Grupo La Colina

Ante la grave situación que aqueja hoy al pueblo venezolano: Carta abierta de los economistas al presidente Nicolás Maduro

 
En nuestra condición de profesionales de la economía, nos dirigimos a Ud. preocupados por la crisis por la que atraviesa el país. Nos alarma el rápido deterioro que ha experimentado el bienestar de la población desde 2014, particularmente durante el año recién concluido. El ejercicio de la Presidencia de la República, máxima responsabilidad ejecutiva en la conducción de los asuntos públicos, no puede ser ajeno a esta angustia. Esperamos que, consciente de este deterioro, Ud. entienda la imperiosa necesidad de tomar las medidas que permitan superar cuánto antes esta situación.
Su gobierno acaba de entregar a la Securities Exchange Comission (SEC) de los EE.UU. un informe sobre el desempeño de la economía venezolana en 2016. En él se recoge una caída del 16,5% con respecto al año anterior (2015), el tercer año consecutivo de contracción según cifras oficiales. La mayoría de los analistas estiman una reducción adicional del PIB entre el 10 y el 12% para el cierre de 2017, lo que implicaría una contracción del ingreso promedio por habitante del 37% con respecto a 2012, último año en que este indicador experimentó crecimiento. La historia moderna registra reducciones de tal magnitud y tan abruptas, solo en medio de cruentas guerras que devastan la producción y el comercio.
Este colapso de la actividad económica no sorprende al observar los datos sobre inversión que registra el informe que su gobierno remitió a la SEC. La formación bruta de capital fijo cayó en un 38,4% en 2016 y en un 63% con respecto a 2012. Tan bajos niveles de inversión amenazan descapitalizar el aparato productivo doméstico al no poder reponer adecuadamente la depreciación de activos. Ello refleja un ambiente muy adverso a la actividad económica durante su gestión, que se traduce en una reducción de la capacidad productiva de la nación, una caída en la productividad laboral y la ausencia de oportunidades para ponerse al día con los avances tecnológicos por medio de nuevas inversiones.
El informe mencionado registra una brecha entre los ingresos y gastos del sector público consolidado de más del 17% del PIB para 2016 y un déficit promedio del 14% durante los cuatro primeros años de su gobierno. A esto ha contribuido el incremento de la deuda externa, la pérdida de ingresos fiscales de origen petrolero por las distorsiones en el régimen cambiario y la expansión imprudente del gasto público. Como Ud. sabe, esas brechas se han podido cerrar sólo mediante la emisión de dinero sin respaldo por parte del Banco Central de Venezuela (BCV). Según el Instituto Emisor, tal financiamiento --a las empresas públicas no financieras-- se multiplicó por 30 durante estos primeros cuatro años de su gobierno, aumentando en 14 veces la Liquidez Monetaria.
Lamentablemente, esta perniciosa práctica se aceleró durante 2017. El BCV informa haber multiplicado el financiamiento referido más de 22 veces a lo largo del año. En total, esta emisión de dinero sin respaldo se ha incrementado 667 veces desde que Ud. asumió el cargo de Presidente, mientras que la liquidez monetaria se ha multiplicado por 162 durante ese período. Es imperativo poner coto a esta emisión inflacionaria si se quiere estabilizar los precios de los bienes y servicios en el mercado doméstico y defender el poder adquisitivo de los venezolanos. Para ello es menester sanear las cuentas públicas de manera de poder reducir su déficit.
Por sus elevadas responsabilidades en la conducción del país Ud. tiene que saber que una expansión de medios de pago de esa magnitud, mientras la oferta agregada decae, repercute en una presión alcista sobre los precios, imposible de contener. Asimismo, que la inflación comprime la capacidad adquisitiva de los asalariados y de todo aquel que perciba una remuneración fija. De hecho, el informe que su gobierno entregó a la SEC revela una caída en el consumo privado del 29,3% entre 2013 y 2016, una reducción del 32,1% por habitante.
