ELSA CARDOZO
La nota con la que el Tribunal Superior Electoral de Brasil hizo público su retiro fue muy concisa y precisa en razones, todas reveladoras, para comenzar, de las responsabilidades que esa autoridad electoral demostradamente independiente sabe que tiene a la hora de actuar en tareas de observación. También ha dejado constancia de las obligaciones que el gobierno venezolano ha desatendido al impedir que la misión de Unasur pueda actuar con independencia, objetividad y presencia temprana en fases esenciales para un proceso electoral verdaderamente libre y confiable.
Lo expresado por la máxima autoridad electoral brasileña es también revelador del estado de la armazón internacional del régimen venezolano, construida mediante el uso y abuso de teorías conspirativas, de la invocación al principio de no intervención y de la transferencia a otros países de recursos y oportunidades en muy turbia mezcla de promesas y amenazas. En cada una de esas vertientes se suman cada día más voces que alertan sobre la represión de derechos políticos y condenan la ilegítima argumentación utilizada para incumplir compromisos y evadir cualquier forma de escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Al coro se añaden las condenas y expresiones de desagrado en una región en la que, en medio de un panorama económico complicado, crece la sensibilidad de las sociedades ante la corrupción y la opacidad en las cuentas.
Están a la vista al menos tres condiciones internacionales que están contribuyendo a ensanchar las grietas en la estructura de apoyos y silencios en los que se había escudado el gobierno venezolano. La más gruesa y visible se proyecta desde el interior. Es la del inocultable descalabro institucional y material que no solo desdice del modelo mismo que se pretendió proyectar con una agresiva petrodiplomacia, sino que hace que esta sea cada vez más costosa y contraproducente para un gobierno que no duda en aumentar los daños para el país todo. Así lo dejan ver las desgastadas respuestas oficialistas ante las denuncias y solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los votos perdidos en las Naciones Unidas, el torpe manejo de las relaciones con Guyana y los toscos acercamientos recientes a países de la Comunidad del Caribe y a otros deudores y acreedores.
En el entorno regional, el panorama socioeconómico del final de la “década dorada” se perfila con cambios importantes en la correlación de fuerzas políticas al interior de la mayoría de los países. Los presidentes, afectados en general por la reducción en sus niveles de apoyo y espacio político, han perdido capacidad de maniobra y les resulta tan necesario hacer alianzas, como costoso hacerse oídos sordos o descalificar a los opositores. La actitud ante la situación venezolana se ha convertido en una suerte de termómetro muy visible sobre la salud de la política exterior –e interior– de los gobiernos del vecindario.
A esa presión política se añade la no gubernamental de personas, grupos y organizaciones que atraviesan la armazón protectora y ensanchan sus grietas. Son quienes, solo con ataduras a principios democráticos, mantienen la atención sobre el proceso electoral venezolano y, con sus alertas, contribuyen a hacer cada día más costoso para el gobierno desvirtuarlo.
Cuanto más se opone el gobierno venezolano a la observación internacional, más deja ver sus grietas y más atención atrae sobre un proceso electoral en el que es imperativo seguir poniendo especialísimo y muy justificado empeño.
No hay comentarios:
Publicar un comentario