Trino Márquez
Nicolás Maduro, luego de tres
años ejerciendo la Presidencia de la República, se quedó sin pueblo, si es que
alguna vez lo tuvo. La inmensa mayoría de los venezolanos, algo más de 80%, lo
rechazan. Ningún mandatario nacional había caído tan bajo en la aceptación
popular. Si hoy se realizaran las
elecciones presidenciales, perdería hasta con el portero de Miraflores. Ya la
imagen de Hugo Chávez, utilizada por él como talismán, no lo protege. El
divorcio de los venezolanos fue por ruptura traumática, no por convenimiento.
Esa separación
lo dejó aislado, protegido solo por sus escoltas, el Tribunal Supremo de
Justicia y la cúpula militar a la que ha favorecido de forma generosa. El
último regalo que le entregó fue la Compañía Anónima Militar de Industrias
Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio de la Defensa,
negocio concebido para que la casta
militar se quede con los despojos de PDVSA y el Gobierno preserve
algunos activos, en el caso de que la quiebra de la estatal petrolera conduzca
a la confiscación de sus bienes en el exterior.
En
la red de complicidades, la Sala Constitucional (SC) del TSJ juega un papel
crucial. Los regímenes autoritarios posteriores a la Guerra Fría necesitan
maquillar sus arbitrariedades con
dictámenes generalmente elaborados en el marco de una legalidad dudosa. Los
escribas del máximo Tribunal fueron colocados allí por la dupla Maduro-Cabello
para que resguardaran los intereses de la autocracia y bloquearan cualquier
salida constitucional a la crisis. Desde que la oposición decidió activar uno o
varios de los mecanismos contemplados en la Carta del 99 para relevar a Maduro,
el gobernante entró en una espiral frenética, que lo ha llevado a colocar la responsabilidad jurídica de su
permanencia en la jefatura del Estado en los miembros de la SC. Estos señores actúan
como un colectivo judicial, situados al margen y en contra de la Constitución, que
en su artículo 136 ordena que “cada una
de las ramas del Poder Público (…) colaborarán entre sí en la realización de
los fines del Estado”.
En
vez de propiciar la cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo, el TSJ
interviene para darle una cobertura legal a la pelea abierta que el Gobierno
mantiene con el Parlamento. Es el
catalizador de un choque preconcebido para impedir que en el país haya acuerdos
entre el Gobierno y la oposición en los diferentes campos donde se manifiesta
la crisis nacional. La reafirmación de ese adefesio que es el Decreto de
Emergencia Económica confirma la tesis. La estrategia de Maduro, Cabello y el
PSUV se basa en la confrontación. Diosdado lo dijo claramente en el primer
debate del Proyecto de Ley de Amnistía: no habrá ningún tipo de
compromisos con la oposición.
La Ley de
Amnistía con toda seguridad será declarada inconstitucional por el TSJ. Lo
mismo ocurrirá con cualquiera de los procedimientos que apruebe la Asamblea
Nacional para reducir el período de Maduro y sustituirlo por un nuevo
Presidente electo. El objetivo, entonces, tiene que ser superar el escollo que
significa ese cuerpo de magistrados obsecuentes al servicio incondicional del
régimen. Las salidas pacíficas, constitucionales, electorales y democráticas lucen
incompatibles con un tribunal cuyo fin supremo es mantener a la camarilla
gobernante en el poder y preservarse a sí mismo como órgano legal de la
autocracia filocomunista.
Henry Ramos
Allup asomó una fórmula que debe explorarse: aprobar una enmienda en la AN que reduzca
simultáneamente el período del Presidente, los diputados y los miembros del
TSJ. Representa esta una vía democrática para resolver el conflicto entre
poderes que actúan en un ambiente de perpetua rivalidad. Si la soberanía reside
en el pueblo, pues que sea el mismo pueblo el que dirima el impasse. A los
plumíferos de la SC no les resultará
sencillo descalificar la proposición. En ella están implicados todos los
miembros de los poderes en pugna y se apelaría al pueblo para que apruebe o rechace
la enmienda, tal cual lo exige la Constitución.
La crisis
institucional hay que resolverla ya. Venezuela no es Italia donde los
conflictos políticos casi no afectan la vida económica. Aquí, sin estabilidad
institucional no hay bienestar económico.
@trinomarquezc
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