Grupo La Colina

Venezuela: MENSAJE INTERNACIONAL

ELSA CARDOZO

Así, desde sus primeras líneas, la cuarta Declaración del Grupo de Lima resume un mensaje que tiene consecuencias para el Gobierno, para la dirigencia opositora democrática y para la propia comunidad internacional.

Esta Declaración, al término de un encuentro anunciado desde finales de octubre, se produjo en medio del acelerado deterioro de la situación venezolana en todos sus registros, el atascamiento de los diálogos en República Dominicana, así como, el mismo día de la cita del Grupo en Chile, la apresurada convocatoria a elecciones presidenciales cuando el tema de las condiciones electorales era punto por acordar en el diálogo en República Dominicana.

El mensaje es muy claro y preciso, como los que acostumbran desde su primera reunión, en agosto pasado, los doce gobiernos que se comprometieron entonces a hacer seguimiento y apoyar el restablecimiento de la democracia venezolana –Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú – a los que esta  vez se han sumado los de Guyana y Santa Lucía, de la Comunidad del Caribe.

El texto expresa rechazos, exigencias y condenas ante decisiones, acciones y omisiones del Gobierno que han empeorado el estado de los asuntos pendientes. Entre estos se encuentran, para comenzar, los cuatro que desde el 1 de diciembre de 2016 definió la carta del Secretario de Estado del Vaticano sobre los temas que condicionaban la posibilidad de un diálogo efectivo. Los pronunciamientos sucesivos del Grupo de Lima son evidencia de la creciente preocupación ante el agravamiento del estado de esos cuatro temas iniciales: liberación de presos políticos y suspensión de inhabilitaciones; apertura de canal de asistencia en alimentos y medicinas; respeto de competencias de la Asamblea Nacional, y calendario y condiciones electorales. A esos temas se añadieron asuntos críticos en cada momento, como la inconstitucional instalación y actividad de la Asamblea Constituyente, sus decisiones en general y las restrictivas de la participación política en particular, la violación de derechos humanos, las irregularidades en el proceso electoral regional, el éxodo de venezolanos y su presión internacional y, no menos importante, el compromiso de seguimiento y ofrecimiento de apoyo a la búsqueda nacional de soluciones.

La precipitada convocatoria a elecciones presidenciales complica las cosas a tal punto que, tras la lectura de la Declaración, el canciller mexicano hizo saber que su país se retiraba de las conversaciones; el de Chile, por su parte, declaró que en su país reflexionarían sobre su permanencia. El rechazo de los ahora catorce países a la apresurada convocatoria, tema que pesa decisivamente en el documento, queda muy claro en el primer párrafo, ya citado, en el que también manifiestan la contradicción de esa decisión con los principios democráticos y de buena fe necesarios para el diálogo.

De allí resulta un reto para la comunidad internacional puesto que las dos vías pensadas para la resolución de la crisis venezolana –negociación de acuerdos y elecciones presidenciales en condiciones de integridad– se encuentran atascadas. Además, ante elecciones que se anticipan sin democracia, transparencia ni credibilidad, el mensaje ha dejado anunciada la posibilidad de no reconocimiento de los resultados ni, por tanto, del Gobierno fruto de elecciones que “carecerán de legitimidad y credibilidad”. Mientras tanto, este Grupo mantiene su compromiso de “seguimiento permanente” y reuniones “cuando sea necesario”. Para ello, conviene recordar, aparte de las razones de humanidad y de principios, que hay cuestiones de seguridad que no pueden ser ignoradas. El documento deja anotado uno de ellos, el del éxodo de venezolanos y su creciente presión en países fronterizos, asunto de mucha visibilidad y notable agravamiento; pero hay otros no mencionados que desbordan lo inmediato en tiempo y lugar, como todos los flujos y vínculos ilícitos que encuentran abrigo, cuando no aliento, en el contexto de pérdida de estatalidad de Venezuela. Por lo pronto, el segundo párrafo de la Declaración expresa una exigencia: “que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que corresponda, incluida la participación de observadores internacionales independientes”. Es decir, el mensaje compromete a sus firmantes con la exigencia de rectificación de la convocatoria decretada.

Para el Gobierno, en dificultades como nunca antes por su pérdida de piso económico y político, y por la continuidad de las sanciones internacionales ya impuestas y las que pudieran venir, el incumplimiento de esa exigencia haría de la elección una vía de mayor deslegitimación internacional, produciría el eventual desconocimiento del gobierno así elegido, nuevas rondas de sanciones con sus efectos personales y de disponibilidad de recursos y, en suma, importantes restricciones en el margen gubernamental de maniobra interior y exterior.

Todo lo anotado tiene también sus implicaciones, que no deben soslayarse, para los actores democráticos. En lo inmediato les es necesario combinar la consideración de aspectos nacionales e internacionales ante el problema de las condiciones electorales y las decisiones a asumir al respecto: presionar por  su modificación a tono con el mensaje de exigencia internacional, participar o no en las condiciones planteadas. Aunque las decisiones a tomar por los actores democráticos en este y en todos los demás temas son estrictamente nacionales, no puede ignorarse en ellas el valor de cuidar el apoyo internacional con el que hoy se cuenta para la recuperación de gobernabilidad democrática. Es este un respaldo que ha aumentado, por supuesto, ante las actitudes del Gobierno, desafiantes y destructivas de acuerdos, y su papel en el agravamiento de una crisis que, en todas sus facetas, desborda las fronteras venezolanas: como problema humano, de seguridad y económico. Ahora bien, ese apoyo también ha crecido y se ha conducido más articuladamente cuando la dirigencia democrática opositora ha contado con claridad estratégica y la necesaria coherencia de acción, lo que para trabajar sobre las oportunidades internas y externas abiertas en este momento es verdaderamente crítico.