MARTA DE LA VEGA
No hay duda sobre la naturaleza del régimen
venezolano. Es mentiroso, incumple sus compromisos, no respeta la normativa
constitucional vigente y engaña incluso a los cancilleres garantes en las
negociaciones en República Dominicana.
El manifiesto del Grupo de Lima del 13 de
febrero ha sido contundente al respecto. Los 14 cancilleres, “frente a la
decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de convocar
unilateralmente a elecciones presidenciales para el 22 de abril de 2018, sin
haber alcanzado un acuerdo con la oposición, tal como se había comprometido el
Gobierno”, expresaron “su más firme rechazo a dicha decisión, que imposibilita
la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y
creíbles, con la participación de todos los actores políticos venezolanos, con
observación y estándares internacionales, y reiteran que unas elecciones que no
cumplan con esas condiciones carecerán de toda legitimidad y credibilidad”. Por
ello exhortan al gobierno venezolano a presentar un nuevo calendario electoral,
apegado a la ley.
Es usurpador y criminal. Hoy
gobierna una camarilla militar corrupta y mafiosa, ligada al crimen organizado
y dominada por un poder extranjero. Maduro perdió legitimidad como primer
magistrado, a pesar de las maniobras del Tribunal Supremo de Justicia para
darle fundamento legal a su pretensión, aunque haya sido legalmente proclamado
presidente de la república, cuando se lanzó a la presidencia siendo presidente
encargado por la ausencia absoluta de Chávez, en lecho de muerte en Cuba desde
diciembre de 2012. Luego, con la rotura del hilo constitucional a raíz de las
desacertadas decisiones 156 y 157 del TSJ del 30 de marzo de 2017, el ilegítimo
se convirtió en usurpador.
Además, informes como los de la OEA de 2016
y 2017, o declaraciones como las de Luis Almagro, secretario general de la OEA
en entrevista con Fernando del Rincón en CNN el 12 de febrero, o el informe de
la Comisión Interamericana de DDHH que acaba de ser publicado -sobre el serio
deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política,
económica y social que atraviesa Venezuela-, ponen de relieve el carácter
criminal del régimen.
Las fraudulentas
elecciones presidenciales impuestas por el poder de facto, inconstitucional e
ilegal que es la ANC, colocan a Maduro y su gobierno fuera de la democracia,
como régimen tiránico y forajido”
No se trata solo de la brutal represión,
torturas y asesinatos viles de manifestantes desarmados en las protestas de
2014, 2016 y 2017 por fuerzas policiales y delincuentes paramilitares
sostenidos por el gobierno, que constituyen en conjunto crímenes de lesa
humanidad, o la masacre atroz después de haberse rendido del comisario piloto
Óscar Pérez y su grupo.
Es criminal por la destrucción de la economía,
el derrumbe institucional, la manipulación y coacción por hambre o miedo como
mecanismos de control social, el abandono de las obligaciones estatales y la
falta de respuesta oportuna frente a las carencias gravísimas de la gente.
Tampoco la comunidad internacional
democrática reconoce esta convocatoria electoral, como declaró el Grupo de
Lima: “no puede haber elecciones libres y justas con presos políticos, sin la
plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o
inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del
gobierno, sin la participación de millones de venezolanos en el extranjero
imposibilitados de votar, convocada originalmente por la Asamblea
Constituyente, órgano carente de legitimidad y legalidad, cuya existencia y
decisiones no reconocemos”.
Y la Conferencia Episcopal Venezolana
declaró: “es (…) un despropósito ético y humano, un verdadero crimen que clama
al cielo, que en medio de una situación de penuria, hambre, parálisis de
servicios, muerte y colapso nacional, se privilegie un espectáculo de
distracción y alienación, en condiciones desiguales, contra todo sentido de
equidad y servicio a la población”.
Se
sabe qué régimen preside Maduro. ¿Se sabe cómo construir la alternativa
civilista y democrática que permita la transición para recuperar el estado de
derecho y la justicia, con participación ciudadana plural y unidad de
propósitos, en acuerdo con la comunidad internacional?
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