jueves, 7 de enero de 2016

HRW PIDE A SECRETARIO GENERAL DE LA OEA ACTIVAR LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA EN VENEZUELA



NUEVA YORK (7 de enero de 2016) — Human Rights Foundation (HRF) pidió ayer al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que active la cláusula democrática de la Carta Democrática Interamericana (CDI) y convoque a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para analizar la situación en Venezuela y demandar una transición pacífica a la democracia a ese país. Pocos días después de la histórica elección parlamentaria en Venezuela, en donde la oposición se hizo con una mayoría calificada en la asamblea nacional, el presidente Nicolás Maduro y el expresidente de la asamblea Diosdado Cabello dispusieron de una serie de medidas arbitrarias —con la ayuda de un Tribunal Supremo de Justicia servil— para bloquear el primer cambio de mando en el poder legislativo desde que el fallecido presidente Hugo Chávez asumiera la presidencia en 1999. La nueva asamblea nacional controlada por la oposición fue juramentada este martes. Sin embargo, la amenaza de que el ejecutivo continuará intentando anular el mandato democrático de la nueva legislatura continúa vigente.

“La OEA no puede seguir callada ante las maniobras ilegales realizadas por el régimen chavista para prevenir una transición democrática en Venezuela. El régimen no debería gozar de la desafortunada y similar indiferencia que la OEA mostró con las dictaduras militares que gobernaron en el continente décadas atrás”, dijo el presidente de HRF, Thor Halvorssen. “Previo a las elecciones, Maduro y Cabello advirtieron que el chavismo utilizaría todos los recursos a su alcance, incluso la violencia, para defender su ‘revolución’ en caso de que las urnas la rechazasen. Esto no fue un simple despliegue de bravuconería; ellos están cumpliendo con su amenaza”, dijo Halvorssen.

El 15 de diciembre, una semana después de la derrota sufrida por el chavismo en las elecciones parlamentarias, el presidente Maduro anunció la creación de un “Parlamento Comunal” y dijo, “le voy a dar todo el poder al Parlamento Comunal, y ese parlamento va a ser una instancia legislativa del pueblo desde la base. ¡Todo el poder al Parlamento Comunal!”. Ese mismo día, Diosdado Cabello, todavía presidente de la asamblea nacional, presidió la reunión inaugural de ese órgano ilegítimo y juramentó a los militantes “revolucionarios” no electos. “El poder más importante que hay es el poder de las comunas, no hay otra forma de organización”, dijo Cabello.

Una semana después, el 23 de diciembre, legisladores chavistas convocaron a una sesión especial (cinco días después de la última sesión oficial de la asamblea, el 18 de diciembre) para designar rápidamente a trece magistrados titulares y veintiún magistrados suplentes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Durante la ceremonia presidida por Diosdado Cabello, los nuevos jueces levantaron sus manos y juraron “hacer cumplir [la] Constitución [y] las leyes de la República… ante la patria, ante el padre Bolívar [y] ante nuestro querido comandante Hugo Chávez”. Cabello luego celebró diciendo, “esta Constitución no es de la cuarta República, esta Constitución es de la quinta República, República Bolivariana de Venezuela”. Acto seguido toda la asamblea (con la excepción de los legisladores de la oposición que se marcharon antes de la juramentación) cantó al compás de una grabación de Hugo Chávez entonando el himno nacional.

La semana pasada, en el día de año nuevo, el recién nombrado Tribunal Supremo de Justicia aceptó una impugnación presentada por miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con la que suspendió la juramentación de tres parlamentarios electos de la oposición, quienes se suponía debían ser parte de la sesión inaugural de la asamblea el pasado martes. Con esta medida, el oficialismo pretendió cancelar la mayoría calificada que la oposición había logrado en las elecciones. Debido a esto, durante una sesión inaugural tensa, el nuevo parlamento venezolano fue juramentado sin la presencia de un diputado oficialista y tres opositores debido a la suspensión ordenada por el TSJ. Sin embargo, los tres legisladores opositores fueron finalmente juramentados el día de ayer.

“En 1992, después de tomar el poder judicial, el régimen autoritario de Alberto Fujimori disolvió el congreso peruano que había sido electo democráticamente, frente a una OEA que protestó tímidamente y sin resultados. Fue esta falta de acción de la OEA la que impulsó la creación de la cláusula democrática de la CDI en 2001. El régimen autoritario de Venezuela está tratando de hacer exactamente lo mismo que hizo Fujimori años atrás. Sin embargo, la OEA cuenta hoy con las herramientas legales necesarias para hacer frente y ejercer presión en contra de las medidas antidemocráticas del chavismo”, dijo Javier El-Hage, director jurídico de HRF. “Sr. Almagro, aplaudimos que, en cumplimiento de sus obligaciones como secretario general, haya criticado fuertemente la contienda electoral de diciembre, ratificando que no fue ni libre ni justa. Hoy le pedimos que intensifique la presión en contra del régimen para que ocurra una transición completa a la democracia en Venezuela. Será necesaria una rigurosa supervisión internacional para que los abusos del chavismo no pasen desapercibidos durante este período; la cláusula democrática debe ser activada de inmediato para este fin”, agregó El-Hage.

En 2001, la Asamblea General de la OEA aprobó la CDI, la cual declara el derecho de los pueblos de las Américas a la democracia y luego define los elementos esenciales de una democracia representativa. Entre ellos se encuentran el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, el respeto a la separación de poderes, y la celebración de elecciones libres y justas. Según la CDI, el secretario general de la OEA y cualquier estado miembro tienen el poder para convocar al Consejo Permanente y la Asamblea General para analizar una situación de erosión democrática (también llamada "alteración" o "ruptura" del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático). En caso de que la OEA considere que dicha ruptura sí se ha producido y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, deberá tomar la decisión de suspender al estado infractor, hasta tanto se restablezca el orden democrático.

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