Como el Instituto Emisor incumple su deber de informar mes a mes las estadísticas de precios e inflación, tal responsabilidad la tuvo que asumir la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional. Utilizando la misma metodología que el BCV, sus cálculos arrojan una inflación para 2017 del 2.616%, por mucho la más alta del mundo. En tales circunstancias, la pretensión de compensar el aumento en el costo de vida de los venezolanos decretando incrementos en el Salario Mínimo Legal es una carrera perdida. Con el ajuste que Ud. decretó el 31 de diciembre, su poder adquisitivo para comienzos de 2018 es apenas la tercera parte de lo que era al cierre de 2016 y un 80% más bajo que cuando Ud. asumió la Presidencia. Sus ministros y asesores le han tenido que informar, además, que subir por decreto la remuneración salarial cuando cae la productividad es combustible seguro para más inflación. Todo hace pensar, entonces, que la depresión en los niveles de consumo haya sido aún mayor durante 2017 que lo padecido en 2016. Tan lamentable secuela indica que el deber más importante que le toca Ud. cumplir en lo inmediato como Presidente es atajar la caída en el nivel de vida de los venezolanos, atacando frontalmente las causas de la inflación.
Ud. está en la obligación de saber que las penurias por las que atraviesa la economía no se deben solo a la caída en los ingresos por exportación de petróleo. Ésta se presentó a partir del último trimestre de 2014, pero en los primeros trimestres de ese año el precio del barril de exportación venezolano superó los USD 100. No obstante, la economía se contrajo ese año en 3,9%. Adicionalmente, en años anteriores se venían acentuando los desequilibrios macroeconómicos, reflejados en crecientes déficits del sector público, fuga de capitales, desabastecimiento e inflación. Por ende, además de la necesidad de mejorar el desempeño de la industria petrolera venezolana en el actual contexto adverso de bajos precios, es menester revisar las políticas económicas.
Ud. no puede desconocer que las carencias actuales están estrechamente vinculadas al intento de trasplantar un modelo que ha demostrado ser pernicioso para economías en vías desarrollo y, en consecuencia, al manejo inapropiado de las políticas públicas. Todo gobernante debe saber que, en economía, los resultados dependen de los incentivos. Lamentablemente, en Venezuela el camino tomado ha sido el de desconocer principios fundamentales del quehacer económico, acentuando el intervencionismo del Estado en la economía, expropiando empresas que luego languidecen y cierran, e incrementando controles de todo tipo sobre la vida pública y la iniciativa privada. Entre los controles más nefastos están los instrumentados sobre el mercado de divisas y sobre los precios, con graves consecuencias para las actividades productivas y comerciales, y sobre el bienestar de la población.
El control de cambio debe aplicarse como medida de emergencia para detener fugas de capital que amenacen la estabilidad de la economía, proteger la moneda local y resguardar las Reservas Internacionales del país. Una vez restablecidos la confianza y los equilibrios económicos, debe levantarse. Contra toda lógica económica, en Venezuela se ha mantenido desde su implantación en febrero de 2003, con resultados totalmente contrarios a lo que deberían ser sus fines, incluso cuando el país experimentó la mayor bonanza petrolera que recuerda su historia. Entre 2003 y 2016 salieron por las cuentas Financieras y de Capital y de Errores y Omisiones de la balanza de pagos, USD 155,4 millardos, más de ocho veces lo egresado en los cuarenta años entre 1959 y 1998. Por su parte, el valor del bolívar a la tasa oficial de cambio DIPRO actual, es apenas una sexta parte del que tenía en febrero de 2003. Fuera de las cotizaciones oficiales, se redujo a menos de 0,000016 del de 2003. Y las Reservas Internacionales habían disminuido, para finales de 2017, en una tercera parte respecto del monto existente cuando se implantó el control de cambio, la cifra más baja desde 1989.
El control de cambio ha perjudicado a la economía, asfixiando severamente el aparato productivo y los niveles de consumo de la población. A la vez, el enorme diferencial entre el precio de la divisa a la tasa oficial y la que resulta del llamado “mercado paralelo” estimula abiertamente la corrupción, desviando divisas escasas que deberían atender las necesidades de la población y del aparato productivo interno.
Por su parte, los controles de precio de bienes y servicios en el mercado interno destruyen la competencia, afectan la rentabilidad y desestimulan las inversiones. Lejos de contener el alza en los precios, este sistema ha contribuido a propagar la mayor inflación del mundo en los últimos cuatro años. Junto a las leyes punitivas que lo acompañan, propician prácticas de extorsión a comercios e industrias que perjudican aún más la actividad económica. Este acorralamiento de la economía doméstica aumentó la dependencia de las importaciones, que se cuadruplicaron entre 1998 y 2012. Hoy, con la caída en los ingresos por exportación de petróleo y la incapacidad de conseguir financiamiento externo, estas políticas han dejado a la población expuesta a un severo desabastecimiento. Tal situación se ha agravado por la quintuplicación de la deuda pública externa entre 2006 y 2016, resultando en un abultado servicio de la misma que sólo ha sido posible honrar deprimiendo aún más las importaciones, con graves consecuencias para el consumo interno.
