Grupo La Colina

ASAMBLEA NACIONAL: EL FRAUDE DE LA 

CONSTITUYENTE  COMO EXCUSA PARA 

CONSOLIDAR EL GOLPE DE ESTADO
   

Durante un acto realizado el 1° de mayo de 2017, el Gobierno de Venezuela anunció  su   intención de convocar a una “asamblea nacional constituyente ciudadana”. Según   el anuncio, esta asamblea estaría integrada por representantes de diversas “clases”,   como los obreros, comunas, campesinos, líderes comunitarios y miembros de la  “unión cívico-militar”, de conformidad con las bases que el Gobierno aprobará para  su remisión al Consejo Nacional Electoral, cada una de esas “clases” designará  “directamente” entre sus miembros a un representante. La nueva asamblea nacional constituyente así escogída podría asumir todos los poderes del Estado.  En específico, en su anuncio el En específico, en su anunció el Gobierno indicó que la constituyente tendría                       aproximadamente quinientos miembros, la mitad de los cuales serían directamente electos por la base  electos por la base de clases obreras, campesinos y comunas, entre otras. Esto es, mediante una elección solo dentro de los miembros de esas “clases”. El resto de los constituyentes mitad serían designados a nivel territorial o sectorial  .

De acuerdo con estas declaraciones, estamos ante un claro fraude a la Constitución de 1999, que  pretende “simular” un proceso constituyente con base en los artículos  347, 348 y 349 de la Constitución. Así, y en primer lugar, ​no se trata de una asamblea nacional constituyente electa a través derecho al sufragio y del derecho a optar a cargos de elección popular, con base en los artículos 62, 63, 64 y 65 de la Constitución. En efecto, (i) los constituyentes no serán electos en votaciones libres, secretas y universales, sino a través de procesos de elección dentro de las “clases” escogidas por el Gobierno en las bases de la  constituyente. Además, (ii) los venezolanos no podrán libremente optar al cargo de  constituyente, pues su selección se realizará solo dentro de las “clases” escogidas por el Gobierno. 

Además, en segundo lugar, ​la asamblea nacional constituyente fraudulentamente seleccionada, asumiría todas las funciones del Estado, incluso, por sobre la Asamblea Nacional. Como sea que esta “constituyente” sería designada solo entre miembros de las “clases” o “consejos”, el Gobierno lograría su control y con él, formalmente,  el control de todos los poderes. En tercer lugar, ​este proceso constituyente no responde a elecciones.
​Solo hay elecciones, de acuerdo con diversos Tratados Internacionales y la propia Constitución, si todos los electores libremente pueden votar por cualquier otro elector, en condiciones que garanticen la integridad del proceso. Todas esas condiciones están ausentes en el  anuncio formulado el 1° de mayo, pues la “constituyente” solo sería una extensión de los consejos y asambleas que ya controla el Gobierno. Lejos de restablecer el orden democrático y constitucional, el anuncio del Gobierno venezolano del 1° de mayo de 2017 consolida el golpe de Estado, el secuestro del voto popular y, en suma, la derogatoria de facto de la Constitución.   

Nosotros pedimos convocar al pueblo para que vote y decida de forma directa. Que de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se restituya de manera inmediata el ejercicio del derecho al voto libre en nuestro país,  con un Consejo Nacional Electoral imparcial apegado a la ley, con la participación de  los líderes políticos que están presos o inhabilitados y con observadores  internacionales que garanticen la legitimidad y legalidad de los resultados.     Que por ser Nicolás Maduro el responsable de la ruptura del orden constitucional y del secuestro del derecho de los Venezolanos de realizar el Referendo Revocatorio en  2016, se activen los distintos mecanismos que permite la Constitución la celebración de una elección presidencial anticipada este mismo año 2017.     Que se fije de manera inmediata un cronograma electoral integral que también  garantice la celebración en 2017 de las elecciones de Gobernadores y Diputados  Estadales que correspondían en diciembre de 2016, y las de Alcaldes y Concejales que       corresponden en diciembre de este año.  La solución está en el voto del pueblo.