Retomar la perspectiva
Humberto García Larralde
El supuesto acuerdo entre partidos minoritarios y el régimen de Maduro ha enturbiado el aire en sectores opositores. Cumplió así con uno de los objetivos que buscó el madurismo: lograr ser reconocido por quienes dicen ser opositores, desmoralizar con ello a la población e intentar confundir a los países democráticos que depositaron su confianza en Juan Guaidó. Pero los descalificativos ad-hominem –contra la persona y no contra su argumento—no se justifican. Además de restar fuerzas en vez de sumar, el torneo de dimes y diretes obnubilan el sentido de la lucha contra la dictadura. A riesgo de “llover sobre lo mojado”, conviene retomar aspectos que muchos dan por sentado a ver si evitamos tal extravío.
El problema
Venezuela se encuentra colapsada en prácticamente todos los ámbitos salvo, hasta ahora, en la disposición mayoritaria de sus habitantes por desalojar del poder a los responsables de este desastre. Sobran diagnósticos y cifras: Somos el país que, no estando en guerra, registra el mayor desplome económico en el mundo moderno. Hambre, desolación, servicios destruidos y muerte es lo que hoy queda de una nación antes reconocida por sus oportunidades: un estado fallido. De ahí la imperiosa necesidad de cambios fundamentales que permitan rescatar sus enormes potencialidades y dotar a sus residentes de la oportunidad de vivir dignamente conforme a sus esfuerzos, talentos y aptitudes. Se trata de acortarles los terribles padecimientos que hoy sufren y devolverles un país en el que prive la libertad y la justicia. En fin, evitar convertirnos en el “ex país” de que habla Agustín Blanco Muñoz.
Para ello es imprescindible desalojar a la oligarquía militar – civil que hoy usurpa el poder político. Ésta se niega a irse o a cambiar sus políticas porque de ello depende su depredación de la riqueza social. Recurre, por ende, a medios represivos crueles –asesinatos, secuestros, torturas, persecuciones, razias de exterminio (FAES) y demás elementos del arsenal del terrorismo de estado—para preservar sus privilegios, en el puro estilo fascista. El informe de la Bachelet es bastante elocuente al respecto. Le entrega la seguridad de estado a la inteligencia castrista y, más allá, empodera a bandas de malandros y cuerpos o agentes de seguridad (FAES) como fuerza de choque para intimidar o eliminar a opositores. Asimismo, ha entregado zonas importantes del territorio nacional –fronteras y áreas mineras de Guayana—a la guerrilla colombiana y/o al narcotráfico. Conforma una organización criminal –un atajo mafioso—cuyo eje central lo constituyen altos oficiales militares prostituidos por corruptelas, fuentes de oportunidades para el lucro inusitadas.
Esta oligarquía potencia su crueldad al ampararse en una construcción ideológica basada en símbolos patrioteros y elementos de la mitología comunista, que la hace refractaria a todo entendimiento con las fuerzas democráticas. Como genuinos herederos de Bolívar y depositarios de conquistas providenciales de una prometida “revolución”, se sienten envestidos de una superioridad moral ante sus críticos, devenidos en enemigos. Se aíslan en una falsa realidad que les exime de tener que rendir cuentas o de justificar sus acciones y que, cual bálsamo limpiador, les absuelve sus crímenes. Esta ideología propicia la conversión de sus seguidores en sectas, inmunes a toda increpación racional, e invoca la solidaridad automática de mentes retrógradas en otros países que, insólitamente, se auto califican de izquierda (¡!).
¿Negociaciones?
Es iluso pretender que a esta oligarquía militar – civil la anim
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