lunes, 8 de febrero de 2016

REVISTA POLITIKA: Carta del Director
 
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     BENIGNO ALARCÓN
 
En nuestra carta de la semana pasada nos preguntábamos por cuánto tiempo más puede postergarse una confrontación inevitable. Pues pareciera que no por mucho tiempo más, no solo por el hecho evidente de que la crisis se profundiza día a día sin que se produzca decisión alguna que permita pensar que el gobierno ha tomado conciencia de la gravedad de la situación y comienza a actuar con un mínimo de sentido común.
Muy por el contrario, a cualquier medida elemental y de sentido común, como sería reducir el gasto público en respuesta a la reducción de los ingresos, se le etiqueta de neo-liberal, mientras se nos condena a todos a pagar las facturas de una mala administración de lo público mediante más impuestos, devaluaciones y la consecuente inflación que hoy han arrastrado de la noche a la mañana a un 73% de los venezolanos a cruzar la línea de la pobreza.
Hoy, cuando me siento a escribir esta segunda carta una semana después, siento que ha pasado mucho más tiempo por el ritmo que el deterioro ha ido tomando. Si nos colocamos en la situación que nos es común a cualquier de nosotros, nuestros niveles de inflación en una semana superan a los que la mayoría de los países tienen en un año. Pero si esto no fuese suficiente, pongámonos por un instante en los zapatos de quien a esta situación común debe sumar las dificultades de un tratamiento médico interrumpido por falta de insumos, por poner tan solo un ejemplo de las miles de situaciones que el ciudadano común esta enfrentando en el día a día de una batalla por la supervivencia en la que de continuar como vamos, arrastrados por la inercia, estamos condenados a perder.
Ante esta situación, que no exageramos al calificar de catastrófica, es urgente que se impongan soluciones institucionales que se orienten a no permitir la fractura del delicado equilibrio que implica una gobernabilidad muy precaria que puede tornarse más inestable aún haciendo lo correcto y mientras se corrige el rumbo, pero que irremediablemente perderemos si no lo corregimos de manera inmediata, para convertirnos en lo que se conoce como un Estado fallido.
Corregir el rumbo implica, ante nada, que se imponga la racionalidad y el respeto por la gente, y se abandone el ejercicio irresponsable de una demagogia suicida con la cual se pretende repolarizar al país en uno de los momentos más delicados de su existencia. Corregir el rumbo implica retornar a un arbitraje institucional y responsable que ponga por delante los intereses colectivos y no los de quienes hoy están más preocupados por mantener el poder que por la del país.
El arbitraje de este conflicto político que amenaza hoy la sustentabilidad misma del Estado pareciera que se aproxima de manera irremediable a un escenario similar al de 1998, cuando la gente apostó a un cambio radical de actores y de modelo político, dando su apoyo a quien mejor representaba el espíritu anti-partido que dominaba las tendencias de aquellos tiempos. Hoy, cuando el modelo económico y político puesto a prueba durante 17 años ha colapsado ante el peso de su propia falta de sustentabilidad, es necesario volver a poner en manos de los ciudadanos el arbitraje entre las tesis políticas y económicas en disputa, lo que implica la inminencia de procesos de consulta, llámense éstos referéndums o nuevas elecciones.
Pero antes de que cualquiera de estos arbitrajes institucionales se produzca, es necesario corregir primero las reglas de tales procesos para no caer en exabruptos como los que se mantienen al día de hoy, cuando han pasado dos meses de la elección legislativa y un mes de la instalación de la nueva Asamblea Nacional sin que hasta tengamos claridad sobre si el estado Amazonas tiene o no diputados que le representen y se le mantenga sin voz en una instancia en que toman decisiones que le afectan y sin que se llame a nuevas elecciones ni se permita la incorporación de quienes fueron electos, mediante la aplicación de una medida cautelar que aún no tenemos claro a quien protege, pero que terminó desconociendo los derechos de los habitantes de todo un estado, y en especial de un sector vulnerable y con necesidades especiales, como lo es el indígena; tampoco es posible un arbitraje en el cual una sola de las partes tiene los medios para comunicar sus mensajes, mientras la otra es silenciada e invisibilizada gracias a las presiones de CONATEL sobre los medios, como denunciara el periodista Vladimir Villegas refiriéndose al reciente caso de Globovisión; o uno en donde no se tiene claro quien es el árbitro porque mientras el Consejo Nacional Electoral parece tener facultades ilimitadas durante la elección, se le hace a un lado cuando las disputas por los resultados aparecen y se le pasa la batuta a una Sala Electoral que decide sin consulta ni participación de la autoridad electoral, generando un limbo que desconoce los resultados anunciados por el mismo CNE. Asimismo, y pese a que se presume del rol protagónico que tienen los ciudadanos gracias a la Constitución de 1999, se mantiene la mora desde entonces en la promulgación de una legislación que regule los referenda como una de las nuevas expresiones de este derecho a la participación protagónica, y que podría constituirse hoy en uno de los mecanismos constitucionales de arbitraje político.
En fin, si aspiramos hoy a soluciones institucionales y apegadas a la Constitución, es necesario revisar las reglas que se constituirán en garantías de respeto a la voluntad ciudadana. No hacerlo es poner en riesgo la existencia misma de la República.
Benigno Alarcón Deza
Director
Centro de Estudios Políticos
Universidad Católica Andrés Bello

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