ELSA CARDOZO
EL NACIONAL
El agravamiento de la situación económica, social y política de
Venezuela se proyecta al vecindario más y menos cercano como un problema
enorme, cuyas facetas hoy más dramáticamente visibles, dentro y fuera
del país, se encuentran en la extensión de la miseria extrema y el éxodo
por tierra y mar. Otra cara que no deja de asomarse es la relativa a la
inseguridad, que no solo afecta a la sociedad y la nación en todos los
ámbitos imaginables –desde la seguridad humana y ciudadana hasta la
preservación de la integridad territorial–, sino que desborda las
fronteras y perturba a otras sociedades y a sus gobiernos. No es
exagerado afirmar que lo que ha movido a los países democráticos del
mundo a seguir pronunciándose y actuando ante la situación venezolana
son los efectos acumulados y potenciales de la pérdida de las
condiciones a partir de las cuales los gobiernos son reconocidos como
tales. Esas condiciones incluyen tanto las relativas a su desempeño
interior y sus consecuencias internacionales como, por supuesto, su
deliberada acción exterior.
El recién difundido informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Situación de los Derechos Humanos en Venezuela)
presenta en sus 6 capítulos y 266 páginas un actualizado y bien
documentado diagnóstico que concluye con una lista muy precisa de
recomendaciones. Propone allí un conjunto de medidas para, a través de
la plena vigencia y efectiva garantía de los derechos humanos, recuperar
el Estado de Derecho y la democracia en Venezuela. Todas esas medidas
suponen cambios de fondo, que pasan en lo inmediato por la realización
de elecciones presidenciales en condiciones que, para resumirlo,
permitan que su resultado refleje fielmente la voluntad de los
venezolanos. Esto es muy lejano a la situación actual que así describe,
sin cortapisas, el referido informe: “La Comisión observa con
preocupación que actualmente existe en Venezuela una suspensión de facto
en el ejercicio de los derechos políticos de su población”.
En otro documento de estos días –la quinta Declaración del Grupo
de Lima desde agosto del año pasado– catorce gobiernos del hemisferio
americano, tras reiterar su rechazo a la convocatoria apresurada y
unilateral de las elecciones presidenciales “sin haber alcanzado un
acuerdo con la oposición, tal como se había comprometido”, insistieron
en que “no puede haber elecciones libres y justas con presos políticos,
sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos
o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el
control del gobierno, sin la participación de millones de venezolanos en
el extranjero imposibilitados de votar, convocada originalmente por la
asamblea constituyente, órgano carente de legitimidad y legalidad, cuya
existencia y decisiones no reconocemos”.
Así como la asamblea constituyente es desconocida por medio
centenar de países, se va configurando una lista semejante de
desconocimiento de una elección presidencial cuyos resultados “carecerán
de toda legitimidad y credibilidad”.
El reconocimiento de los gobiernos se ha concedido históricamente a
partir de la evaluación de tres criterios a los que, mediando el siglo
XX, se añadió uno más. De acuerdo con los primeros, el gobierno que
aspira al reconocimiento ha de estar en control efectivo de la
administración del Estado, contar con un nivel de legitimidad entre la
población que augure estabilidad y estar en disposición franca de
cumplir sus compromisos y responsabilidades internacionales. El añadido y
la aspiración más recientemente valorados es que esa legitimidad se
manifieste y fortalezca por la forma constitucional y democrática de
llegar al poder y de ejercerlo.
En nuestro caso, el desconocimiento internacional que se va
extendiendo en todos los sentidos es también y fundamentalmente
reconocimiento y apoyo al derecho de los venezolanos de reclamar el
cumplimiento de la Constitución. Y ese reclamo, con apoyo internacional
sin precedentes, es exigencia de elecciones limpias, cuyo resultados
expresen la voluntad mayoritaria de dar inicio a la faena de
reconstrucción humana, material e institucional de Venezuela.
elsacardozo@gmail.com
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