TRINO MARQUEZ
La
severa decisión del Tribunal Supremo español contra los dirigentes separatistas
catalanes, ha venido a poner las cosas en su lugar, luego de décadas de
desmanes, provocaciones y agravios de un grupo fanatizado contra la Nación y el
Estado de España.
En esos excesos tiene mucha complicidad un
amplio sector de la élite política que ha conducido el Estado central durante
las últimas cuatro décadas. Este grupo, para deslindarse del régimen franquista
y mostrarse amplio y democrático, les dio numerosas concesiones indebidas a los
separatistas catalanes.
Luego de que el Caudillo por la Gracia
de Dios acorralara a los rupturistas y les prohibiera hasta hablar catalán a
través de los medios de comunicación, estos cobraron venganza contra la
democracia que comienza a establecerse a partir de la muerte de Francisco
Franco en 1975. Potenciaron la leyenda según la cual toda España, especialmente
los madrileños, viven a expensas del trabajo y el esfuerzo sostenido de los
martirizados catalanes, los únicos “fajados” de esa holgazana nación. España esquilma a
Cataluña, era la acusación. Puro invento: estudios económicos serios demuestran
que el empuje catalán se debe, en gran medida, al crecimiento sostenido del
resto del país. Si España no se hubiese modernizado y transformado a lo largo
de estas décadas para acoplarse a las demandas de la globalización, Cataluña no
habría progresado al ritmo que lo ha hecho. La relación entre España y Cataluña
ha sido de enriquecimiento mutuo.
La Constitución de 1978 les otorgó amplias
competencias a los municipios, provincias y comunidades autónomas. Sin embargo,
para los extremistas catalanes nunca ha sido suficiente. Su objetivo consiste
en quebrar la unidad de la sociedad y el Estado español. Exigieron e impusieron
condiciones que en cualquier otra nación, por democrática que sea, resultarían
inaceptables. Cambiaron la historia que aprenden los niños y los jóvenes en los
centros de enseñanza. Difundieron el mito según el cual en el pasado Cataluña
formaba un territorio independiente de España. Mentira. Se sabe que Cataluña
durante la Edad Media era un condado del Reino de Aragón, y que al este
fusionarse con el de Castilla, con la unión entre Isabel y Fernando, se
constituyó el núcleo inicial de lo que luego sería España, donde se creó, al
decir de Pérez-Reverte, el primer Estado moderno de Europa. Por lo tanto,
Cataluña siempre ha formado parte de España. Jamás ha sido independiente. No se
le arrebató ninguna autonomía originaria.
En las universidades públicas se habla
y escribe en catalán, una lengua que únicamente se utiliza en esa región. Esta
obligación incluye a los estudiantes extranjeros en pregrado y postgrado. Los
documentos en las notarías deben registrarse el catalán. Los desmanes promovidos
por el extremismo son numerosos. En los días recientes esos excesos han estado
acompañados por la furia de los grupos violentos. Los disturbios no han sido
condenados por la Generalitat. A esos sectores no les importa perder referendos
y ser minoría en las encuestas que miden las aspiraciones del pueblo catalán.
La animosidad contra España es la fuerza que los anima.
En la coyuntura actual, al parecer, el
grupo que aprovecha más la irracionalidad de los separatistas es Vox, ubicado
claramente en el campo de la ultraderecha nacionalista prounidad de España. El
fantasma de Franco ha reaparecido y Vox lo toma de la mano para deslindarse sin
ambigüedades de las posturas rupturistas. El Psoe, el PP y Ciudadanos, las
opciones de centro, aunque desmarcados del separatismo, deben acentuar el
alejamiento y la condena. La ambivalencia no les conviene. El ejercicio de
la democracia no puede colocar en riesgo
la cohesión del Estado. Con la sedición no se puede ser complaciente. El primer
deber de unos dirigentes consiste en garantizar la supervivencia de la Nación y
del Estado que la soporta. La democracia no puede transformarse en burladero
por quienes buscan quebrar la unidad nacional. El provincialismo de los
separatistas tiene que ser enfrentado con las herramientas proporcionadas por
el Estado de Derecho. La inmensa mayoría de los españoles, y desde luego de los
catalanes, desea una nación compacta.
La decisión del Tribunal Supremo
representa un claro mensaje a los grupos rupturistas activos en Galicia, el
País Vasco y otras provincias y comunidades autónomas. Sobre ese dictaminen
debe cabalgar la dirigencia política democrática para blindar la unidad de
España contra todas las modalidades del
parroquialismo separatista.
El mundo necesita una Europa unida y
democrática. Las amenazas contra la libertad son numerosas y poderosas. Europa
debe ser un muro de contención contra esos peligros. Una España y una Europa
fragmentadas en micro estados resulta
demasiado peligroso frente a los Putin, Erdogán y compañía, que surgen a cada rato.
@trinomarquezc
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