Alonso Moleiro
EL PAIS
El Parlamento de Venezuela ve con recelo la celebración de unas
“megaelecciones”. La propuesta de unas elecciones legislativas
adelantadas, aun cuando no ha sido avalada formalmente por el Consejo
Nacional Electoral, fue formulada por el presidente Nicolás Maduro y
después por la Asamblea Nacional Constituyente. El planteamiento
chavista se da en el marco de una megaconsulta que incluya los Consejos
Legislativos Regionales y coloca la crisis política venezolana en la
cota de su expresión más extrema.
La celebración de las “megaelecciones” supone un dilema para el
chavismo. Su militancia está concentrada en la idea de concurrir sin
contrincantes en las elecciones e intentar concretar toda una barrida
institucional. La estrategia gobernante se basa en una interpretación a
modo de las leyes que rigen al país, al mismo tiempo que pierde por
completo el control de la situación económica de Venezuela.
La propuesta de Maduro, lanzada en un principio por el vicepresidente
del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, no ha
podido concretarse porque requiere de una amplia secuencia de exigencias
técnicas —con tantos cargos pendientes por elegir— que el Consejo
Nacional Electoral no sería capaz de cumplir en tan poco tiempo. El alto
mando chavista, con Maduro a la cabeza, ha decidido seguir adelante con
la convocatoria unilateral a los comicios presidenciales del 22 de
Abril, a pesar de los crecientes reclamos de la comunidad internacional y
de las sanciones que penden sobre muchos de sus dirigentes más
conocidos en varios puntos nodales de la política en Occidente.
En ciertos sectores informativos y políticos venezolanos se ha estado
especulando sobre una propuesta política de última hora, lanzada por el
chavismo, que permita organizar unos comicios generales, pactados,
hacia los meses de mayo o junio. Esta eventualidad ha sido invocada hace
poco abiertamente por Simón Calzadilla, del Movimiento Progresista de
Venezuela, partido perteneciente a la Mesa de Unidad Democrática (MUD).
El chavismo persigue hacer valer el presunto carácter
plenipotenciario y convocante de la Asamblea Nacional Constituyente, que
fue elegida el pasado 30 de julio en medio de un severo proceso
represivo y en circunstancias que fueron seriamente cuestionadas tanto
en su procedimiento consultivo como en sus formalidades técnicas, dentro
y fuera de Venezuela. El Gobierno de Maduro da como un supuesto que el
nuevo mandatario presidencial electo en una consulta deberá juramentarse
frente a este cuerpo colegiado, que ha asumido “de hecho” las funciones
legislativas en Venezuela.
Tibisay Lucena, titular del Consejo Nacional Electoral, ha declarado
que el organismo que preside no puede acoger la solicitud de las
“megaelecciones” en el plazo del 22 de abril. Ha agregado, sin embargo,
que el Poder Electoral buscará a tales efectos una opción en el
calendario “para una fecha posterior”. Maduro decidió fingir y, Jorge
Rodríguez, su ministro de Comunicaciones, declaró que el Ejecutivo
“acataba” lo declarado por las autoridades electorales.
Convocadas de manera conjunta o separadas de las presidenciales de
abril con algunos meses mediante, la organización de unas nuevas
elecciones legislativas consolida la situación “de facto”, vigente en
Venezuela y sugiere que los días de la Asamblea Nacional —el Poder
Legislativo formal del país, dominado por la oposición luego de su
victoria electoral de diciembre de 2015— podrían estar contados.
Alfonso Marquina, de Primero Justicia, segundo vicepresidente de la
Asamblea Nacional, ha hecho referencia a los artículos 333 y 350 de la
Constitución vigente, que facultan a la ciudadanía a contribuir para
restaurar el orden constitucional cuando se concreta la usurpación o la
tiranía.
Los partidos opositores agrupados en la MUD trabajan en la
conformación de un Frente Amplio Nacional, que incorpore a la Iglesia,
las universidades, la academia y la sociedad civil, en lo que será una
especie de cruzada para intentar salvar la democracia, demandando
elecciones limpias y en un entorno político fiable. Su reto más urgente
consistirá en lograr la atención y el entusiasmo de un cuerpo social
completamente exhausto, agobiado por la crisis económica, en el que
cualquiera puede estar al corriente de cómo le puede terminar yendo a
quién decida plantar cara a la Policía Nacional Bolivariana en una
protesta convocada en las calles.
Mientras ya ha colocado una banderilla sobre unas elecciones
presidenciales este 22 de abril, Maduro ha decidido esperar que el
Consejo Nacional Electoral termine de formalizar su petición para unas
nuevas elecciones legislativas, convocadas por la Constituyente, en el
cual quede conformado un nuevo Hemiciclo, incluso cuando el parlamento
actual, en cuya elección participaron 14 millones de personas, tiene
apenas dos años de haber sido conformado y conserva mucha popularidad y
plena legitimidad constitucional.
El suspenso en torno a la convocatoria a unas nuevas elecciones
legislativas ha terminado por inhibir el pronunciamiento final de Henry
Falcón, el único dirigente de la Unidad Democrática que había decidido
asistir a estas elecciones, aún con las condiciones actuales . En las
filas de Avanzada Progresista, el partido de Falcón, se debate
intensamente sobre si no sería ir demasiado lejos concurrir a una cita
electoral en el cual viene envuelto un golpe definitivo al parlamento
vigente en Venezuela.
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