El 2 de abril de 2014[1] la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), a través del Comunicado Responsables de la Paz y el destino democrático de Venezuela,
expresamente advirtió que la principal causa de la grave crisis
venezolana estaba en la intención del Ejecutivo Nacional de implementar
el Plan de la Patria, pues, a través del mismo, se persigue imponer un
modelo sociopolítico que atenta contra la dignidad de las personas y
desconoce el orden constitucional vigente.
Nuevamente, el 19 de octubre de 2017[2], a través de otro Comunicado,
la Presidencia de la CEV reitera que la intención de imponer un modelo
sociopolítico sigue siendo la causa de la grave crisis del país, que se
agravó con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
que, previamente, la misma Presidencia de la CEV, el 27 de junio de 2017[3], había calificado como una iniciativa innecesaria, inconveniente y dañina para el pueblo venezolano.
La Presidencia de la CEV, también
denunció oportunamente no sólo a la ANC como una instancia
inconstitucional e ilegítima, sino que, además, alertó que la misma
representa un instrumento parcializado y sesgado que con su actuación
agravará los problemas y agudizará la crisis política del país.
Recientemente, a través de un nuevo Comunicado de fecha 29 de enero 2018[4],
la Presidencia de la CEV exhortó a la comunidad nacional a reflexionar
serena y seriamente sobre el significado que la ANC exija al Consejo
Nacional Electoral (CNE) la convocatoria anticipada a unas elecciones
presidenciales.
Con la ANC el régimen concretó
definitivamente un proceso progresivo, sistemático y generalizado de
violación al orden democrático y constitucional venezolano. En este
sentido, es oportuno recordar que fue el 10 de mayo de 2016 cuando la
Asamblea Nacional, electa en diciembre 2015 –primer Parlamento desde el
2000 bajo el poder de la oposición democrática– denunció expresamente en
un Acuerdo[5]
la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela,
materializado en las violaciones de la Constitución por parte del
Ejecutivo Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo
Nacional Electoral.
Ese mismo año, la Asamblea Nacional, mediante otro Acuerdo[6]
de fecha 13 de octubre, declaró de manera expresa y formal el
desconocimiento a la autoridad y vigencia de los actos del Poder
Ejecutivo y a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que
contraríen los valores, principios y garantías democráticas, y lesionen
los derechos fundamentales, inspirados en el artículo 7 y 333 de la
Constitución vigente.
Unos días después, los hechos políticos llevaron a la Asamblea Nacional, mediante un nuevo Acuerdo de fecha el 23 de octubre 2016[7],
a declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia de un
golpe de Estado continuado, cometido contra la Constitución y el pueblo.
Para el 18 de abril de 2017[8],
la Asamblea Nacional, mediante un nuevo Acuerdo decidió denunciar ante
la comunidad nacional e internacional la continuación y agravamiento del
golpe de Estado perpetrado por Nicolás Maduro y los órganos judiciales,
militares y de seguridad puestos a su servicio.
Ante la grave situación del país, el “bastión republicando de la soberanía popular”, como
se autocalificó la Asamblea Nacional –en el Acuerdo de octubre de 2016
ya citado–, hizo un llamado formal a la sociedad civil venezolana para
la conformación de un movimiento nacional de defensa de la Constitución,
de la democracia y del voto.
Previamente, la Asamblea Nacional, en su Acuerdo del 5 de abril 2017[9],
había exhortado a los venezolanos a mantenerse movilizados y en
protesta permanente, junto a sus representantes, conforme al artículo
333 de la Constitución y hasta la recuperación del orden constitucional y
la democracia. Por su parte, la Presidencia de la CEV, también en su
momento, exhortó a los ciudadanos a no ser pasivos y menos aún
conformistas.
Foto: AFP / JUAN BARRETO
La Asamblea Nacional, como institución
política que ostenta una indiscutible legitimidad de origen tiene un rol
fundamental en el llamado que recientemente, el 28 de enero 2018, hizo
la Presidencia de la CEV a todos los dirigentes políticos para buscar el
consenso con los diferentes sectores de la sociedad, a los fines de
reconocerse y lograr la unidad política, que como bien lo dice el
Comunicado, va mucho más allá de las alianzas electorales. En esa
tarea el compromiso unitario de gobernabilidad pareciera ser una pieza
útil y básica.
Es importante insistir y no olvidar que
ese bastión republicano de la soberanía popular llamado Asamblea
Nacional, es la única institución legítima que sobrevive y se resiste al
golpe de Estado continuado y, en tal sentido, tiene una gran
responsabilidad ética y moral, principalmente con las generaciones
futuras, de reivindicar su naturaleza política a través de un proceso
formal de inclusión ciudadana en un debate político sobre los temas de
interés nacional, en procura de identificar los grandes consensos
nacionales sobre los cuales proponer un gran Acuerdo político nacional
para la restauración de la Unidad y la transición en Venezuela.
En ese sentido, resulta necesario citar y
recordarle a la dirigencia política y a la sociedad civil en general
que el 25 de octubre de 2016, la Asamblea Nacional, mediante un Acuerdo,
decidió declararse en “sesión permanente de consulta popular, por medio
de la plenaria de la Asamblea Nacional y de sus Comisiones
permanentes, en la sede del Parlamento y en las comunidades, para
determinar junto al pueblo, en asambleas de ciudadanos, movilizaciones y
diversas formas de deliberación y manifestación pública las decisiones
posteriores que deben adoptarse ante la ruptura constitucional,
impulsada por el Presidente de la República.
Cuando se plantea la necesidad de crear
consensos y la Asamblea Nacional se declara en sesión permanente
pareciera que facilita el desarrollo de un proceso político de
movilización nacional para que, junto a los diputados como facilitadores
del mismo, se puedan identificar los grandes consensos, conformar ese
movimiento cívico nacional a que se comprometieron en el 2016 y lograr
construir un gran acuerdo político nacional que se presente como la ruta
unitaria, viable y constitucional para el rescate del orden
constitucional y democrático y sirva de alternativa democrática frente
al nuevo Plan de la Patria que propone el régimen.
[5]
Asamblea Nacional. Acuerdo exhortando al cumplimiento de la
Constitución y sobre la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional,
del Tribunal Supremo de Justicia y del Conejo Nacional Electoral para la
preservación de la paz y ante el cambio democrático en Venezuela
[6] Idem. Acuerdo sobre el rescate de la democracia y la Constitución. 13 de octubre de 2016
[7] Idem. Acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela. 23 de octubre 2016.
[8]
Idem. Acuerdo en rechazo a la ejecución continuada del golpe d eestado y
en condena a la rpresión, persecución, torturas y otras violaciones a
los derehcos humanos de la población. 18 de julio 2017.
[9]
Idem. Acuerdo en rechazo a la ruptura del orden constitucional y a la
permanencia de la situación de golpe de estado en Vnezuela. 5 de abril
2017.
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