TRINO MARQUEZ
Evo
Morales intenta violentar la soberanía popular expresada en las elecciones del
20 de octubre, tal como lo hizo con el resultado del referendo de febrero de 2016, cuando la
mayoría de los bolivianos le dijeron NO a la reelección indefinida. Ese
pronunciamiento era vinculante y obligatorio para el mandatario. En esa ocasión,
Morales presionó al Tribunal Constitucional para que declarara con lugar la
solicitud presentada por un grupo de sus partidarios, quienes señalaban que el gobernante
había perdido la consulta por un margen muy estrecho -51% contra 49%- y que tenía todo el derecho como ser humano a
ser reelecto Presidente cuantas veces quisiera.
El Tribunal Constitucional, en un acto
insólito de abyección, invocó la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Pacto de San José, para darles la razón a los simpatizantes del caudillo.
Dictaminó que de aceptarse los resultados de
la consulta, se violarían los “derechos humanos” del gobernante. Sin más
trámites, lo habilitó para presentarse como candidato en los comicios de 2019.
La decisión favoreció también a Álvaro García, su eterno vicepresidente. El
exabrupto del Tribunal no se detuvo allí: sin ningún tipo de reforma previa, declaró
inconstitucional el artículo 168 de la Constitución, que limitaba la cantidad
de períodos que Morales podía ser Presidente. Los magistrados no se anduvieron
con rodeos. Se entregaron en brazos del gamonal sin pudor.
A partir del dictamen del Tribunal
Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral autorizó la inscripción de
Morales como aspirante a la presidencia de la República. Todo esto ocurrió
después que el cacique había declarado que acataría sin chistar la opinión
expresada en el referendo y se iría “feliz” del Palacio de Gobierno, si perdía
la consulta. Toda una farsa para esconder la inmensa presión que luego desató
sobre las instituciones.
En esta oportunidad a Morales le ha sido
más difícil torcer la voluntad de la gente. Carlos Mesa, el principal candidato
opositor en las elecciones presidenciales, asumió la conducción de la lucha.
Denunció el escandaloso fraude que Evo intenta perpetrar. El autócrata ordenó
detener el conteo rápido cuando los cómputos lo desfavorecían. Veinticuatro
horas después, el mismo conteo, que había dejado de ser ‘rápido’, le dio una
ventaja apreciable y definitiva. La adulteración fue legitimada por el Tribunal
Electoral, organismo que lo declaró Presidente en la primera vuelta, a pesar de
que la diferencia con relación a Mesa fue sólo de 0.57% por encima del 10%
exigido por la Constitución, y luego de un episodio tan sospechoso y
cuestionable como fue detener la información sobre el conteo rápido.
La respuesta de Mesa consistió en
movilizar sus partidarios e insistir en que será Presidente o irá preso. Ahora
no se trata, como en 2017, de la defensa difusa de un referendo popular que
pertenecía a todos los bolivianos, pero en realidad no pertenecía a ninguna
persona o fracción particular. En la actualidad, el afectado tiene nombre y
apellido. Evo Morales cree que porque es de ascendencia indígena y posee
arraigo popular en los estratos pobres de la población, puede perpetrar toda
clase de abusos. En esta oportunidad se
enfrenta con un adversario que también cuenta con apoyo de masas y está dispuesto
a confrontar el proyecto hegemónico, el
ventajismo y la corrupción representados por el señor Morales.
Debido a la presión interna e
internacional, Evo se ha visto obligado a aceptar una auditoria internacional
de las elecciones del 20 de octubre. En ella podrían participar la OEA, la
Unión Europea y otros países. Morales dice que los resultados que arroje esa
investigación serán vinculantes y obligatorios para él. Sin embargo, ya se sabe
lo que estas palabras significan para el mandatario boliviano, acostumbrado a
hacer durante trece años lo que le place.
Derrotar las andanzas del autócrata resulta
crucial para quienes consideramos que la salida a la crisis nuestra debe ser
pacífica, democrática y electoral. En Bolivia, de nuevo se busca aplicar el modelo
cubano usado en Venezuela: valerse de las elecciones como fachada para crear la
ficción de democracia y participación; actuar convencidos de que los comicios
se ganan por las buenas o por las malas, pues los revolucionarios no conquistan
mayorías legítimas, sino que se imponen por la vía del control de la fuerza y la
manipulación de las instituciones.
En Venezuela, se libra una batalla sin
cuartel para derrotar, en las filas de la oposición, el escepticismo con
relación a los procesos comiciales y por recuperar la confianza en que a través
del voto es posible impulsar los cambios que la sociedad exige, salir de la
dictadura y construir una nación próspera y equitativa. Todavía está muy cerca
en la memoria de la gente la dolorosa experiencia de las elecciones de la
Asamblea Nacional, en 2015, cuando el régimen amputó las competencias
fundamentales del Parlamento. Nos toca lidiar con esa inmensa frustración, y
con el prejuicio de que quien confíe en la transparencia del voto, es porque todavía
cree en la cigüeña. La agresión de Morales a la soberanía popular contribuye a
reforzar la desconfianza de nuestros escépticos. Las instituciones democráticas
del continente deben obligarlo a ir a una segunda vuelta supervisada y
confiable.
A Evo no puede permitírsele que siga
pecando contra el voto. Los demócratas salimos afectados.
@trinomarquezc.
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