Grupo La Colina

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

 

       

 

      HUMBERTO GARCIA LARRALDE

 

 

En insólito atropello a la Constitución y a las potestades de la Asamblea Nacional, el TSJ acaba de validar el Decreto de Emergencia Económica que había rechazado, con razón, la representación de la voluntad popular,. El máximo tribunal resucita así la patente de corso para que Maduro maneje los recursos presupuestarios a su libre albedrío, requise haberes del sector privado, instrumente un corralito e introduzca cualquier otra barbaridad que se le ocurra, con gravísimas consecuencias para el bienestar de los venezolanos. ¿A qué obedece tamaño desafuero? La retórica oficialista dirá que ello le permitirá profundizar la ofensiva contra la “guerra económica” (¡!), es decir, continuar con las mismas disposiciones que nos trajeron hasta aquí. Y no faltará la referencia a las contraposiciones ideológicas en juego: la construcción del socialismo, estadio superior de civilización, que no ha dado sus frutos por el asedio incesante de la burguesía y el imperio en su contra, enfrentado al vil capitalismo, reino del egoísmo, la explotación y el desdén por la solidaridad con los pobres.

Desbrozando esta madeja de idioteces aparece, sin embargo, una explicación mucho más clara, que se adviene, además, a la visión materialista de la historia, tan preciada por quienes se autocalifican de marxistas. Es la constatación de poderosos intereses creados en torno a las enormes fortunas amasadas al amparo de los controles, regulaciones y el excesivo intervencionismo discrecional del Estado en los asuntos económicos. Se trata del arbitraje especulativo entre un dólar a Bs. 6,30 y otro que vale 150 veces más, la reventa de productos regulados por varias veces su precio y de la gasolina, en países vecinos, 8000 veces más cara, las comisiones cobradas para ponerse en estos manejos, retribuciones abultados al otorgar contratos y/o dólares preferenciales a empresas de maletín “amigas”, la extorsión a comerciantes y productores con la amenaza de aplicarles leyes punitivas de interpretación discrecional, la aquiescencia con el tráfico de drogas, el lavado de dinero y por otras irregularidades. En fin, cuando las transacciones económicas no obedecen a la interacción de demanda y oferta en mercados donde reina la competencia sino que resultan del arbitrio administrativo de quien controla el poder, en un contexto de nula transparencia ni rendición de cuentas, las posibilidades de lucro ilícito se potencian, más en un país petrolero que captaba hasta hace apenas año y medio enormes rentas en el mercado internacional.

Se configura así un régimen de expoliación, consistente en un arreglo orquestado desde un poder político autocrático para el usufructo discrecional de la riqueza social, en atención a la correlación de fuerzas fraguadas en torno a sí. En el pasado la estrategia de “sembrar el petróleo” instrumentó medidas para aprovechar la renta en función de objetivos de desarrollo que se vieron vulneradas por el otorgamiento discrecional de privilegios. Hoy, esta práctica se ha institucionalizado en un Estado patrimonialista, en el que la propiedad de lo público se administra como si fuera privada. Adicional a los “negocios” antes citados, aparecen los privilegios de la camionetota con guardaespaldas y chófer, los viajes pagados al extranjero para “shopping” o para acompañar al presidente en sus giras, los dólares preferenciales, “gastos de representación” y viáticos a la libre, las colitas en las avionetas del Estado, el pasaporte diplomático sin ocupar cargo alguno de representación en el extranjero y pare usted de contar. El disfrute de la riqueza social queda sujeta a transacciones de naturaleza política mediante las cuales se trueca obsecuencia y lealtad a quienes detentan el poder, por el derecho a participar en el usufructo de esa riqueza. En ello juega un papel crucial la ideología y la “hegemonía comunicacional”, claves para “legitimar” tal arreglo.

El Estado Patrimonialista se entroniza al destruirse las instituciones del Estado de Derecho liberal. Se beneficia, en particular, de la disolución de los derechos de propiedad, alegando la construcción del “socialismo de siglo XXI”. Bajo la prédica de privilegiar lo colectivo sobre lo individual, son privatizados los bienes públicos para su usufructo excluyente y discrecional. Los recursos de un Estado, pretendidamente del “pueblo”, pasan a ser detentados por los “revolucionarios”, pues ellos son, por antonomasia, el “pueblo”. Si Maduro declara que la patente de corso del Estado de Emergencia Económica durará por todo el año 2016 y el 2017, en abierto desafío a lo pautado en la Constitución y las leyes que hablan de un período de 60 días, prorrogable con autorización de la Asamblea Nacional, es porque, en fin, el país es de él, le pertenece.

El esquema de expoliación sirve a una oligarquía que se estructura como un entresijo de mafias que cooperan o compiten entre sí. La lealtad pasa a ser el atributo más importante para congraciarse con quien controla las oportunidades de lucro en cada situación. Pero es la cúpula que corona estos grupos la que articula el tinglado de complicidades entre los distintos estamentos del poder para allanar el camino a los “negocios”. La designación tramposa de magistrados hecha por la Asamblea Nacional anterior los comprometió con estos fines, por lo que no pestañeó en validar el Decreto de Emergencia Económica para amparar las medidas de intervención discrecional que han sido la base del poder de estas mafias, no obstante el terrible daño que han ocasionado al país.

Está en juego la posibilidad de abrirle a la población la posibilidad de recuperar su futuro y salir del marasmo que lo agobia con una rectificación profunda del actual esquema de conducción de los asuntos económicos o continuar empobreciéndola para favorecer a estas mafias. Los economistas hemos venido insistiendo en la imperiosa necesidad de sanear las cuentas fiscales, negociar inteligentemente un generoso financiamiento externo, unificar el tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio, apagar la “maquinita” del BCV que imprime dinero sin respaldo, restablecer las seguridades jurídicas a la iniciativa privada y desmantelar el sistema de controles, para derrotar la pavorosa inflación y el desabastecimiento que está acabando con la vida de los venezolanos. Pero el TSJ le da luz verde a Maduro para continuar haciendo totalmente lo contrario y empobrecer aun más al país. Cada quien con su conciencia.

Se trata de poner fin al régimen de expoliación basado en los controles, las regulaciones y el usufructo discrecional de la renta, lo que supone el fin del Estado patrimonialista. De ahí la resistencia feroz, “como gata panza arriba” de las mafias ante todo intento de hacer que se cumpla con la ley y se rectifique la conducción de la economía. Insistir en el actual esquema representa un crimen contra el bienestar de los venezolanos. Pero tampoco tiene viabilidad ni futuro alguno. Ha perdido apoyo popular, la renta es apenas una fracción de lo que era hace poco, la Fuerza Armada no se sacrificará para sostener lo insostenible, y la anuencia cómplice de gobiernos “amigos” y de una opinión pública internacional sensible a los mitos de la revolución latinoamericana prácticamente se ha desvanecido. Pero obnubilados por el poder casi irrestricto del que gozaban hasta poco, la oligarquía se niega a ceder. No rectifica. Es demasiado lo que está en juego y muy costoso, en lo personal, desprenderse de la impunidad que hoy le depara ese poder mal habido.

Paradójicamente, la habilitación del Decreto de Emergencia les quita toda excusa para echarle la culpa a otros de su fracaso. Deja desnudita la naturaleza expoliadora del “modelo socialista” y su manifiesta incapacidad para satisfacer las necesidades del país. Hace mucho más clara la necesidad de cambiar de gobierno.

 

Humberto García Larralde, economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com