La situación descrita, de la cual Ud. debe estar al tanto por los reportes que, presumiblemente, le entregan sus ministros y asesores, obliga a introducir importantes correctivos para evitar que sigan deteriorándose las condiciones de vida de los venezolanos, con tan graves secuelas. Primordial entre estos correctivos están las políticas que reduzcan de inmediato la inflación y alivien la asfixia del sector externo que tiene postrada a la economía. En función de ello, la negociación de un financiamiento externo con organismos internacionales es imperativo. El financiamiento multilateral ofrece términos ventajosos de plazo y tasas de interés, y posibilita, además, una reestructuración provechosa de la deuda. Tal financiamiento permitirá unificar el tipo de cambio para que refleje la verdadera capacidad adquisitiva del bolívar en divisas, con lo cual se abarataría significativamente la mayoría de los bienes que hoy se importan. Asimismo, proveería recursos con los cuales emprender el saneamiento de las cuentas públicas, crucial para abatir la inflación y compensar a los sectores que pudiesen verse afectados adversamente por la sinceración de algunos precios.
Estos recursos, acompañados del levantamiento de los controles y de las leyes punitivas, propiciarán la recuperación rápida del aparato productivo, que hoy trabaja a sólo una tercera parte de su capacidad. Al importarse insumos y equipos a una tasa de cambio competitiva podrá aumentarse rápidamente la oferta doméstica, reducirse la dependencia de lo importado y generar empleo productivo, cada vez mejor remunerado en la medida en que se profundicen las condiciones favorables a la reactivación económica. Con garantías jurídicas a la propiedad y para procesar controversias, Venezuela habrá de atraer de nuevo inversiones extranjeras, como lo hacen otros países de América Latina, e incrementar sostenidamente sus exportaciones, tan importantes para suplir las divisas que requiere para su desarrollo. Ud. tiene que saber que, con reformas de esta naturaleza, Venezuela podrá reinsertarse de nuevo en los mercados financieros internacionales y obtener préstamos en los momentos requeridos.
Particular importancia tiene el rescate de PdVSA, que hoy experimenta un colapso que ha reducido su producción a sólo un millón 837 mil barriles diarios, en noviembre de 2017, 40% menor al de su primer año de gobierno, y somete al país a la recurrente escasez de lubricantes e, incluso, de gas y gasolina. Este colapso priva, además, al resto de la economía del impulso por vía del consumo intermedio de bienes y servicios nacionales que realiza la industria petrolera, y la hace aún más vulnerable a los vaivenes en sus precios. Un tipo de cambio competitivo, la sinceración en los precios de los combustibles en el mercado doméstico y el pase de los programas sociales que hoy financia la empresa a los órganos de gobierno competentes, mejorará sin duda su desempeño. Junto con la necesaria flexibilización del marco institucional que regula el sector, deberá traducirse en nuevas inversiones por parte de firmas especializadas que contribuyan con la recuperación de la industria petrolera.
Ud. tiene que entender que, ante la terrible situación que vienen padeciendo los venezolanos, una hiperinflación desatada, unos sueldos que han perdido drásticamente su capacidad adquisitiva y las penurias asociadas a la falta de medicamentos y al deterioro en los servicios de salud, es absolutamente inadmisible pretender obviar las reformas que el país requiere –las que, como hemos argumentado, mejorarían rápidamente las condiciones de vida de la población— con el dislate de una supuesta “guerra económica”. Alegar esa figura, que se inventó en un momento para cosechar réditos políticos, no tiene justificación alguna en momentos en que la población padece de necesidades que no se veían desde que Venezuela empezó a exportar petróleo.
Los programas de reparto como el de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) no pueden ser el único recurso para paliar la situación de pobreza en que han caído la mayoría de los venezolanos. El Estado no cuenta con los recursos para cubrir cabalmente este subsidio y su distribución no se da con una frecuencia segura y llega sólo a una parte reducida de la población que la requiere, a la par que, en muchos casos, excluye a los pobres que no apoyan el gobierno. Además, se presta a prácticas de reventa a precios muy superiores por quienes controlan esta distribución. Por otra parte, la inflación desatada erosiona cada vez más el valor real de las transferencias que hace el gobierno a través del llamado “carnet de la patria”. La mejor política social en estas circunstancias está ligada al éxito que se tenga en el combate de la inflación, a la generación masiva de empleos productivos y a un buen programa de subsidios directos para la población más vulnerable.
