lunes, 29 de febrero de 2016

CARTA ABIERTA A LOS LIDERES DE LA OPOSICIÓN

Carta-del-director
     BENIGNO ALARCÓN


La velocidad de los acontecimientos amenaza hoy con arrollar los tiempos de cualquier salida bajo condiciones de gobernabilidad en el país.
Es evidente para todos el estado de deterioro progresivo y acelerado de las condiciones de vida en cualquier rincón de Venezuela. Alimentos y medicinas desaparecen, al mismo tiempo que los precios se elevan sin freno en relación proporcional y directa al crecimiento de una  demanda insatisfecha, ganándole la carrera a cualquier aumento de salarios, situación que no cambiará mientras no se tomen las medidas necesarias para lograr un nuevo equilibrio económico. Al mismo tiempo, el deterioro de los servicios corre a la misma velocidad, traduciéndose en la interrupción cotidiana de cosas tan básicas como el agua o la electricidad. Los problemas de seguridad, a pesar de que encabezamos hoy la lista de países más peligrosos del mundo, pasa a un segundo o tercer plano ante el peso de las necesidades de la sobrevivencia diaria.
Bajo este ambiente de anomia generalizada, que nos acerca a las características de un estado fallido, muchos apuestan a una implosión que cambie todo de la noche a la mañana, o a que alguien, un mesías o un actor responsable y con poder que, viendo el peligro y nuestras penurias, salga a defendernos y a restaurar el orden. Pero la realidad es que los días, semanas y meses pasan y nada pasa, mientras el gobierno, tal como sucede en el caso de un enfermo que lucha por su vida, va dando la pelea un día a la vez, en un juego suma-cero en donde cada día ganado por el gobierno es un día perdido para la oposición, en una relación en la cual el gobierno ya no tiene mucho que perder en cuanto a legitimidad, aunque sí en el caso de perder el gobierno, mientras la oposición arriesga su activo más preciado: su legitimidad y la de la Asamblea, hoy en sus manos. A esto juega el gobierno, a ganar tiempo, un día a la vez.
En este sentido, impulsar el cambio político prometido no es solo importante, sino urgente, ya que en el tiempo está la esencia de su viabilidad real.  Y es justamente desde esa perspectiva que debe encararse el debate sobre la solución constitucional, pacífica y electoral que se le quiere dar a la actual crisis política. Es necesario entonces elevar el debate sobre el mecanismo a un nivel distinto porque esto no es un tema de preferencias ni de propuestas de posicionamiento de liderazgo.
Es necesario escapar de la trampa de basar el debate en la argumentación puramente jurídica, porque hoy no gozamos de un estado de derecho, o en su viabilidad institucional, porque tampoco existe separación de poderes y cualquier propuesta de cambio tropezará inevitablemente con obstáculos político-institucionales. Es urgente centrar el debate en aquellos criterios que se relacionan con la viabilidad política de la propuesta. Si en 1999 Chávez hubiese puesto en la balanza la viabilidad jurídica o institucional de la Asamblea Constituyente, jamás habría logrado tener una nueva Constitución a finales de ese mismo año. Pero lo logró porque su intuición le permitió leer correctamente las expectativas y los tiempos para una batalla que se definió por caminos meta-jurídicos y meta-institucionales, doblegando a una Corte Suprema de Justicia que de haberse opuesto habría sido también arrollada en el campo de una batalla político que se inclinaba claramente a su favor. Hoy, la oposición está en una situación de ventaja política similar a la que Chávez gozo en ese momento, es tiempo entonces de actuar.
En consecuencia, me atrevería a sugerir, de manera no taxativa, siete criterios que deben ser tomados en consideración en el debate que la dirigencia de oposición debe estar dando en este momento en torno a la propuesta política que debe ser presentada al país en las próximas horas, atendiendo a la urgencia de la situación:
  1. La legitimidad política de la propuesta es esencial. Ninguna propuesta que adolezca de legitimidad política podrá sustentarse y ser útil a los fines de construir una transición pacífica por la vía democrática.
  2. La propuesta debe ser unitaria, y en ese sentido debe ser elegida y respaldada por todos los partidos políticos de la oposición. En tal sentido, el debate debe darse de manera urgente y agotarse hasta llegar a un consenso o a una decisión mayoritaria, que una vez adoptada debe ser respaldada por todos, tal como se ha hecho con las candidaturas unitarias.
  3. En la decisión sobre la propuesta deben privar los criterios políticos sobre los institucionales y jurídicos. Es necesario devolver el debate al campo de batalla político que es el único en donde la oposición tiene claras ventajas, lo que implica centrar la lucha en colocar la decisión en manos del soberano, evitando las racionalizaciones circulares e inútiles sobre obstáculos institucionales que estarán siempre presentes para tratar de contener cualquier propuesta de solución.
  4. La propuesta debe permitir una solución en el corto plazo. Si no se produce un cambio político en el corto plazo se corre el peligro de que la situación de deterioro social termine generando violencia y arrollando cualquier proceso institucional para terminar imponiéndonos soluciones de facto, sobre las cuales los actores democráticos no tendrán ningún control real.
  5. La propuesta debe permitir la elección de un nuevo gobierno que cuente con un periodo presidencial completo, y no la terminación del período presidencial por un vicepresidente o por cualquier otro actor del actual gobierno. Ante la grave situación económica que vive el país, luce poco probable emprender el proceso de recuperación económica, que implicaría la necesidad de un importante financiamiento internacional mientras exista un gobierno con bajos niveles de legitimidad que sea capaz de darle viabilidad de los ajustes económicos necesarios, o por un gobierno provisional de corto plazo.
  6. La propuesta debe considerar la viabilidad institucional y política del nuevo gobierno, por lo cual debe garantizar un cambio de reglas y relaciones entre poderes, o la elección de nuevos actores que garanticen su funcionamiento efectivo y adecuado.
  7. Todo cambio político o transición logrado de manera pacífica y democrática implica, necesariamente, la cooperación de actores moderados tanto del gobierno como de la oposición. En tal sentido, se hace necesario considerar que la propuesta debe implicar la reducción de los costos de tolerancia a un cambio político para los actores moderados del gobierno, y la elevación de los costos de represión para aquellos actores radicales que estarían dispuestos a mantener el poder por la vía represiva.
Insistimos, respetuosamente, pero con la responsabilidad que los tiempos nos demandan, en que es de la mayor urgencia dar una solución política a la grave crisis que el país enfrenta hoy, y que amenaza la existencia misma del Estado.
Benigno Alarcón Deza
Director
Centro de Estudios Políticos
Universidad Católica Andrés Bello

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