Grupo La Colina

EDITORIAL ABC

HUMILLADO ANTE CHÁVEZ

6-10-2010

EL Gobierno español ha perdido el norte en su respuesta a las nuevas evidencias de que el régimen de Hugo Chávez ha convertido Venezuela en campo de entrenamiento, y no en mero refugio, de terroristas de ETA. Esas evidencias se amontonan en la Audiencia Nacional y no se limitan a las recientes declaraciones de los etarras Javier Aristain y Juan Carlos Besance Zugasti. Estos han confirmado las informaciones de terroristas de las FARC «desmovilizados» recabadas en Colombia por la Policía española; de los datos precisos que estaban almacenados en los ordenadores de Raúl Reyes, dirigente de las FARC muerto en un ataque del Ejército colombiano; y de documentos obtenidos en operaciones contra ETA en Francia. No se trata de dar o negar crédito a los etarras detenidos —el Gobierno de Zapatero se lo dio a la banda terrorista durante años de negociación—, sino de aceptar la existencia de pruebas que señalan directamente al régimen chavista como encubridor de terroristas. El Gobierno manipula la realidad al dudar de los etarras que han declarado en la Audiencia Nacional y obviar el resto de antecedentes. Pero todavía es más grave que no respalde de forma inequívoca a la Justicia, la Fiscalía y la Policía, que son las instituciones que han contrastado, en el ejercicio de sus funciones, la veracidad de los datos que acreditan que ETA se ha entrenado con las FARC en Venezuela. En vez de respaldar la actuación de estas instituciones, el Gobierno ha vuelto a actuar temerosamente, llegando a compartir con Hugo Chávez la táctica de cuestionar la palabra de los etarras. Lástima que no lo hiciera cuando negociaban políticamente en la tregua de 2005-2007.

Lo que sabe es suficiente para responder con las medidas más severas que quepan en las relaciones diplomáticas. Los golpes de pecho de Chávez contra los etarras Aristain y Besance solo han convencido a la vicepresidenta De la Vega, dispuesta a elogiar la impostura del gerifalte bolivariano y a dar la espalda a los jueces, policías y fiscales que sostienen las pruebas de la colaboración de su régimen con ETA. Por si no fueran suficientes los datos que tiene la Audiencia Nacional para esperar una reacción digna del Gobierno español, el embajador venezolano en España se ha atrevido a cuestionar la legalidad de los interrogatorios a los etarras. No hay intereses económicos en Venezuela que justifiquen esta humillación en la que se postra el Gobierno español ante Hugo Chávez.