Grupo La Colina

DECLARACIÓN GRUPO ÁVILA

ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL GRUPO AVILA EN TORNO AL DESCONOCIMIENTO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR LA REPUBLICA

· Venezuela tiene una tradición centenaria de honrar los tratados y acuerdos internacionales que ha suscrito.

· Todo tratado o convenio internacional negociado y suscrito (celebrado) por el gobierno nacional que luego cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución Nacional (artículo 154: aprobación parlamentaria y ratificación) es ley de la República

· La MUD debe estar plenamente consciente de que la normativa prevaleciente en el Derecho Internacional Público impide alegar consideraciones de derecho interno de los Estados para eximirse del cumplimiento de los tratados suscritos –y ratificados según sea el caso- por las autoridades que legalmente representan a la República.

· Sólo se podría denunciar un tratado en la medida que éste atente contra los principios fundamentales reconocidos por la comunidad internacional.

· Dicho lo anterior, por parte de las fuerzas democráticas no procedería hacer una declaración que pretenda desconocer en el futuro compromisos internacionales asumidos por el gobierno de Chávez, toda vez que no tendría sustento en el marco de la normativa internacional.

· Lo que sí procede, es un cuestionamiento a la forma inadecuada, caprichosa, ideologizada y disparatada de cómo se comprometen los intereses de la nación, lesionándolos gravemente.

· Inadecuada porque no se consulta ni se hace participar a los diversos sectores del país sobre tales compromisos, en su mayoría, gravosos y sin contrapartida.

· Caprichosa-personalista, porque no responde a un plan, a una política, a un análisis de lo que nos interesa como país, consensuados por todos los sectores, sino a los antojos y preferencias personales y/o ideológicas del autócrata que nos gobierna.

· Disparatada por lo irracional e ilógica, amen de extravagante en su contenido y ejecución. No olvidar las compras fantasiosas, el incumplimiento de tantos ofrecimientos (34 petroquímicas sin iniciar, excepto la de Cienfuegos) y los cientos y cientos de convenios suscritos (redundantes muchos), con un porcentaje mínimo de ejecución.

· Una declaración de la Mesa debería contener un cuestionamiento a toda la política exterior del régimen por:

-ausencia de participación de la sociedad;

-no atender a un análisis de los intereses del país;

-ser personalista y caprichosa; ideologizada

- lesiva a los intereses de la nación, manirotismo, “petropopulismo internacional”

-contraria a nuestros valores políticos, culturales.

- mostrar a un país como si estuviera “en remate” (préstamo de China, venta de Veba Oil-Ruhr Oel).

-mostrar al país como un comprador compulsivo de cualquier baratija que le ofrecen en sus viajes, mientras existen múltiples necesidades desatendidas en el pueblo venezolano.

-No buscar oportunidades de negocio para nuestro sector privado

- Pretender, con los viajes al exterior, esconder el desastre de nuestra economía y una gestión gubernamental fracasada.

· Sin embargo, todo lo anterior no impide que en su momento se lleve a cabo un examen exhaustivo de los millares de acuerdos y compromisos adquiridos por el gobierno de turno atendiendo criterios de equidad o desventaja ruinosa para la República, transparencia, discusión pública, aprobación legislativa de los contratos de interés público (que es norma de jerarquía constitucional aceptada como eximente de la obligación de cumplimiento), etc.

· Por lo tanto, en su momento, la República llevará a cabo la distinción entre tratados internacionales y contratos mercantiles dando a cada categoría el tratamiento que corresponda. Aquellos tratados o convenios que sean considerados lesivos a los intereses de la nación, deberían ser revisados a la luz de la normativa internacional y el tratado de que se trate, a los fines de tomar las decisiones que correspondan.

· En virtud de lo cual, MUD advierte a los miembros de la comunidad internacional, sujetos de Derecho Público o Privado, a fin de que estén en cuenta de los criterios aquí anotados.

Caracas, 19 de octubre de 2010