ALBERTO ARTEAGA SANCHEZ
Los últimos acontecimientos en el mundo de la justicia penal, sencillamente, nos colocan ante la realidad de un Estado en anomia persistente a punto de colapso total por haber desaparecido todo vestigio que implique dar a cada quien lo que corresponde.
La confesión del fiscal Franklin Nieves en el caso Leopoldo López nos deja perplejos. Evidentemente, su confesión tardía, su arrepentimiento extemporáneo y el perdón solicitado por todos los desafueros cometidos no remedian el entuerto de una condena injusta que arrastró a un dirigente político y a su familia al trato cruel de una injusta, dura e inclemente prisión.
Tampoco esa confesión, a cambio de presuntos beneficios en otro país, se traduce en una efectiva y eficaz fórmula para asumir sus responsabilidades y aceptar el castigo merecido en Venezuela, sometiéndose a las consecuencias de su prevaricación y participación en una condena injusta.
Su declaración después del juicio, eso sí, producto del terror que signa la vida de los que sirven a la “justicia” como instrumento de retaliación política, solo logra poner el dedo en la llaga de un sistema judicial constituido por un parapeto infame que garantiza la impunidad a los delincuentes y sanciona cruelmente a los disidentes.
Al desabastecimiento de alimentos y medicinas, a la carencia de lo más elemental para sobrevivir en el país, se añade el espectáculo bochornoso de simulacros de juicios, fabricados burdamente en despachos de la Inquisición que producen, en serie, mandatos de aprehensión sin fundamento alguno, acudiendo a expedientes con fórmulas trilladas que criminalizan discursos, se sirven de interceptaciones ilegales de comunicaciones privadas y sancionan las condiciones de “peligrosidad” de dirigentes políticos que no pueden estar libres por su ascendencia popular.
En los cubículos en los que preparan las órdenes de captura y se extraen de libros mal asimilados las acusaciones por hechos que no constituyen delitos, no tienen cabida las normas de la Constitución ni los principios del Código Penal. Estas consideraciones quedan para los “doctos” profesionales que disertan en aulas abandonadas con textos de poco uso que solo sirven para ilustrar alguna defensa de un jerarca del régimen.
Son muchos los fiscales Nieves que, vestidos con llamativas togas y con el código en la mano, no les tiembla el pulso para pedir la privación de la libertad y medidas injustas contra inocentes ciudadanos, sin prueba alguna pero con la seguridad de quien actúa por órdenes de arriba para “dejar pegado” a quien ha sido señalado como enemigo político; son también muchos los fiscales y jueces que han renunciado a sus cargos o se ha acogido a una jubilación prematura, con la suerte de no haber sido seleccionados para una causa “del régimen”; y también doy fe de que hay fiscales y jueces que no están dispuestos a violar la ley y su juramento, a la espera de que en algún momento la política los llame a capítulo para exigirles su contribución con la revolución, hora crucial para negarse a la traición a sus principios, a pesar de representarse el duro camino que les espera y que los puede conducir hasta la propia prisión.
El caso Nieves, independientemente de su influencia en el caso López, cuya inocencia emerge del propio texto de la sentencia, inmotivada, plagada de errores conceptuales, sin coherencia, sin pruebas, le añade al caso la vivencia bochornosa de un acusador que reniega de su acusación y a quien el miedo le impidió cumplir con su deber, por lo cual, sin duda, debe responder ante Dios y ante los hombres.
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