Ud. sabe que el cambio que devolvería a los venezolanos las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida implica enfrentar a poderosos intereses que se han atrincherado en los nodos de decisión del Estado para aprovecharse de los diferenciales de precio que resultan de los controles, de la extorsión que propician leyes punitivas, del llamado “contrabando de extracción” y de la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas en el manejo de los recursos del Estado. La única manera de acabar con tan destructivo flagelo es restituir cabalmente el ordenamiento constitucional que debe regir la República, con las garantías propias del Estado de Derecho y del equilibrio de poderes, respetando las potestades de supervisión y control por parte de una Asamblea Nacional pluralista, y descentralizando las decisiones en gobernaciones y alcaldías, conforme a lo dispuesto en la Carta Magna. Intentos de imponer decisiones de manera unilateral y arbitraria por organismos no representativos sólo habrán de agravar la situación, a la vez que invitan a desenlaces indeseables, fuera del marco constitucional.
Sr. Presidente, para estos comienzos de 2018, Ud. enfrenta la tarea insoslayable de implantar las medidas de política para permitir la recuperación de condiciones de vida dignas y cada vez más provechosas para la población. Las manifestaciones de descontento son crecientes y el país clama por estos cambios. Ningún venezolano merece escarbar la basura o mendigar para encontrar qué comer. A Ud. no le queda más remedio que romper con los intereses creados en torno a la economía de controles y del uso discrecional, sin rendición de cuentas, de los recursos públicos, que ha desangrado al país. No hacerlo no tendrá perdón alguno ante sus compatriotas ni ante la historia.
Los abajo firmantes manifestamos nuestra disposición a contribuir con la prosecución de tan imprescindible propósito.
Firman:
Alejandro Gutiérrez, Profesor Titular, ULA, Miembro Correspondiente por el Estado Mérida, Academia Nacional de Ciencias Económicas
Douglas Jatem, Miembro Correspondiente por el Estado Falcón, Academia Nacional de Ciencias Económicas Eduardo Ortiz Felipe, Tesorero, Academia Nacional de Ciencias Económicas Haydée López, Individuo de Número, Academia Nacional de Ciencias Económicas
Héctor Malavé Mata, Profesor Titular, Individuo de Número, Academia Nacional de Ciencias Económicas Héctor Silva Michelena, Profesor Titular, UCV, Individuo de Número, Academia Nacional de Ciencias Económicas
Humberto García Larralde, Profesor Titular, UCV, Presidente, Academia Nacional de Ciencias Económicas
José Rafael Zanoni, Profesor Titular, UCV, Individuo de Número, Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Luis Zambrano Sequín, Profesor Titular, UCAB, Individuo de Número, Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Pedro Palma, Profesor Titular IESA, Individuo de Número, Academia Nacional de Ciencias Económicas. Pola Ortiz, Profesora Titular, UCV, Vice Presidente, Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Sary Levy, Profesora Titular, UCV, Secretaria, Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Urbi Garay, Profesor Titular del IESA, Individuo de Número Academia Nacional de Ciencias Económicas. Adeli Graterol Urbina, Profesora, ULA Adicea Castillo, Coordinadora Postgrado, Directora del CEAP, FaCES, UCV Adolfo Pérez, Profesor Emérito de la Universidad del Zulia, investigador y Magister Scentiarium en Macroeconomía y Planificación del Desarrollo Adrián Aguirre, Profesor de Teoría Económica, UCV – Consultor Alberto Castellano Director del Instituto de Investigaciones Dionisio Carruyo, FCES, LUZ, Profesor titular LUZ, Individuo de Número, Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Alberto Castellano. Prof. Investigador. Director IIE FCES. LUZ. Tesorero, Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia Albio Márquez, Profesor FACES ULA Alejandro Grisanti Capriles, Prof. UCAB, Consultor Alexis Aponte, Profesor del Post Grado de FACES-UCV Alexis Vivenes, Economista Alfredo Rincón. R. Ex presidente Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia, Prof. Emérito LUZ Alicia Sepúlveda, Economista investigadora Amalia Lucena, Profesora Titular, UCV
Ángel Alvarado, Economista, Diputado Asamblea Nacional
Arturo Meléndez Rodríguez, Economista
Arturo Navarro Prof. Emérito UNELLEZ
Asdrúbal Oliveros, Profesor UCV, Consultor
Asnaldo Soto, Economista.
