Grupo La Colina

INACEPTABLE

Ramón Guillermo Aveledo

Lo ocurrido al Presidente de Fedecamaras Noel Alvarez, la expresidenta Alvis Muñoz y los directivos Ernesto Villasmil y Luis Villegas, no puede ser despachado con la resignación habitual en quienes vivimos en un país signado por la violencia y la impunidad. Ese “Gracias a Dios que pueden contarlo” al que nos va acostumbrando la frecuencia del delito violento, no basta para poner punto final al episodio que se inició en El Bosque y concluyó entre el Hospital Pérez Carreño y el Mercado de Coche dos horas y cinco minutos más tarde. Lo primero que cualquier venezolano al que le duela Venezuela debe hacer es repudiar el hecho. Repudiarlo y punto. Sin peros, sin matices. Con la violencia no hay tolerancia. Condena y punto. Del Presidente de la República para abajo. Lo segundo, exigir a las autoridades una actuación seria, objetiva, diligente, que esclarezca el caso y ponga a la orden de la justicia a los presuntos responsables. Aquí, desde luego, el celo y el empeño de los organismos competentes debe ser el máximo. Cabe esperar que, en la situación que vivimos, haya mucha desconfianza con relación a la actuación de las autoridades y la veracidad de su dictamen. Esa desconfianza, que es real, ha sido cultivada por la retórica y la actitud gubernamentales. Así como por el tratamiento de casos muy notorios, como el del fiscal Anderson, cuyos rasgos definitivos siguen siendo un misterio. Misterio del que brotan mil y una conjeturas. Y aquí viene un asunto que es imposible no abordar. En el editorial de Tal Cual del viernes 29, Teodoro Petkoff llama la atención sobre los riesgos sociales del terrorismo. La sola posibilidad de que eso pueda ser amerita una reacción muy categórica, definitiva, tajante, por parte del Estado. Ya vemos cómo se tolera la presencia en Apure y otras zonas fronterizas, de una Fuerza Bolivariana de Liberación, una organización armada irregular pro-oficialista. El propio Presidente ha reconocido su existencia y les ha llamado, con unas buenas maneras completamente inusuales en él, a que rectifiquen porque ese no es el camino, como en un consejo de tío y no como quien tiene la responsabilidad de asegurar la paz y la seguridad del país. Y una reflexión final. Aquí hay que desterrar la retórica de la división, la satanización de sectores y de actividades sociales, la promoción del rencor y el resentimiento, la constante exposición al desprecio público de personas, instituciones, empresas, partidos. Nadie podrá vivir tranquilo en Venezuela si por esa ruta llegamos al llegadero.

DEFENDER LA CONSTITUCIÓN

Contra las expropiaciones que se ordenan y aquellas con las que se amenaza, se han presentado múltiples argumentos. Económicos, políticos, sociales, laborales. El más claro de todos es que estatizadas, las empresas expropiadas funcionan peor, se alejan de su función de utilidad social y terminan siendo una fuente de problemas y un pozo de gasto público que podría ir a destinos más útiles.

Pero uno de los datos más preocupantes de las expropiaciones que a cada rato nos disparan, es que son realizadas con total ignorancia de la Constitución, que debe ser la base de la seguridad jurídica en Venezuela.

El mismo artículo 115 que garantiza el derecho de propiedad, establece como es lógico que la propiedad “estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley, con fines de utilidad pública o interés general”. Allí entran los impuestos que pagamos o la obligación de dar paso si un predio rural es el único acceso a otros o deberes lógicos como que yo no puedo prenderle fuego a mi casa, porque haría daño a los demás.

El mismo 115 concluye que “Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.” Como puede verse, por ningún lado aparece como modo de expropiación que el Presidente de la República grite ”Exprópiese” ante las cámaras de televisión.

Argumentos ideológicos (es una actividad “estratégica”) o punitivos (dañan el ambiente, explotan a los trabajadores, se portan mal) son los lanzados más frecuentemente, pero en ellos es muy dudosa, cuando no está ausente la “utilidad pública o interés social” que exige la Constitución.

Lo que se está haciendo es perjudicial para los trabajadores, para los empresarios, para los consumidores, dañino para la producción y propicio para la corrupción. Pero además es inconstitucional.

También es inconstitucional la sentencia del TSJ desconociendo la inmunidad parlamentaria de Biaggio Piglieri, José Sánchez, Richard Blanco y Hernán Alemán, y con eso la de todos los diputados electos el 26 de septiembre. El artículo 200 de la Constitución dice que tienen inmunidad “desde su proclamación”. La lesión a la independencia de la Asamblea Nacional, necesaria para que cumpla su función de control (porque no la está cumpliendo tenemos este inmenso desorden) es grande, el abuso contra las personas de esos diputados electos es descarado, pero lo peor es la burla que se hace de la Constitución.

Defender la Constitución es un imperativo cívico. Allí está el espacio para convivir y las reglas para que los poderes públicos funcionen para todos los venezolanos.