viernes, 12 de febrero de 2016

LA REFORMA DE LA LEY DEL BCV
 
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                        JOSÉ GUERRA
 
 
El 4 de febrero la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática presentó el proyecto para reformar la Ley del BCV. Efectivamente, me correspondió anunciar el citado proyecto cuyo objetivo fundamental reside en restituirle al Banco Central sus competencias monetarias para lidiar y derrotar una inflación hoy fuera de control por la acción de una política monetaria que acabó con la estabilidad monetaria de Venezuela.
Aunque las sucesivas reformas de la Ley del BCV aplicadas por el gobierno mediante leyes habilitantes entre 2005 y 2014 en cierta forma fueron minando las bases del bolívar, fue con los preceptos contenidos en la más reciente modificación del 30 de diciembre de 2015 cuando se dio la estocada que faltaba para liquidar cualquier vestigio de prudencia en el manejo de la política monetaria, y tanto peor que ello es la demolición de la arquitectura institucional del BCV. Así, aparte de consagrar el financiamiento inflacionario del déficit fiscal, se estableció una especie de impunidad según la cual las autoridades del BCV gozan del inaceptable privilegio de no rendirle cuentas al pueblo venezolano, expresado en la Asamblea Nacional, acerca de la políticas y los objetivos que la ley le confiere.
Igualmente, contaría el Directorio del BCV con la licencia para no publicar las cifras económicas, basado ello en el cuestionable argumento del secreto de Estado, absolutamente inadmisible en una sociedad democrática. También se pretende institucionalizar la mutilación de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional para el nombramiento de las autoridades del BCV, como taxativamente se establece en la Disposición Transitoria Cuarta, numeral octavo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La Asamblea Nacional, como poder originario emanado del pueblo venezolano, va a enmendar semejante desatino del gobierno y hacer que el Directorio del BCV entre por el redil de la legalidad. Un banco central es una institución fundamental para el bienestar de las naciones. La sociedad le entrega a esa institución potestades únicas como la de emitir el dinero y con ello determinar las tasas de interés y el nivel de precios de la economía. Le otorga un poder único y exclusivo. Pero como las autoridades del Banco Central no son elegidas por votación directa sino más bien designadas, entonces deben rendir cuentas a quien sí detenta el poder originario, el Parlamento, para de esta manera asegurar que las facultades monetarias concedidas sean usadas para bien, no para mal. El bien acá lo representa una moneda sana, que preserve su capacidad de compra interna y externa y el mal, la inflación, la destrucción de la moneda. Esto último es lo que ha venido sucediendo por cuanto las autoridades del BCV han destruido el fruto de su creación: el bolívar. Entre diciembre de 2008 y diciembre de 2015, cuando ha estado en vigencia la reconversión monetaria que instituyó el bolívar fuerte, la inflación acumulada se situó en aproximadamente 1.700% (un mil setecientos por ciento). 
Un alza de precios de esa magnitud no se puede explicar sin el concurso de dos elementos: el déficit fiscal y su consiguiente monetización, vía impresión de dinero primario y luego la multiplicación de ese dinero a través del crédito bancario. Llegó la hora de reparar el daño infligido a Venezuela y para ello está la Asamblea Nacional.

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