Bárbara Rodríguez, Profesora jubilada, UCV
Brian McBeth, Affiliate Member, Latin American Centre, University of Oxford
Carlos Ramones. Individuo de Número Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia, Prof. Emérito LUZ Carlos Peña, Director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales "Dr. Rodolfo Quintero"-UCV Christi Rangel Guerrero, Profesora Titular, ULA
Daniel Anido R., Profesor, Faces ULA
Douglas Ramirez, Economista
Douglas Romero, Presidente Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Prof. Emérito, LUZ Douglas Ungredda, Profesor CEAP, UCV Edinson Jimenez. Prof. Emérito LUZ. Individuo de Número, Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Edinson Morales, Economista, Prof. Emérito LUZ Eduardo Ortiz Ramírez, Economista. Profesor Titular UCV Emanuel Borgucci. Prof. Investigador FCES, LUZ. Bibliotecario, Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Ernesto Fronjosa, Profesor Titular e Investigador, UNIMET. Flor Angélica Pereda - Doctoranda en Economía UCV Freddy Piña, Economista Genry Vargas C., Ex Rector ULA, Profesor Titular, FACES. Gerardo Nava, Economista Héctor Yánez, Profesor postgrado FaCES, UCV Igor Hernández. Profesor Adjunto. Centro Internacional de Energía y Ambiente. IESA Irene Layrisse de Niculescu. Profesor Titular UCV Jennifer Fuenmayor. Secretaria Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. profa. Titular LUZ Jorge Fernández, Economista, Prof. Emérito LUZ Jorge Sánchez Meleán Prof. Emérito LUZ. Individuo de Número ACEEZ José U. Mora, Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, U. Javeriana.
Jóvito Alcides Villalba Vera, Economista Juan Carlos Delgado Lobo, Profesor ULA Juan Cristóbal Nagel, Profesor, U de los Andes - Chile Juan Misle, Economista Juan Plaja, Profesor Titular, UCV Julia Pereira Rivero, Abogado, Economista Julio Flores Menessini, Ex vicerrector Administrativo ULA Leonardo Maldonado, Consultor Banco Interamericano de Desarrollo
Leonardo Vera, Profesor Titular, UCV
Luis Alberto Crespo, Profesor UCV
Kamal Romero, Profesor Universidad Cardenal Cisneros, Madrid, España
María A. Alizo. Profa. Titular, Investigadora FCES LUZ Marisela Cuevas Sarmiento, Profesora – Investigadora, Escuela de Economía, UCLA Midas Villasmil Economista Miguel Ángel Santos, Adjunct Professor of Public Policy, Center for International Development, Harvard University Miguel Molero, Economista, columnista y analista político
Natan Lederman, Profesor Investigador Titular de Economía, UNIMET
Néstor Castro Barrios. Ex presidente Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia, Prof. Emérito LUZ Néstor Romero Méndez, Prof Emérito LUZ, Miembro Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Neuro Villalobos R. Ex Rector LUZ. Ex Presidente, Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Omar Zambrano, Profesor UCV, Consultor Oscar Eduardo Fernández Profesor ULA Oscar Meza, Director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros CENDAS-FVM Oswaldo Rodríguez L., Profesor Agregado, FACES, UCV
Pedro Alejandro Abreu. Profesor de desarrollo económico-UCV
Pedro Rosas Bravo, Research Fellow, Center for International Development, Harvard University
Rafael Ávila, Profesor, Decano, UMA
Rafael Cartay Angulo. Profesor Jubilado FACES ULA Rafael Gustavo Miranda, Prof. FACES ULA Rafael Piña P. Ex presidente Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia, Prof. Emérito LUZ, Miembro del Consejo Nacional de Economía Ramón Peña Ojeda, Economista Ricardo Hausmann, Director, Center for International Development, Harvard University Ricardo Villasmil, Profesor IESA Roberto Casanova, Profesor UCAB, Director de Liderazgo y Visión
Rodrigo Peraza, profesor UCV, Jefe del Área de Desarrollo Económico, CENDES
Ronald Balza, Decano Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, UCAB
Silvia Salvato F., Economista UCV, Consultor Externo y Profesor Invitado del Instituto de Estudios Superiores de Administración. IESA
Tamara Herrera, Economista, Consultora.
Thessaly González. Profesora Titular, LUZ, Vicepresidente, Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Víctor Álvarez, Ex ministro de Industrias Básicas, Consultor